La fiscalía pidió perpetua para el ex teniente Eduardo Alfonso y el entonces capitán Rafael López Fader, dos ex militares de inteligencia, por ser considerados coautores de homicidios, privaciones ilegítimas de la libertad, aplicación de tormentos y otros delitos, en el marco de dos causas que arribaron unificadas a debate y que tuvieron como víctimas a la familia García-Recchia y al ex diputado Diego Muniz Barreto, respectivamente, en el centro de detención Campo de Mayo. 

 

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de San Martín recibió los pedidos de perpetua del fiscal general Marcelo García Berro y el fiscal ad hoc Guillermo Silva. Fader fue acusado de ser coautor de los delitos que tuvieron como víctimas al ex diputado Diego Muniz Barreto y a su colaborador Juan José Fernández. En efecto, el fiscal lo acusó por la privación ilegal de la libertad cometida por abuso funcional agravada por el empleo de violencia y amenazas en los dos casos; la imposición de tormentos agravados por tratarse de perseguidos políticos; el homicidio agravado por alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas de Muniz Barreto y la tentativa de homicidio con las mismas agravantes respecto de Fernández.

 

Por su parte, Alfonso fue acusado de ser el coautor del homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas de Antonio García y el de su pareja, Beatriz Recchia -antes de su asesinato, dio a luz a una niña que fue apropiada-, agravado además por haberse cometido con alevosía; la privación ilegítima de la libertad cometida por abuso funcional agravada por el uso de violencia y amenazas contra Recchia y su hija, Juliana Inés García, de tres años de edad al momento de los hechos; por la imposición de tormentos a Recchia, agravada por haber sido infringidos por un funcionario público en perjuicio de una víctima perseguida politica; y por allanamiento ilegal de morada.

 

Al terminar los alegatos, los fiscales pidieron que se extrajeran testimonios para seguir investigando a López Fader y al condenado ex militar de la misma repartición que el acusado, Martín Rodríguez, "en otras conductas delictivas de lesa humanidad cometidas" bajo la órbita de actuación de la inteligencia castrense.

 

"Los casos de este juicio tienen la particularidad de que ya fueron juzgados y probados, determinándose en las sentencias anteriores que son delitos de lesa humanidad cometidos dentro del plan criminal y sistemático desplegado con el alegado propósito de combatir la subversión", señalaron los fiscales.

 

Los fiscales describieron entonces "cuáles eran las modalidades criminales del plan, cuáles eran las áreas del ejército involucradas directamente y quiénes eran los encargados de llevar a cabo dicho plan" represivo y concluyeron que en los hechos arribados a esta etapa "se advierte la realización de todas y cada una de las acciones programadas" del modo en que fueron descriptas en la sentencia del juicio a las junta militares de 1985.