El ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Gustavo Ferrari, es tajante cuando habla de la reforma que impulsa el gobierno de Vidal, acepta que hay más presos detenidos, y las deficiencias del sistema judicial bonaerense. Proponen un rol más activo de la “víctima” en el proceso para evitar excarcelaciones de presos express así como evitar el llamado “garantismo”.

-¿La Justicia puede ayudar a bajar la inseguridad?

 -Sin duda. Un país es seguro cuando a una persona que delinque se la detiene, luego se la condena y esa condena se cumple. Las tres cosas al mismo tiempo generan seguridad. Si vos tenes la mejor Policía del mundo, detenes y no se condena, no sirve. Y si condenas pero la condena no se cumple, tampoco. Las tres cosas aumentan el costo de delinquir. Si no, vos decís: acá es re barato delinquir, porque acá no me detienen, cuando me detienen no me condenan y cuando me condenan la pena no se cumple.

-¿Acá es barato delinquir?

-Estamos encareciendo el costo de delinquir porque por primera vez se aplicó algo que es entender a la seguridad como un tema integral. La gobernadora incorporó las cuatro patas de la seguridad. Siempre la base de la seguridad es el desarrollo social y la educación.

Pero si no lo lográs, tenes que tener cuatro elementos al mismo tiempo: la ley, la Justicia, la Policía y el sistema carcelario. Las cuatro patas tienen que sostener a la mesa de la seguridad con la misma fortaleza. Si vos engordás una pata y no el resto, vas a estar en declive y no vas a estar seguro. Si decidís penar con 20 años de prisión a los que roban bicicletas vas a tener una ley muy gorda. Pero si la Policía no detiene, si los jueces no condenan o si las cárceles no resocializan, aumentar las penas no te sirve para nada.

-¿Está equilibrada la mesa en este momento?

-Si se aprueba el Código, sí. Lo que vas a tener es un equilibro con la víctima, después de años y años de garantismo mal entendido. Se equivocan los que sólo quieren aumentar las penas.

-Pero ¿hay que aumentar las penas hoy?

-Depende. Hay que cumplirlas. Si la pena no se cumple, no disuade. Los países más seguros son aquellos donde se disuade. Lo primero para disuadir es aumentar el costo de delinquir.
Te disuado porque te detengo, te condeno y la condena se cumple. La pena de cumplimiento efectivo disuade. Pero el tipo tiene que estar seguro de que cuando lo detienen va preso. Si el tipo sabe que tiene siete apelaciones, es más barato delinquir que trabajar.

Nuevo código procesal penal

El ministro de Vidal habló sobre el proyecto de un nuevo Código Procesal Penal que enviaron a la Legislatura bonaerense con cambios procesales y de apelaciones: “Es el hecho de no restringir la excarcelación solamente cuando hay peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación”, aseveró Ferrari quien destacó, a tono con el nuevo código procesal a nivel nacional, el rol preponderante de la víctima en el proceso.  

“Nosotros incorporamos en el Código elementos que tiene que valorar el juez como la posibilidad de que la persona imputada siga reiterando ese delito; por lo tanto el juez podrá, a pesar de que no haya peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación, dictar la prisión preventiva en razón de la presunción de que esa persona tiene un modus operandi y va a seguir cometiendo ese delito. Hay otro elemento nuevo en este Código que impulsa la gobernadora: que la víctima tenga que ser escuchada por el juez antes de que éste decida liberar”, explicó Ferrari en la entrevista con un diario matutino.

Nueva proyecto de cárcel para jóvenes del gobierno bonaerense.

¿No hay leyes suficientes para combatir a los motochorros o los jueces y fiscales no aplican las leyes que hay?

-Es una combinación. Yo creo que es muy severo caer exclusivamente sobre los jueces y los fiscales y no tener en cuenta que también hay que limitar el nivel de discrecionalidad. Y ésta se limita si incorporamos otro elemento a la posibilidad de la prisión preventiva como es la reiteración de la conducta delictiva.

-¿Hay jueces y fiscales que anteponen una ideología al interés de los ciudadanos?

 -Sí, claro, por supuesto, nosotros venimos de épocas donde ha habido una cultura que ha tendido al extremo del abolicionismo penal. Acá hay que escuchar a la víctima. Esa es una decisión que tomó la gobernadora: que en el centro de los procesos esté la víctima.

-Patricia Bullrich dice que hay jueces que protegen a los delincuentes más que a la víctima.¿Comparte eso?

-Hay sentencias que han ido en ese sentido. Y ese es el gran cambio de paradigma que estamos llevando adelante en la Provincia. ¿Por qué creemos que la víctima tiene que estar en el centro de la acción? Por varias razones, pero hay una central: es la única partícipe del proceso penal que no quiso estar en el proceso penal.

Todos los demás manifestaron una voluntad para estar: el juez, el fiscal y el defensor estudiaron para eso; el victimario decidió cometer el hecho; pero la víctima estaba en su casa, o pasaba caminando y la metieron en esto.

-¿Cuándo queda firme una sentencia en la Provincia y el acusado va preso?

 -Las sentencias quedan firmes cuando la última instancia las confirma. Pero a veces la última instancia, en la Provincia, puede ser la Corte Suprema de la Nación. Podés tener un fallo de primera instancia, luego apelar a Cámara, a Casación, a la Corte provincial y por último a la Corte nacional. O sea que tenés 4 niveles de apelación.

¿Cuántas instancias de apelaciones hay en la Justicia provincial?

Además tenés otros tres niveles de apelación extraordinaria, por habeas corpus. Así, tenés siete instancias de apelación para no ir preso. Queremos eliminarlas con el nuevo Código, queremos que con una doble instancia de apelación la persona ya quede detenida. Acá el tema es que vos podés tener diez, once años libre a una persona porque se están sustanciando las apelaciones. El hábeas corpus está desnaturalizado.

¿Qué cambiaría?

En el nuevo Código restringimos los hábeas corpus y limitamos la prisión al doble conforme: si te condenan en tribunal oral y te confirman en segunda instancia, vas preso. Hoy el delincuente tiene un menú de recursos de todo tipo para mantenerse libre. Esa es la realidad de la Provincia hoy: siete instancias para que una condena a prisión quede firme.
Esto es injusto con la víctima y con la sociedad y genera sensación de impunidad.


Reinserción: Con educación cambiamos el futuro

 El ministro de Justicia Gustavo Ferrari consideró que “la gobernadora María Eugenia Vidal nos propuso el objetivo de que los internos deben incorporar oficios y tomar hábitos laborales, ya que son las claves para que puedan cambiar el futuro”.

“El tiempo de estar privado de libertad es para adquirir herramientas y por eso estamos muy satisfechos con lo que está pasando en la cárcel de Magdalena. Valoramos que los detenidos consideren como destinatarias de sus donaciones a aquellas personas que más lo necesitan”, agregó.

La labor de los internos fue destacada por el ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, quien habló sobre la importancia de la formación y la realización de oficios en los penales: “La educación y el trabajo ocupan un lugar fundamental dentro del proyecto de nuestras cárceles que impulsamos junto a la gobernadora María Eugenia Vidal”, expresó.

 -¿Hay mucha impunidad en la Argentina?

-El índice de prisionización en la Provincia ha crecido de manera exponencial desde 2015. La media nacional es de 175 personas cada 100.000 habitantes; en la Provincia es de 252 cada 100.000, el más alto nivel de la historia.

-¿Por qué creció tanto esta tasa?

-Primero, por una decisión política de la gobernadora de no transar con el delito. Tenemos un récord de detenidos por narcomenudeo: 5.000. Las políticas criminales son política, donde el Poder Ejecutivo le manifiesta al Poder Judicial y al Procurador y a la Corte y a los jueces y a la Policía: nosotros no tenemos ningún tipo de permiso para que las personas sean liberadas. Si hoy tenemos problemas en las cárceles y en las comisarías es por el incremento de detenidos.

Tenemos 43.658 presos en cárceles, cuando en diciembre de 2015 eran 32.927. Jamás hubo tantos presos en la Provincia. La mayor cantidad está por robo agravado: son el 35,9%. Por homicidio está el 18,4% y, por abuso sexual, el 12,4%.

El juez Mario Juliano en el simulacro de juicio por jurados en la cárcel de Batán.

-¿Hay lugar para tantos presos?

 -Es uno de los problemas más serios que tenemos en la Provinciay a nivel nacional. A lo largaro de la historia no hubo una política de construcción de cárceles. Lo lógico es que en la medida en que se construyen hospitales y escuelas, hay que construir cárceles. Pero la última cárcel grande construida en la Provincia es de 2001, la de Alvear, para 1.550 presos. Nosotros vamos a terminar esta gestión construyendo 3.000 plazas, que equivalen a dos Alvear.

-¿Cuántas cárceles más harían falta?

 -Es que no solo necesito más cárceles, sino también cárceles que reemplacen a las actuales: tengo tres cárceles del siglo 19. O sea, tengo tres cárceles que datan de fines del 1800.
Imaginate la infraestructura. Hay que construir 1.000 plazas anuales, que es lo posible.

-¿Cuánto vale una cárcel nueva?

 -Cerca de 2.000.000 de pesos por preso que entra. O sea, para 1.500 presos te cuesta 3.000 millones de pesos. Para tener una idea, un hospital mediano cuesta alrededor de 1.800 millones.

La cárcel de jovenes que hicimos salió 800 millones. Pero tiene espacio para talleres para todos los detenidos, que podríamos haber destinado a meter más presos. Pero no es ese el camino. Porque si no recuperamos, generamos un permanente reciclaje del delito. La cárcel, cuando no reeduca, sólo es un intervalo entre dos delitos. Y la sociedad tiene que entender que tenemos que ocuparnos de nuestros presos.

Si no lo entiende por el mandato constitucional, o no lo entiende por el respeto a los derechos humanos, que al menos lo entienda por conveniencia: pongamos recursos en nuestras cárceles para que cuando salgan no sigan cometiendo delitos y nos maten.

-¿Cuántos presos salen, delinquen y vuelven a entrar a prisión?

-El índice de reencarcelamiento ronda el 50%, es muy alto. Y quizás la reincidencia es aún mayor pero no te enterás porque no los detenés.

-¿Cuánto le cuesta al Estado cada preso?

 -Hay un cálculo falso, porque lo que está haciendo es sumar los sueldos del personal penitenciario administrativo, por ejemplo. Pero está en los 40.000 pesos mensuales por preso.

-¿Sólo los pobres quedan presos?

 -El delito no es exclusividad de la pobreza. Lo que está claro es que a veces hay elementos que no permiten una adecuada defensa por parte de aquellos que no tienen recursos. La verdad es que los que más sufren delitos son los pobres, no son los que más cometen delitos. En la mayoría de los casos la circunstancia es de pobres contra pobres.

El factor clave es la droga. Es determinante en la generación del delito y en la motivación del delito: se roba para consumir y se consume para robar. En algún caso se consumió porque había hambre.

-¿Qué porcentaje de gente que llega a la cárcel tiene problemas de adicción a las drogas?

-Altísimo: más del 90 %. Previo a la droga está la alteración de valores: cuando aumento mi percepción valorativa social cuando mato, o cuando mato un policía, si matar o ir a la cárcel es un valor, tenemos un despelote.