La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires expresó su preocupación ante la sucesión por los casos de abuso sexual en territorio bonaerense. El defensor adjunto, Walter Martello, expresó que “este tipo de delitos que afectan derechos básicos y elementales de niñas, niños y adolescentes” (NNyA).
Según los datos que forman parte del Registro Penal de Violencia Familiar y de Género (Revifag), dependiente de la Procuración General de la Provincia, entre 2015 y 2017 se triplicaron las denuncias por abuso sexual (pasaron de 1.110 a 4.583), las cuales representan el 3,3% del total de delitos que aparecen en el mencionado Registro.
El abuso sexual es una forma de violencia previsto en el Código Civil y Comercial de la Nación, que en su artículo 647 prohíbe específicamente cualquier tipo de malos tratos o hechos que lesionen o menoscaben física o psíquicamente a los NNyA por parte de quien tenga a su cargo la responsabilidad parental. El abuso sexual, además, es un delito sancionado penalmente por el Código Penal de la Nación en su Título III “Delitos contra la integridad sexual” (artículos 118 a 133).
A su vez, al analizar la cantidad de Instrucciones Penales Preparatorias (IPP), que se iniciaron en el Fuero Criminal y Correccional, también surge un importante incremento. Concretamente, la cantidad de IPP subió 16% entre 2015 y 2017 en lo que se refiere al delito de abuso sexual con acceso carnal. En tanto, el aumento fue del 19,4% teniendo en cuenta el resto de los delitos contra la integridad sexual. De esta forma, mientras que en 2015 el total de delitos sexuales representaban el 1,53% de la suma de todas las IPP en la Provincia, en 2017 tuvieron una incidencia mayor: 1,71%.
Martello informó que desde hace tres años se viene registrando un constante aumento tanto en las denuncias como en el número de casos por abuso sexual. Por ello, desde la Defensoría del Pueblo bonaerense pidieron que se refuercen los programas de prevención.
“Por un lado, la mayor cantidad de denuncias puede ser producto de una mayor visibilización de un flagelo que durante décadas se intentó mantener oculto. Pero también es una muestra que desde el Estado, en todos los niveles, se está llegando tarde en lo que se refiere a la prevención”, explicó Martello, quien está a cargo del Observatorio de Derechos de NNyA de la Defensoría bonaerense.
El abuso sexual contra los NNyA es una de las peores formas de violencia. Las víctimas sufren un daño irreparable a su integridad física, psíquica y moral. Se daña su derecho a la integridad, la intimidad, la privacidad y, principalmente, se vulnera el derecho a no ser expuesto a ningún tipo de violencia, abuso, explotación o malos tratos. Estos derechos se encuentran protegidos, entre otras normas, por la Convención sobre los Derechos del Niño (a nivel internacional) y la Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes.
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