La Legislatura porteña reformó el Código de Contravenciones. Prohibió la actividad de “cuidacoches y limpiavidrios”. Además, determinó el castigo con arresto cuando se compruebe la existencia de una mafia detrás de la práctica.
A partir de la modificación que se sancionó esta tarde en la última sesión, el simple hecho de ofrecerse para cuidar el auto en la calle será pasible de sanción. Sólo podrán hacerlo aquellos que cuenten con la “tarjeta azul” que otorga la Ciudad a discapacitados, jubilados y otros, a quienes sí autoriza a cuidar autos en algunos lugares.
La sanción económica sería de entre $ 892,5 y $ 5.355, menores que las que se habían planteado en el proyecto original. De todas formas, podrían encarecerse, porque se establecen en Unidades Fijas cuyo valor se actualiza semestralmente de acuerdo al precio de la nafta.
Daniel Presti (VJ), presidente de la comisión de Justicia y miembro informante en el recinto, explicó el contenido del despacho de mayoría y destacó que durante seis meses y once reuniones de discusión y análisis se escucharon las posturas de todos los sectores de la sociedad, alcanzados directa o indirectamente por la normativa, lo que permitió enriquecer un proyecto de ley que inicialmente fue de la Jefatura de Gobierno.
Por su parte, Roy Cortina (PS), se atribuyó en el recinto la autoría del texto definitivamente votado, en los artículos referidos a "trapitos cuidacoches", y sostuvo que "la solución no es criminalizar la pobreza. La persona que busca ingresos para vivir tiene que ser vinculada a programas sociales y el poder punitivo del Estado debe concentrarse en terminar con las mafias", argumentó el legislador socialista.
Tras la sesión, en declaraciones periodísticas, el presidente del cuerpo, Diego Santilli, ponderó la labor de Cortina, cuyo proyecto fue utilizado como base de debate en la parte inherente a los cuidacoches, incorporando la consideración de los problemas sociales que pudieran afectar a los infractores.
También el radical Leandro Halperín (Ev) propuso en el recinto y logró la inclusión de un articulo que estipula la inimputabilidad de los contraventores que hayan actuado como consecuencia de un estado de necesidad. El PS votó en contra del proyecto en general pero a favor ,en particular, de los artículos sobre cuidacoches y limpiavidrios, mientras que el bloque Evolución adhirió en general. Diputados originarios de la Coalición Cívica, que integran la bancada VJ, votaron favorablemente en general y en forma negativa de cuatro artículos (los inherentes a "trapitos" y el que habilita la intervención policial en casos de contravenciones flagrantes), como explicó el diputado Maximiliano Ferraro (VJ).
Santilli, quien además de presidir el tramo de la sesión ordinaria en la que se trató el tema es vicejefe de Gobierno y está a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad de la CABA, declaró: "A partir de ahora los vecinos tienen una legislación que los protege de las mafias que operar en el espacio público y que combatimos desde el Estado, ahora con leyes más justas".
Temas aprobados
En la última sesión del año, se aprobóla asistencia letrada gratuita y la restitución del patrimonio dañado así como subsidios para menores afectador por la violencia intrafamiliar. Fue sancionada la ley que establece la protección de las personas que hubieran sido víctimas o testigos de delito, de autoría del diputado Sergio Abrevaya (Gen) y con tratamiento previo en la Comisión de Justicia, que preside Daniel Presti (VJ).
Los principios rectores que modifican la legislación actual se basan en “la eficiencia de los medios para la mejor protección de la persona que hubiera sido víctima o testigo de delito; la no revictimización evitando menoscabar la intimidad de las personas que hubieran sido víctimas o testigos de delitos; el enfoque diferencial, adecuando las medidas a las condiciones particulares de cada caso; la primordial utilización de medios tecnológicos para cumplir con la manda de protección, extremo que coadyuvará también a evitar que las medidas generen mayores afectaciones a la intimidad y a la vida cotidiana de la persona que hubiera sido víctima o testigo de delito, y la equidad en el uso de los recursos a los fines de propender a la mejor calidad, eficiencia y eficacia en la prestación del servicio público de seguridad en la Ciudad”, como han establecido sus considerandos.
Las víctimas pueden reclamar celeridad para que se reciban sus renuncias y que se le restituya parte de su patrimonio dañado.
También se estableció que no haya revictimización, entendiendo que la víctima de delito no será tratada como responsable del hecho sufrido y las molestias que le ocasione el proceso penal se limitarán a las estrictamente imprescindibles.
Se contempló que será gratuito que un abogado patrocine a la víctima “cuando se tratare de un delito contra la vida, la libertad o la integridad sexual, o tuviere por resultado la muerte del ofendido”. La ley fue aprobada con 46 votos positivos, 8 negativos de UC y 5 abstenciones de bloques de izquierda.
El vice jefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, encabezó la sesión.
Régimen de Reparación Económica para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes
La nueva norma estableció que los menores de 21 años recibirán una subvención monetaria para cuando su progenitor haya matado a su madre, cuando ambos progenitores hayan muerto a causa de violencia intrafamiliar o de género o cuando luego de un femicidio, el niño quede desamparado ya que el progenitor no ejerza la responsabilidad paternal.
La norma, al modificar el artículo 1 de la ley 5861 de 2017, amplía sus alcances a favor de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Fue iniciativa de los diputados Marcelo Depierro (MC), Roy Cortina, Hernán Arce (PS), Andrea Conde (UC) y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad.
Jura de consejeros de la Magistratura
En el comienzo de la sesión de hoy se realizó la jura de los miembros del Consejo de la Magistratura en representación del estamento de los abogados: Anabella Hers Cabral, Alberto Maques y Raúl Mariano Alfonsín.
Por otro lado, también se realizó la jura de los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento por el estamento de los Abogados: Juan Manuel Álvarez Echague, Guillermo Borda, Rubén Niño, Roxana Kahale, Liliana Paniagua, Gonzalo Raposo y Paula Colombo.
Prohibición de cobro de certificados en escuelas privadas
La nueva norma ha establecido prohibir “a las instituciones educativas de gestión privada el cobro a sus estudiantes por la emisión y/o gestión de certificados de estudios (título, certificado analítico, analítico parcial); constancia de estudios (pases, constancias de regularidad) y copias de programas de asignaturas efectivamente cursadas y aprobadas”, como puntualiza el artículo 2. La autora fue la diputada Natalia Fidel (VJ).
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