Es el segundo fallo por amenazas de bomba en colegios y que la Justicia bonaerense toma el guante y responsabiliza a los alumnos. Había ocurrido en Morón en marzo, y esta semana la justicia de San Martín falló sobre un caso ocurrida en el municipio de Tres de Febrero. El caso ocurrió en agosto del 2017 en el colegio Ciudad Jardín.
El fallo fue emitido por el titular del Juzgado de Responsabilidad Juvenil número 2 de San Martín, Ramón Bogado Tula, en el marco de un juicio sin precedentes que se realizó en ese fuero y en el que el distrito de Tres de Febrero se presentó como particular damnificado. Así como lo había hecho el municipio de Morón, con Ramiro Tagliaferro a la cabeza, para cesar con estas “chiquilinadas”.
El magistrado bonaerense se basó en el artículo 211 del Código Penal bonaerense que hace referencia al "delito de intimidación pública". La “condena” no es la cárcel sino que el joven durante un año deberá prestar servicio comunitario y visitar la Dirección de Explosivos y el servicio de emergencias 911 para tomar conciencia de la función que cumplen en esos organismos, informaron fuentes judiciales.
En primera instancia, el adolescente deberá seguir un tratamiento tutelar durante un año hasta que se realice una nueva audiencia donde se determinará la pena que podría ir de 2 a 6 años. “El fallo nos llama a reflexionar, a aprender y tiene un sentido pedagógico”, sostuvo el intendente del Tres de Febrero, Diego Valenzuela. “Plantea algunas cuestiones que tienen como objetivo que el joven comprenda lo que está en juego, los recursos estatales que se mueven y lo que sucede en el estado cuando hay una amenaza de este tipo”, agregó.
Antecedente
En marzo de este año, se dio a conocer un fallo en la cual la Justicia bonaerense obligó a cumplir tareas comunitarias y a abonar una suma de 60 mil pesos a uno de los jóvenes que realizó falsas amenazas de bomba en escuelas de Morón en 2018.
La Justicia de Morón determinó que el joven que realizó falsas amenazas de bomba durante 2018 deberá pagar 60 mil pesos, entregar al Estado un celular de alta gama y una computadora. La medida busca solventar los costos de poner en funcionamiento los operativos anti-explosivos. Sólo en el Municipio de Morón, el año pasado superaron el millón de pesos, según informó el intendente Tagliaferro que se presentó como querellante.
La decisión fue tomada por la jueza Graciela Angriman de la sede del Juzgado en lo Correccional Nº 5, en el marco de una causa caratulada “intimidación pública reiterada en tres oportunidades”. La jueza suspendió el proceso a prueba que recaía sobre el imputado, bajo la condición de que abone 60 mil pesos en concepto de perjuicios, realice labores comunitarias por el período de dos años y done al Estado un teléfono celular y una computadora importados.
Comentarios recientes