El Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Ciudad Reynosa, Tamaulipas, en el país azteca, estableció que se debe “reponer el procedimiento” de la investigación debido a “que hay indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones” de quienes presentaron los recursos de amparo fueron “obtenidas por medio de tortura“, entre otras irregularidades.
La investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes en 2014 en México “no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial”, señala el fallo emitido por la Corte federal hoy 5 de junio de 2018. Debe establecerse una Comisión de la Verdad y la Justicia a modo de “procedimiento alternativo”. Organismos internacionales, entre ellos la ONU, ya habían denunciado este tipo de anomalías en el desarrollo de la investigación.
La corte señala que la investigación por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) fue parcial, ya que “en general estuvo dirigida a practicar y poner solo énfasis en aquellas pruebas que pudieran apoyar una versión de los hechos” y, por tanto, “se dejaron de explorar otras líneas de investigación”. Por lo tanto, la comisión sería una manera de que “el asunto sea conducido bajo una nueva óptica y etapa”.
Para el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que actúa en defensa de los familiares de los jóvenes desaparecidos, se trata de un fallo histórico: “La acusación de la PGR es insostenible y toda la investigación debe ser revisada de manera autónoma e imparcial”, señalaron en un comunicado.
MÉXICO, D.F., 26ABRIL2015.- Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa realizaron una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino a siete meses de su desaparición. Con un + 43 gigante que se instaló en el camellón de Bucareli y Reforma, los padres demandaron su regreso con vida y he invitaron a detener las elecciones en Guerrero. FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM
Según el fallo, la comisión deberá “quedar conformada en un plazo no mayor a diez días naturales” y estaría compuesta por representantes de las víctimas, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por oficiales ministeriales federales.
Los dos primeros, según el anuncio del Consejo de la Judicatura, determinarán las líneas de investigación a seguirse y podrán invitar a organizaciones “tanto nacionales como internacionales de derechos humanos” a participar.
Tras la conmoción del fallo en México, la PGR, una especia de fiscalía especializada en el país azteca, respondió que no “comparte el criterio de los magistrados”. Por medio de un comunicado, la procuraduría indica que el tribunal colegiado “desconoce la división de poderes” y las facultades que corresponden a los oficiales ministeriales públicos.
El caso por la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa —en el estado de Guerrero—, el 26 de septiembre de 2014, sacudió a todo el país y recorrió los medios del mundo. Los jóvenes habían tomado una serie de autobuses para viajar a Iguala con planes de ir hasta Ciudad de México para la marcha anual del 2 de octubre, cuando se conmemora la matanza de estudiantes en la plaza de Tlatelolco de 1968.
Fuente: NyT en español
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