Si esto es la Justicia, avísenle a los magistrados platenses que renuncien porque es insólita la resolución que tomaron en el juicio que se llevó a cabo por las trágica tormenta que azotó la ciudad de La Plata en 2014 y dejó al menos 89 víctimas fatales, daños por 800 millones de pesos y cientos de damnificados por las inundaciones que se llevaron todo. Sin ningún responsable político llevado a juicio, ni el intendente Bruera ni el gobernador Scioli.
En un juicio abreviado, a 6 años de las trágicas inundaciones que invadieron a la capital de la provincia de Buenos Aires, el único procesado en el juicio oral y público, Sergio Ariel Lezana, el quien era ex director de Defensa Civil de La Plata en la gestión de Pablo Bruera confesó su delito ante la Justicia. Ayer fue condenado a pagar una multa de 12.500 pesos y una inhabilitación para ejercer cargos públicos por un año.
Lezana fue condenado por el delito de "violación de los deberes a su cargo como funcionario público" durante la primera audiencia del juicio que se realizó ayer en La Plata y que concluyó en el mismo día debido a que el imputado confesó el delito que le imputó la fiscalía y pidió que se aplique la figura del "juicio abreviado".
"Reconozco que en mi calidad de funcionario en algún momento no pude cumplir con mi función", le dijo Lezana a la jueza correccional 4 de La Plata, Marcela Greco, cuando lo consultó si admitía el delito y consentía el pedido de pena máxima que le pidió el fiscal Jorge Paolini.
El juicio abreviado, regulado en el Código de Procedimiento Penal de la provincia de Buenos Aires, está previsto para delitos con penas menores a 15 años de prisión o una pena no privativa de la libertad, y requiere del acuerdo del fiscal, el imputado y su abogado defensor.
Lezana es el primer funcionario en ser sometido a un juicio oral y público por la trágica inundación ocurrida el 2 de abril en La Plata e iba a ser juzgado conjuntamente con el jefe de Defensa Civil de la provincia, Miguel Angel Di Lorenzo, quien falleció meses atrás.
Las querellas representadas por algunos damnificados por la inundación solicitaron la recusación del fiscal Jorge Paolini por entender que la acusación "debía ser por el delito de estrago" que prevé penas mayores.
Así lo planteó el abogado Horacio González Amaya, defensor de uno de los damnificados, quien acusó a Paolini de haber actuado con manifiesta "arbitrariedad" ya que no investigó a los principales funcionarios como el intendente de La Plata, Pablo Bruera, que gobernó la ciudad entre 2007 y 2015, entre otros funcionarios del municipio o provinciales.
El argumento del fiscal que investigó la causa
Paolini, que instruyó la causa cuando era jefe de la UFI de Delitos Complejos de La Plata, manifestó que en la elevación a juicio la principal causa de la inundación fue la lluvia extraordinaria caída entre el 2 y el 3 de abril de 2013 -que acumuló 392 milímetros en 24 horas.
Luego reveló las fallas en el sistema de alerta del Servicio Meteorológico y en la actuación de Defensa Civil y reconoció que hubo "desorganización" durante el temporal. Paolini aseguró que Defensa Civil "omitió publicitar un mapa de riesgo, las medidas que podrían haberse adoptado ante esa contingencia" y dijo que no era la primera inundación que afectaba a La Plata.
Además, consideró que "el 90% de las personas evacuadas lo hicieron por sus propios medios o con ayuda de terceros por lo que la ayuda y colaboración del Estado estuvo muy lejos de lo que las circunstancias exigían".
El fiscal fue increpado y debió enfrentar en varios tramos de la audiencia los pedidos de integrantes de las asambleas de inundados que le reprocharon que no siguió la investigación contra los ministros de salud, Alejandro Collia y de Justicia, Ricardo Casal, y Bruera, entre otros.
"No formulé imputación contra ellos. Pero no archivé la causa", contestó en alusión a la causa que sigue bajo investigación en la justicia penal.
Entre el 2 y 3 de abril, una torrencial lluvia cayó sobre la ciudad de La Plata, Berisso y Ensenada, y según datos estadísticos, el 80% de los platenses fueron afectados. Según un estudio de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) en tres horas cayeron 300 milímetros de agua, lo que provocó la inundación de unas 3.500 hectáreas en zona urbana y periurbana. La Agencia Platense de Recaudación y la Secretaría de Gestión Pública Municipal calcularon que los daños superaron los 800 millones de dólares.
Testigos clave que no declararon. ¿Por qué?
Entre los testigos que iban prestar declaración durante el único día de juicio y que finalmente no debieron hacerlo se encontraban el ingeniero Pablo Romanazzi, autor de un libro sobre las inundaciones; la científica Nora Sabbione; y los ex delegados municipales de Villa Elvira, Los Hornos, Ringuelet, San Carlos y Melchor Romero.
Romanazzi en su libro, que estuvo dentro de la evidencia analizada por los magistrados en la causa, cuestionó la falta de una "planificación integrada" para afrontar una tormenta de la magnitud de la ocurrida el 2 y 3 de abril. En el texto mencionó además que "la región de La Plata tenía advertencias sobre su situación de riesgo de inundación latente", en relación a graves precedentes acaecidos en 2002 y 2008. En un día de juicio y con un imputado que pagará una multa menor y se irá a su casa, la injusticia es la palabra clave para la causa que “investigó” las responsabilidades dirigenciales platenses y bonaerenses en una tragedia que para el Poder Judicial bonaerense, las víctimas no importaron.
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