En el último informe de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema correspondientes al primer trimestre de 2019 especificó que del total de 2518 mujeres mayores de 14 años afectadas por hechos de violencia doméstica, el grupo etario más comprometido tiene entre 22 y 49 años, un porcentaje del 72% del total relevado.
La Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación está dirigida por la vicepresidente Elena Highton de Nolasco y durante el primer trimestre de 2019, se registró un incremento del 19% en el servicio de atención de la oficina en relación con el mismo período del año anterior.
La Oficina de Violencia Doméstica del máximo tribunal fue creada en 2008 para facilitar el acceso a justicia de personas afectadas por hechos de violencia familiar. Brinda servicios de manera ininterrumpida, durante las 24 horas, inclusive fines de semana y feriados en su sede, en Lavalle 1250, Ciudad de Buenos Aires.
De los datos surgen análisis profundos del delito que afecta a las mujeres argentinas. El 89% de las personas denunciadas fueron de sexo masculino. Asimismo, en el 72% de los casos existía un vínculo de pareja entre la víctima y la persona denunciada; y el victimario, en más de la mitad de los casos relevados tenía antecedentes de violencia con parejas anteriores (53%).
De los relatos analizados, surgió que el 32% de las mujeres afectadas convivían o convivieron con la persona agresora y, otro tanto, relató “amenazas de muerte”, las que constituyen un indicador de violencia psicológica, según el organismo.
Respecto del tipo de violencia, el 59% de las mujeres víctima sufrió violencia física. Estos actos se clasificaron sobre la base de la definición consignada en la Ley 26.485, a saber, “la que se emplea sobre el cuerpo de la mujer produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo y cualquier otra forma de maltrato/agresión que afecte su integridad física”. También se observó que 81 mujeres (3%) se encontraban cursando embarazos al momento de realizar la denuncia.
Riesgo alto o altísimo
Las situaciones definidas como de riesgo alto o altísimo por la OVD se dieron en 914 casos. En este grupo, el principal agresor fue un varón (94%). Los casos fueron derivados a la Justicia civil y a la penal.
La Justicia civil –con competencia en asuntos de familia- dicta distintas medidas de protección conforme al marco normativo vigente. En tanto, la Justicia penal, que investiga y sanciona delitos y/o contravenciones presentes en la mayoría de los tipos de violencia como pueden ser “amenazas, hostigamientos, intimidación, lesiones, daños, distintos tipos de abuso sexual, privación de la libertad, entre otros#, también dispone las medidas de protección necesarias según el caso.
Las medidas de protección, dependiendo la provincia, son ejecutadas por los organismos de protección en los cuáles se les debe dar información sobre los servicios de asistencia jurídica y social disponibles, como la línea 144 del Consejo Nacional de las Mujeres, la línea 137 del Programa “Las Víctimas contra las Violencias” del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, las oficinas de atención a víctimas de violencia de género de la Defensoría General de la Nación y los Centros Integrales de la Mujer dependientes del GCBA, entre otros.
Según el informe, la determinación del nivel de riesgo resulta de una consideración conjunta y situacional de diferentes factores e indicadores, que predisponen o aumentan las probabilidades de nuevos hechos de violencia o brindan señales de alerta, los que se combinan con la frecuencia e intensidad del ejercicio de la violencia. En este sentido, los casos con riesgo alto o altísimo registraron una frecuencia diaria y/o semanal (75%).
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