El juez federal Claudio Bonadío cerró la investigación y elevó a juicio oral y público la causa de los “Cuadernos”, en donde la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner se encuentra acusada de encabezar una supuesta asociación ilícita que habría funcionado entre los años 2003 y 2015. Además, el juez también reiteró el pedido de desafuero de la exmandataria.
A poco más de un año de que se hicieran públicos los cuadernos de Oscar Centeno, donde se detallan los supuestos recorridos que los funcionarios kirchneristas realizaban cobrando coimas a los empresarios más importantes a nivel nacional e internacional, la causa pasa a la siguiente instancia y habrá juicio oral y público.
La ex mandataria, junto a otros ex funcionarios están acusados de “haber integrado una asociación ilícita que desarrolló sus actividades aproximadamente desde principios del 2003 hasta noviembre del 2015 y cuya finalidad fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos, todo ello aprovechando su posición como funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional”.
Gran parte de la investigación está basada en las anotaciones del chofer Oscar Centeno, según las cuales el dinero era entregado en los domicilios de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, Uruguay 1306 y Juncal 1411, en la residencia de Olivos y en la Casa de Gobierno.
Según la “bitácora del delito”, como es nombrada en el expediente, el organizador era el entonces Ministro de Planificación Julio De Vido y el ex funcionario Roberto Baratta. De esta manera, los supuestos cobros eran recaudados por el mismo Baratta y su secretario privado Nelson Javier Lazarte. Todos ellos habrían sido transportados a los lugares donde se hicieron los pagos y/o cobros por Oscar Centeno, siempre por órdenes de Baratta y De Vido.
La investigación presentada en el expediente determina que las recaudaciones se realizaban en los llamados “puntos fijos”, en donde empresarios y funcionarios se reunían para efectuar el traspaso de dinero, siempre en dólares, en bolsos o maletas. Estos “puntos fijos” eran generalmente estacionamientos, en donde los supuestos involucrados ni siquiera se bajaban del coche, sino que pasaban el activo de auto a auto.
Según detalle el dictamen de elevación a juicio al que accedió Tiempo Judicial, otros cobros se realizarían en oficinas públicas o privadas o al menos fue así hasta el 22 de octubre del 2015, que, según relata Centeno en sus cuadernos, uno de los coches del Ministerio que había retirado una recaudación de “Supercemento S.A.I.C.”, fue interceptado por unos “extraños”. A raíz de eso, los encuentros pasaron a hacerse en el despacho de Baratta en el Ministerio del Interior, al que los empresarios accedían a través de un estacionamiento privado conectado con su oficina.
Recordemos que varios de los imputados se “arrepintieron” en lo que va de la investigación, así como varios empresarios admitieron los pagos de las coimas y exfuncionarios admitieron haberlas cobrado.
Este entramado ilícito era real, como el caso de José Francisco López, que se encuentra como arrepentido en esta causa, mientras que está como acusado en el otro juicio que se está llevando a cabo en Comodoro Py los lunes en la sala AMIA, y que tiene a De Vido y a Cristina en el banquillo de los acusados.
La defensa de la exmandataria, liderada por el Dr. Carlos Beraldi, no sólo que no se opuso a la elevación a juicio de la causa, sino que solicitó que pase a la próxima etapa procesal cuanto antes. Cristina Fernández ya se había expresado sobre esto el pasado julio cuando consideró "imprescindible que el caso llegue a juicio oral ante las ilicitudes de la investigación”.
Por otra parte, el juez Bonadio ratificó el pedido de desafuero a la senadora y candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos. De comprobarse todas las acusaciones, la investigación estima que en total se realizaron pagos por el valor de más de 100 millones de dólares entre el 2003 y el 2015.
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