El funcionamiento correcto del Poder Judicial en una democracia robustecida se caracteriza por la prestación del servicio de justicia de manera que posibilite el cumplimientos las garantías constitucionales de los ciudadanos -en especial a aquéllos excluidos- y hacerlo de forma independiente del poder político y económico- expresado por el PEN, el Congreso y el poder de las corporaciones-.
En los modelos de Estado neoliberal, la justicia es pensada como apéndice de aquéllos poderes por lo que su legitimidad estará definida por su poca intervención en materia social y su actuación como garante de la seguridad jurídica, que no es otra cosa que priorizar jurídicamente las necesidades del mercado y la obtención de ganancias al menor costo posible. Para este tipo de justicia la independencia no estará relacionada de forma central por la asignación de recursos, por el contrario, la dependencia económica o de cualquier otro tipo favorece al sistema propuesto por el mencionado modelo económico.
En otro esquema estatal que tienda a una democracia real, participativa en la que se tienen en cuenta las expectativas de los justiciables, cada vez son más demandantes; la función judicial debería realizarse con cierto grado de efectividad, para lo cual, entre otras cosas el sistema judicial necesita de recursos presupuestarios que garanticen su accionar independiente.
Estas dos variables, independencia y efectividad las podríamos analizar en a través de múltiples ejes: por ejemplo están quienes estudian la judicialización de la política, el activismo judicial o el acceso a la justicia de los sectores excluidos de ciudadanía; pero si bien esos temas son fundamentales, este pequeño artículo intenta meterse con la magra asignación de recursos al judicial y como eso afecta las estructuras edilicias y al mismo tiempo contribuye al fracaso de la eficiente prestación del servicio de justicia. Además propongo modificaciones en la aprobación del presupuesto judicial que permita aumentar la independencia sin perder de vista el control que deben ejercer los ciudadanos.
El tema puede volverse un tanto aburrido y frío al tratarse de números por lo que vamos a tratar de ser lo más escuetos posibles con la parte estadística.
En la teoría, o sea de lo que surge de la ley 23.853 de Autarquía, el Poder Judicial recibe un 3,5% de la recaudación del Estado Nacional. Ese número se reparte en un 0.57 para la CSJN y un 2.93 para el Consejo de la Magistratura.
Este bajo porcentaje evidencia una debilidad del Poder Judicial respecto de los otros poderes del estado que reciben el restante 96,5% de la recaudaciones. A esto hay que descontarle algunos recursos que el Ejecutivo asigna a otras cuestiones sociales-todas ellas importantes, hay que decirlo- pero recién después de hacer la erogación calcula el dinero que será asignado a la justicia, por lo que ese 3,5% normativo es aún menor en la realidad. Tal como se evidencia en los números que brinda la propia CSJN primer cuadro que adjunto elaborado en el período 1990- 2012 el porcentaje asignado al sistema judicial fue de 2, 5 del total de lo recaudado por el Estado Nacional.
Crédito: UEJN Fuero Civil.
Esta forma de calcular el 3,5% de la recaudación ha sido motivo de disputa entre el máximo tribunal y el Poder Ejecutivo desde aprobada la ley de autarquía mencionada anteriormente y debería ser saldado por una modificación legislativa que precise la forma de cálculo de forma de que la alícuota recibida sea mayor y no se la condicione año tras año por la política recaudatoria del ejecutivo o legislativo.
Lo edilicio como condicionante de la prestación de un correcto sistema de justicia
El panorama es más preocupante si consideramos que de esa asignación de recursos un porcentaje muy pequeño se destina al mantenimiento y desarrollo de la estructura judicial -inversión en capitales- ya que en gran medida el dinero sirve apenas para cubrir los gastos de funcionamiento del Poder Judicial y salarios de los trabajadores.
#EnergenciaJidicialYA Así están la baños de #ComdroPy Así trabaja la Justicia #Asinosepuedemas #UEJN pic.twitter.com/YyBFyKSwU5
— Julio Piumato (@JulioPiumato) 3 de septiembre de 2019
A partir de Informes que presenta el propio administrador de la Corte Suprema de Justicia se pueden sacar conclusiones de por qué día a día encontramos edificios judiciales a los que no pueden acceder justiciables en situaciones de vulnerabilidad como es el caso del fuero laboral y de la seguridad social fueros que entran en medidas de fuerza en las próximas horas debido a las paupérrimas condiciones de algunos de los edificios que comparten. En algunos casos se pone en riesgo la vida de las personas que van a reclamar justicia a los tribunales y la de los propios trabajadores, funcionarios y Magistrados.
Advertimos que según lo que informa la Corte Suprema la situación no solo no fue revertida sino que empeoró año tras año. En especial preocupan las grandes presiones que se han efectuado desde el Poder Ejecutivo sobre el judicial con el fin de establecer un recorte sobre un poder que fue permanentemente recortado desde la década del 90 y que ahora se encuentra en estado de emergencia.
Las malas condiciones edilicias, la falta de inversión en los softwares necesarios para que no colapsen de forma permanente, o que no terminen de instrumentar el sistema de expediente digital afectan la eficiencia del Poder Judicial de forma casi evidente haciendo que los plazos de las contiendas sean cada vez más largos. Pero me gustaría detallar otras consecuencias tal vez menos visibles pero igual de disfuncionales para brindar un servicio de justicia que respete los tiempos de las necesidad de quienes reclaman justicia a la Justicia.
La falta de dinero para mejorar la estructura y adquirir nuevos inmuebles ha hecho que las autoridades hayan optado por alquilar múltiples inmuebles para poner parches a la cuestión edilicia lo que acarrean varios inconvenientes:
a) muchos de esos inmuebles no fueron pensados para prestar el servicio de justicia por lo que su propia arquitectura complejiza el acceso de los justiciables y la tarea interna de los agentes judiciales; además en muchos casos tampoco están preparados para el peso que genera la sobrecarga de papeles que componen los expedientes y las pruebas.
b) la falta de dinero para acondicionarlos hizo que durante años se alquilen inmuebles que no se utilizaron generando gastos millonarios.
c) la descentralización -no planificada- de los edificios genera disfuncionalidad en la comunicación interna entre las diferentes dependencias que participan del servicio de justicia en las diferentes jurisdicciones;
d)Muchos de los edificios no están preparados para el acceso de personas con discapacidad;
e) La mayoría de los edificios no cumplen con las condiciones de salud y seguridad en el trabajo.
f) La dispersión edilicia aumenta de forma exagerada los gastos en seguridad y mantenimiento.
Un presupuesto judicial más democrático
Apuntar a una autarquía plena del Poder Judicial significa trabajar por un sistema institucional más democrático en el cual la labor de quienes deben controlar el cumplimiento de las garantías constitucionales no dependa de la voluntad política de los poderes establecidos para poder desarrollar un presupuesto acorde a las necesidades de su función.
Recordemos que cada vez existen mayores diferencias entre los presupuestos realizados por el judicial y lo que realmente recibe luego de un proceso de ajuste del ejecutivo y el Congreso Nacional. Esto impide que uno de los poderes del Estado diagrame eficazmente las políticas judiciales y, lo que es igual de importante, que la sociedad pueda ser contralor de las decisiones y evaluar su desempeño de acuerdo a esos objetivos.
Este seria un aspecto fundamental a modificar ideando sistemas que permitan un diálogo amplio con participación de los actores judiciales participando de un debate público en el marco del Congreso, tal como ocurre con los funcionarios que defienden la ley de leyes frente a diputados y senadores. Esto permite tener una mirada más cercana sobre las políticas públicas que ejerce este poder del Estado.
Si analizamos la situación actual del Ministerio Público terminaríamos de comprender que la situación de ajuste estructural en la justicia es alarmante en todos sus rincones. Pero esto será analizado en otro artículo.
*Pablo Serdán. Comisión Directiva UEJN. Docente en UBA*
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