La provincia de Buenos Aires cambió de gobernador pero los empleados y los magistrados alzaron la voz para que los escuchen. Tiempo Judicial recogió el guante del colegio de jueces, el Suprema Tribunal y también del gremio de los judiciales bonaerenses que reclaman atrasos salariales y mejoras de infraestructura en edificios judiciales de la provincia de Buenos Aires.
En un comunicado, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, conducido por Rodrigo Cataldo, retoma los conceptos vertidos por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en la resolución 2889-19 en la que expresó su “preocupación por la situación salarial de magistrados, funcionarios y agentes judiciales, y la necesidad de recursos presupuestarios para atender los gastos de funcionamiento de la Administración de Justicia”.
La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires (SCBA) señaló que “que las estadísticas oficiales registran variaciones de precios del 153,7% desde enero del 2017 a septiembre de este año, mientras que el incremento salarial para todas las categorías del Poder Judicial durante el mismo periodo fue del 114,5%. A ello se añade que durante este año aún no se formalizó una propuesta que recupere la pérdida del poder adquisitivo de los salarios frente a la inflación, lo que explica, entre otras cosas, el grave deterioro salarial que experimenta el Poder Judicial”.
Y también critican que su salario no haya incrementado como si lo hizo el sueldo de jueces y empleados nacionales: “Las diferencias con respecto a la Justicia Nacional, que alcanza un 51% promedio en la remuneración mensual. En relación a ello se agrega que si bien esa brecha debe ser revertida por medio de un programa de recomposición salarial progresivo y sustentable, genera preocupación la falta de respuesta institucional a esta grave problemática”, explicó el colegio de magistrados bonaerenses.
Los magistrados reunidos en el colegio bonaerense.
Colapso y alta litigiosidad
En este sentido, la AJB reclamó a la Suprema Corte la urgente adopción de medidas institucionales frente al colapso que atraviesan el Fuero de Familia y los Juzgados de Paz Letrados. El gremio que conduce Pablo Abramovich denunció el “la magnitud del fenómeno de incremento de la litigiosidad en el sector, sólo en el período 2010-2018 se triplicó el número de procesos judiciales ingresados por protección contra la violencia familiar, tanto en el fuero de Familia como en los Juzgados de Paz”.
“Frente a este proceso de transformación en las características de la demanda de esos dispositivos, no se ha verificado una respuesta adecuada e integral por parte de la Suprema Corte, que permita garantizar la efectiva vigencia de los derechos y efectivo acceso a la justicia de quienes litigan en el fuero -principalmente mujeres de sectores vulnerables-, sin deteriorar las condiciones en que desarrollan sus tareas las y los empleados, peritos y funcionarios que sostienen diariamente su funcionamiento”, manifestó Pablo Abramovich, secretario General de la AJB.
En la presentación realizada a la Suprema Corte la AJB propone que en el corto plazo se realicen las siguientes medidas:
- Inmediata incorporación de nuevo personal administrativo, funcionarios y peritos en los Juzgados de Familia y Juzgados de Paz actualmente existentes, en la medida de sus posibilidades de infraestructura.II) Creación de nuevos juzgados de Familia, cuya cantidad y distribución en el territorio de la Provincia sea consensuada en un ámbito de debate con participación de la organización sindical representativa de las y los trabajadores del fuero.
- Habilitar la inclusión de la Asociación Judicial Bonaerense en el Consejo Consultivo de Violencia Familia y de Género creado por el Acuerdo 3690, así como en cualquier otra instancia institucional de abordaje de la problemática que proponga la Suprema Corte.IV) Requerir el acceso a los resultados del análisis sobre el impacto en la salud de las y los trabajadores de los fueros de Familia y de Paz encomendado a la Dirección de Sanidad mediante la Resolución 439/19, con el objetivo de propiciar un abordaje conjunto de la salud laboral entre nuestro sindicato y la empleadora, retomando el diálogo abierto mediante la Resolución de la Suprema Corte 2516/12.
- En coordinación con las autoridades de la Procuración General, fortalecer las estructuras y capacidades de las Defensorías Civiles en punto a garantizar el efectivo acceso a la justicia de los sectores vulnerables de nuestra provincia.
La presentación realizada fue acompañada por un documento elaborado por la AJB que analiza en profundidad las diferentes problemáticas del sector, y que se acompaña a esta nota en archivo adjunto.
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