En tan sólo una semana, las tomas de las escuelas en la Ciudad de Buenos Aires ascendieron de 14 a 27. La jueza en lo Contencioso Administrativo Elena Liberatori anuló el protocolo del Ministerio de Educación de la Ciudad, que obligaba a los directores a denunciar penalmente a los estudiantes que tomen las escuelas. El instructivo había sido creado por Esteban Bullrich y ya fue declarado inconstitucional en 2010, por lo que, para la magistrada, este “a todas luces configura un hecho más grave que el anterior”.
La jueza en lo Contencioso Administrativo Elena Liberatori accedió a una cautelar presentada por el Ministerio Público Tutelar ante las ordenanzas impartidas por la cartera educativa a los titulares de colegios. Volvió a declarar al documento “nulo de nulidad absoluta” y le dedicó enérgicas críticas a la ministra Soledad Acuña por una larga serie de irregularidades en el fallo.
La asesora tutelar de primera instancia Mabel López Oliva y el de segunda instancia Gustavo Moreno promovieron el recurso de amparo luego de tomar conocimiento de los correos electrónicos liberados desde una dependencia del ministerio a las autoridades de las secundarias. Allí se repartió un “Instructivo sobre Forma de Proceder en Casos de Toma de Establecimientos Educativos”.
Liberatori suspendió el instructivo y marcó que ya había sido declarado judicialmente “nulo de nulidad absoluta e insanable” en 2008, 2010 y ratificado por la Cámara en 2012, por lo que “a todas luces configura una nueva vía de hecho administrativa más grave que la anterior”. Además, ilustró que los espacios públicos no son susceptibles de usurpación, contrario a lo que reza en el protocolo.
Amnistía Internacional se manifestó en contra del protocolo y cuestionó que el “Instructivo” ordene a los responsables de los establecimientos educativos dar participación a la policía ante las protestas. “Preocupa que la respuesta ofrecida por el Estado frente a reclamos educativos sea la intervención de las fuerzas de seguridad”, señaló Amnistía, que expresó su preocupación por la calificación como “delitos o contravenciones” las tomas de colegios, hecho que representa una “criminalización del derecho de participación de los estudiantes”.
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