Esta semana, la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), a cargo del fiscal Blas Matías Michienzi, clausuró un lavadero ilegal de vehículos en la calle México al 3000, en el barrio de Balvanera.

 

La investigación comprobó que el lavadero funcionaba pese a tener clausuras administrativas y judiciales previas. El lavadero volcaba sustancias en forma directa al conducto cloacal sin contar con la debida autorización, infringiendo los artículos 54 y 74 del Código Contravencional.

 

Artículo 54 - Colocar o arrojar sustancias insalubres o cosas dañinas en lugares públicos -. La sanción se eleva al doble cuando la conducta se realiza en espacios donde concurren niños/as. Quien coloca o arroja sustancias insalubres o cosas capaces de producir un daño, en lugares públicos o privados de acceso público, es sancionado con multa de seiscientos ($ 600) a quince mil ($ 15.000) pesos o tres (3) a treinta (30) días de arresto. Idéntica sanción de multa le corresponde a las personas de existencia ideal cuando la acción se realiza en nombre, al amparo, en beneficio o con autorización de las mismas. Admite culpa.

 

Artículo 74. Violar Clausura. Quien viola una clausura impuesta por autoridad judicial o administrativa, o incumple una sanción sustitutiva o accesoria impuesta por infracción al régimen de faltas por sentencia firme de autoridad judicial es sancionado/a con cinco mil ($5.000) a sesenta mil ($60.000) pesos de multa o arresto de cinco (5) a veinte (20) días.

 

El fiscal Michienzi comenzó la investigación a raíz de una denuncia efectuada por la Asesoría en Materia Ambiental de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, a partir de una  acción de vecinos del lugar debido al  funcionamiento irregular del lavadero.

 

Para llevar adelante el procedimiento, Michienzi convocó a la División Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina, quienes prestaron colaboración técnica al personal de la División Exposiciones de la Policía de la Ciudad, y de la labor conjunta se constató que el lavadero continuaba funcionando a pesar de las clausuras. Inmediatamente, el fiscal Michienzi ordenó la clausura judicial del lavadero y el secuestro inmediato de toda la maquinaria y documentación relevante para la investigación.

 

Frente a las flagrantes contravenciones realizadas por el establecimiento, que volcaba sustancias en forma directa al conducto cloacal sin contar con la debida autorización, el fiscal Michienzi imputó a la empresa responsable a través del socio gerente que se encontraba en el lugar el día de la clausura el martes pasado. Asimismo, se dispuso el secuestro efectivo de las maquinas utilizadas conjuntamente con lo recaudado en forma ilegal y los tickets de servicios realizados mientras se violaban las clausuras.

 

Los elementos incautados fueron trasladados a un depósito del GCBA por personal de la Dirección General de Fiscalización del Espacio Público, mientras que las soldaduras de los accesos quedaron en poder de la Dirección General de Emergencias y Guardia de Auxilio de la Ciudad, que también participó del procedimiento.

 

“A primera hora se comunicaron desde la Defensoría del Pueblo poniendo en conocimiento de la situación irregular del establecimiento, como así también de la afectación directa a los vecinos, habiéndose comprobado fehacientemente las irregularidades gracias a la labor mancomunada de ambas policías y las áreas gubernamentales”, manifestó el fiscal Michienzi.