El abogado Alejandro Fargosi presentó hoy en Comodoro Py una denuncia con los magistrados que han intervenido en la tramitación de la causa CPE 33008830/1997/8/1/CFC2 caratulada “MENEM, CARLOS SAÚL Y OTROS S/RECURSO DE CASACIÓN”. Cargó con Liliana Catucci y Eduardo Rafael Riggi tras la sentencia absolutoria dictada por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal de fecha 4 de octubre. Esta sala, también es integrada por el juez Carlos Mahiques, quien llegó este año al cargo. La Corte Suprema deberá decidir si acepta o no la apelación de la absolución por parte de la querella.
“Esta denuncia debe encuadrarse en la causal de mal desempeño en sus funciones (conf. arts. 53 CN y 25 incs. 1, 2, 3, y 4, ley 24.397), siendo materialmente imposible individualizar en esta etapa a los responsables, habida cuenta de las mas de dos décadas transcurridas desde el inicio de esas actuaciones”, menciona la denuncia a la que accedió Tiempo Judicial.
La Cámara Federal de Casación Penal absolvió al semana pasada al ex presidente Carlos Menem, en el marco de la causa por tráfico de armas a Ecuador y a Croacia, cuando esos países estaban en guerra. Consideró que no se cumplió el "principio del plazo razonable'' para arribar a una condena firme.
El abogado denunciante, Alejandro Fargosi.
El tribunal, integrado por Liliana Catucci, Carlos Mahiques y Eduardo Riggi, decidió -en base al expediente que se inició en 1995, y tras 23 años de recorrido judicial- que el senador fuera condenado a siete años de prisión, pero ahora fue absuelto.
La Cámara falló a favor de los acusados y el fallo ahora podrá estar sujeto a revisión por parte de la Corte Suprema de Justicia, si el fiscal apela. El 7 de noviembre de 2011 el Tribunal Oral Federal número 3 absolvió a los acusados, entre ellos, Menem; pero, dos años más tarde, la Cámara Federal de Casación, con otra integración a la actual, anuló esa decisión. Así, el Tribunal número 3 fijó las penas y, en ese marco, el senador de La Rioja recibió siete años y medio de prisión, algo que luego apeló.
Fargosi, en su denuncia, explicó que "es inconcebible que todo el proceso, desde la denuncia, haya durado 23 años, que la instrucción haya demorado más de siete años, que la instrucción suplementaria se extendiese por otros ocho años; que la citación a juicio de Fusari sea del 28 de febrero de 2002 y las de González de la Vega, del 23 de diciembre de 1999, 6 de junio de 2001 y 14 de marzo de 2001, en tanto el debate comenzó el 16 de octubre de 2008 y finalizó el 13 de septiembre de 2011".
Liliana Catucci.
Y que "como dice el voto de la Dra. Catucci, se haya “dejado de actuar sobre delitos de estricta competencia federal, tales como falsedad documental, malversación de caudales públicos, cohecho, incumplimiento de los deberes de funcionario público, encubrimiento y enriquecimiento ilícito…”.
En la sentencia, los jueces ahora denunciados, Riggi y Catucci entendieron que hubo un "exceso temporal'' para resolver las condenas de los acusados. En su voto, Catucci consideró que no existió delito de contrabando en el hecho, sumado a que están vencidos los plazos; al tiempo que Riggi sólo habla del exceso de tiempo para juzgar. Por su parte, el tercer juez, Mahiques, votó por condenar a todos, salvo a Menem y a Jorge Antonio Cornejo Torino, quien fuera director de Fabricaciones Militares.
Por su parte, la diputada nacional por la Coalición Cívica, Elisa Carrió, afirmó que el fallo que absolvió a Menem en dicha causa "demuestra la visceral impunidad que hiere gravemente la República''. "La política y la Justicia impidieron una condena en plazos cortos. Hoy la misma política y la misma Justicia impidieron el cumplimiento de la condena'', aseveró la diputada.
Cabe destacar, como Menem es funcionario desde 1995, hasta la fecha no se puede aplicar la prescripción de la causa por el vencimiento del derecho del Estado a perseguirlo judicialmente. Y es que, cuando hay un funcionario en un caso judicial, no se puede aplicar la prescripción.
Origen de la causa
La causa por el tráfico de armas se inició, precisamente, en 1995. Durante su primer mandato, Menem firmó tres decretos presidenciales secretos -entre 1991 y 1994- para venderle armas a Panamá y Venezuela. Fueron 6.500 kilos de armamento que, en realidad, tuvieron como destino final Croacia y Ecuador, dos países sobre los que regía un embargo de venta de armas por parte de la Organización de Naciones Unidas (ONU), porque estaban en conflicto bélico.
En 2008 comenzó el juicio, y tres años después Menem y otros 17 acusados, entre ellos, su cuñado y asesor Emir Yoma y el ex ministro de Defensa, Oscar Camilión, fueron absueltos por el Tribunal Oral en lo Penal Económico 3. Pero en marzo de 2013 la Cámara de Casación revocó esa decisión y condenó a 11 personas por el delito de contrabando agravado.
En junio de 2013 Menem fue condenado a siete años de cárcel; catorce de inhabilitación para ejercer cargos públicos; tres para ejercer el comercio, y perpetua para ser miembro de fuerzas de seguridad. A los 88 años, y con sus fueros indemnes como senador, el ex jefe del Estado mantiene otra condena que sigue sin estar firme por el pago de sobresueldos, y dos juicios orales en proceso -uno por el encubrimiento en la causa AMIA y otro por la venta del predio de la Rural-.
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