En una insólita situación, la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal con sede en el palacio de Tribuales emitió una orden de desalojo del edificio donde justamente funcionan los juzgados federales de Morón, en la calle Crisólogo Larralde 673 a 100 metros de la Estación de Morón, en la zona oeste del conurbano bonaerense.
La escandalosa noticia que circuló en los principales medios hegemónicos de comunicación pone en evidencia una vez más hasta qué punto llega la desidia en el ámbito judicial y cómo ni siquiera los organismos encargados de hacer cumplir las leyes, cumplen con las mismas.
Es que desde el año 2013 la justicia federal no le abona la mensualidad al propietario del inmueble, Jorge Azariu, al no ponerse de acuerdo en el costo del alquiler a la hora de renovar el contrato.
En ese sentido, graficó la situación un funcionario judicial consultado por Tiempo Judicial, que prefirió guardar su identidad: "Es todo cierto, pero de esto se encarga la administración de la Corte Suprema que se encuentra en capital: nosotros no tenemos nada que ver. Venimos y laburamos en ese edificio"; explicó. En sí, el Consejo de la Magistratura de la Nación es el encargado de construir, alquilar o refaccionar edificios judiciales para los juzgados federales, o sea, la justicia nacional.
"En su momento se alquiló ese edificio, se le hicieron un montón de reformas. Y a los 2 años, cuando se venció el contrato, el dueño se descolgó con una suma mensual sideral que era imposible pagarla”, explicó el funcionario que trabaja en los tribunales de Morón.
crédito: quinto poder conurbano
En tanto, la administración de la Corte le ofreció un aumento que el dueño no estuvo de acuerdo. Por lo tanto, la administración del edificio moronense dejó de pagarle, por lo que el dueño inició el juicio que llegó a la Cámara de Casación que ordenó el desalojo.
Un Desalojo que no llega...
Ahora bien, existe un plazo de 180 días para ejecutar la sentencia una vez esta quede firme. En ese plazo la administración puede apelar la decisión o bien emitir un decreto de expropiación del inmueble argumentando que “afecta a la utilidad pública”, lo que en el "paño" judicial estiman que terminará ocurriendo.
El problema se conoció en el ámbito de la justicia federal pero es una situación extensiva al ámbito de la justicia provincial también. "Esta gestión no pagó alquileres y al final de la gestión anterior tampoco se pagaron alquileres", confiaron fuentes de la justicia provincial con asiento en el departamento judicial Morón.
"No es el único lugar. Todo lo que está por fuera de palacio la Corte bonaerense no pagó en ningún distrito... Es una problemática recurrente...", agregó la fuente judicial a este medio. ¿Se ejecutará finalmente el desalojo y los tribunales deberán mudarse?
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