Una decisión judicial del juzgado porteño que encabeza el juez Francisco Ferrer complicó al Gobierno porteño en la concesión del estacionamiento medido a los barrios de la Ciudad y en la renovación del servicio de grúas que ya está vencido, según los amparistas. Fallo completo al final...
En un fallo reciente la Justicia considera inconstitucional artículos de la ley que disponía licitar nuevamente el Sistema de Estacionamiento Regulado, que incluye el servicio de acarreo y dispuso un plazo para el nuevo contrato.
La medida judicial responde a un amparo que cuestionó la Ley 5728 que, entre otros puntos, aprobaba el llamado a licitación por diez años del Sistema de Estacionamiento Regulado que en la actualidad funcionaba desde 2001 con prórrogas en la concesión. Además, la norma establece dividir la totalidad de la Ciudad en cinco zonas para otorgar a cinco empresas distintas las concesiones.
Para el juez Ferrer, en sintonía con la Constitución porteña, la ley debió aprobarse con mayoría de dos tercios (40 votos) por tratarse de un contrato por más de cinco años y también debía pasar por audiencia pública como ocurre con las normas que requieren mayoría especial.
En los fundamentos del fallo se señaló que "estas leyes toda vez que disponen sobre bienes inmuebles de la Ciudad, a la vez que establecen concesiones y constituyen derechos sobre el dominio público de la Ciudad, por un plazo que supera los cinco años, debieron haber contado, para su sanción, con la mayoría agravada consagrada en el artículo 82, inciso 5° de la CCABA (40 votos)".
De acuerdo con la norma, en una cláusula transitoria se impuso que "el Poder Ejecutivo deberá proceder a brindar el servicio público por sí, garantizando al personal de las actuales concesionarias del servicio estabilidad laboral", si en 18 meses no renovaba las concesiones, plazo que terminó hace unos diez días.
La ley en cuestión se sancionó en diciembre de 2016 con 33 votos (del PRO y la Coalición Cívica). El juez Ferrer hizo lugar al amparo que encabezó el abogado Gustavo Desplats y declaró inconstitucional artículos de la norma y con esa resolución el Gobierno porteño no podría adjudicar la licitación, aunque apelará el fallo que llegará a la cámara contenciosa del fuero local.
Actualmente el contrato de concesión de acarreo de vehículos y estacionamiento medido sigue a cargo de las empresas STO (Dakota S.A) y SEC (BRD S.A.C.I.F.I) que se dividen en dos zonas de la Ciudad.
La extensión de los parquímetros a los barrios abarca a casi todas las comunas porteñas, lo que significa que los espacios pagos para estacionar aumentarían de 4 mil a 85 mil, abarcando el 23% de los lugares con posibilidades de estacionar en la Ciudad de Buenos Aires.
Según detalla la ONG Observatorio del Derecho que litiga contra el GCBA, las empresas pagan un canon de $55 mil cada una y efectúan entre 10 mil y 14 mil acarreos mensuales por empresa, lo cual significa que recaudan "entre $7,5 millones y $10,5 millones".
En tanto, el contrato de concesión del acarreo de autos y el estacionamiento medido está vencido desde el año 2001 y fue prorrogado en varias oportunidades Las empresas que operan las grúas son STO (Dakota S.A) y SEC (BRD S.A.C.I.F.I), que pagan un canon de $100 mil entre ambas.
Según LPO, la licitación de las terminales multiservicio que funcionarán como parquímetro están en la etapa de pre adjudicación mientras que para el acarreo aún no se abrieron los sobres.
La ley preveía que si 18 meses después de sancionada la normativa no estaban resueltas las licitaciones el Estado debía tomar a su cargo el servicio. Ese plazo venció hace dos semanas pero en el gobierno argumentan que mientras estaba vigente la cautelar el plazo no corrió y todavía están a tiempo de concesionar el estacionamiento.
cedula (55)
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