El gobierno de la provincia de Buenos Aires vetó parcialmente la ley 14.967 de honorarios de los abogados al excluir, mediante el decreto 522, dos párrafos del artículo 18 y el artículo 61 de la norma porque sería una "manifiesta violación" al principio de razonabilidad reconocido por el artículo 28 de la Constitución Nacional. 

 

La modificación fue publicada el jueves pasado en el Boletín Oficial con la promulgación de la ley. Lo estipulado por el gobierno de María Eugenia Vidal, también veta el artículo 61 en su totalidad, “se aplicarán a todos los procesos en que, al tiempo de su promulgación no exista resolución firme regulando honorarios”.

 

También aclara que las situaciones profesionales entre los que trabajan del Estado y los independientes son distintas, y explica que se halla sometido a otros avatares y sin los auxilios y relevamientos de responsabilidad que tienen los profesionales que actúan representando al Estado”.

 

 

La norma establece que será "nulo todo pacto o convenio que tienda a reducir las proporciones establecidas en el arancel fijado por la nueva norma, así como toda renuncia anticipada total o parcial de los honorarios".

 

La ley determina que el "Ius", que es la unidad de honorario profesional, será del 1% del sueldo que percibe un juez de primera instancia por todo concepto y con 12 años de antigüedad, con lo que modificó la forma del cálculo actual.