La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires sancionó la adhesión a la ley nacional 27.351, sancionada en abril pasado, que garantiza el acceso gratuito al suministro eléctrico a las personas que dependan de la electricidad para poder vivir.

 

La ley nacional garantiza el derecho de los pacientes electro dependientes para pedir también grupo electrógeno propio y a las prestatarias del servicio de energía que se hagan cargo de los costos. La norma establece que “el titular del servicio o uno de sus convivientes que se encuentre registrado como electrodependiente por cuestiones de salud gozará de un tratamiento tarifario especial gratuito en el servicio público de provisión de energía eléctrica que se encuentre bajo jurisdicción nacional”.

 

 

Se denomina como “electrodependientes por cuestiones de salud a aquellas personas que requieran de un suministro eléctrico constante y en niveles de tensión adecuados para poder alimentar el equipamiento médico prescrito por un médico matriculado y que resulte necesario para evitar riesgos en su vida o su salud”.

 

El proyecto de adhesión ya cuenta con la aprobación del Senado bonaerense, por lo que la ley consagrada obliga a las empresas encargadas de aportar el fluido eléctrico, tales como Edelap, Edea, Edes y a las cooperativas que en algunos distritos se encargan de la provisión del servicio, a suministrar gratuitamente la energía a los más de 300 electro-dependientes que hay en la provincia.

 

La ley obliga a las empresas prestatarias del servicio eléctrico a entregar a quienes estén inscriptos como electrodependientes “un grupo electrógeno o el equipamiento adecuado, sin cargo incluyendo los costos de funcionamiento asociados, capaz de brindar la energía eléctrica necesaria para satisfacer sus necesidades conforme los preceptos establecidos en el artículo 1° de la presente ley”.

 

Reconocimiento a la actividad de los psicomotricistas

 

Ayer también se convirtió en ley en la provincia de Buenos Aires, un proyecto que reconoce la actividad de los profesionales psicomotricistas. La iniciativa fue impulsada por el diputado Juan Debandi, que aseguró: “Reivindico a la UNTREF (Universidad de Tres de Febrero) y a la carrera de Psicomotricidad para que tenga el rango de incumbencia que merece. Muchas camadas de alumnos esperaban la regulación para el ejercicio profesional de la disciplina”.