La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó el primer aval al Poder Ejecutivo para avanzar en la urbanización y construcción de viviendas en cuatro barrios de Villa Soldati – Comuna 8 donde ya se han ejecutado planes oficiales para el desarrollo habitacional y de infraestructura. Se trata de los barrios Lacarra, Carrillo, Los Piletones, Esperanza, todos en proximidades del lago regulador de Soldati y a ambos márgenes de la Autopista Cámpora (en altura) y la Avenida Lacarra (sobre nivel).
El proyecto sobre Lacarra – Carrillo es de autoría de la diputada Lía Rueda (VJ), presidenta de la Comisión de Vivienda, en coautoría con Maximiliano Ferraro, Agustín Forchieri, Daniel Presti, Diego García Vilas (VJ) y Roy Cortina (PS). Obtuvo dictámenes de las comisiones de Vivienda, de Presupuesto y de Planeamiento Urbano.
El Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) –se explicó en los fundamentos de la norma- “se encuentra llevando adelante un proyecto integral de integración socio urbana en los Barrios Ramón Carrillo y Lacarra”, lo que hace necesaria “la adecuación de la infraestructura, el reordenamiento parcelario y la correspondiente zonificación de los barrios mencionados”.
El barrio Ramón Carrillo, está ubicado sobre la Av. Castañares, entre las calles Lacarra y Mariano Acosta. Fue construido para darle un hábitat a unas 700 familias que en el año 1.990 fueron evacuadas del ex Albergue Warnes para su demolición. Viven 5.028 personas según censo oficial realizado en 2.016 por el IVC, se consignó en el despacho de las comisiones legislativas. El barrio Lacarra se sitúa entre el límite con el barrio Ramón Carrillo y la Avenida Lacarra a nivel o AU Cámpora en elevación. Allí viven 942 personas, según el mismo censo oficial del año 2016.
El IVC desarrollará en esos lugares planes de construcción y de regularización de dominios. Para eso, se dispone un reordenamiento parcelario de los polígonos que los integran, a efectos de ejecutar las obras de adecuación, ceder los inmuebles correspondientes a Espacio Público y transferir las redes de infraestructura a las respectivas empresas prestatarias.
La ley votada en primera lectura dispone “la adecuación de la infraestructura, la integración socio-urbana, el reordenamiento parcelario y la zonificación de los barrios Ramón Carrillo y Lacarra en el marco de lo dispuesto en la Ley N° 1.333”, dice el primer artículo.
El segundo artículo ordena crear la Mesa de Gestión Participativa para la intervención “activa de los vecinos del barrio en todas las etapas del proceso”, donde también estarán representados el IVC y el Ministerio Público de la Defensa. Este ente, a su vez, puede invitar a otras organizaciones y organismos a participar de los análisis referidos a: apertura y consolidación de vía pública; provisión de equipamiento urbano; mejora y consolidación del espacio público; provisión de infraestructura de servicios urbanos (redes de agua potable, energía eléctrica, desagües cloacales, desagües pluviales, red de alumbrado público, gas natural, construcción de pasajes, repavimentación y construcción de veredas) y criterios para la regularización dominial.
El IVC será el responsable de ejecutar las diferentes etapas del proyecto para la adecuación de la infraestructura e integración socio-urbana, estipula la ley. El proyecto se aprobó con 43 votos positivos de VJ, Gen, PS y Ev, 2 votos negativos de AyL y 13 abnstenciones de FIT, UC y BP.
Barrios Los Piletones y Esperanza
Por iniciativa de la Jefatura de Gobierno, con despacho de la Comisión legislativa de Planeamiento Urbano, también se aprobaron en primera lectura las modificaciones catastrales relacionadas con la continuidad del plan de reurbanización de los barrios Los Piletones y Esperanza, en Villa Soldati, adyacente al lago existente en esa zona. El asunto deberá discutirse en Audiencia Pública antes de votar la aprobación definitiva como ley.
A tales efectos, el oficialismo propicia la modificación del artículo 5.7.45. U52- Barrios Nuevos del Anexo II "Áreas Especiales Individualizadas" del Código Urbanístico.
Se fundamentó en “la necesidad de continuar con el proceso de urbanización y regularización dominial (en esas barriadas) por parte de la Corporación Buenos Aires Sur S.E. Para facilitar dicho proceso es necesario realizar cambios en las normas urbanísticas vigentes. Algunos de estos cambios incluyen excepciones, cambios de zonificación, incorporación de polígonos, entre otros”
El proyecto aprobado esta noche también ratifica lo propuesto por la Ley N° 5.235, de Promoción de las Actividades de la Producción e Industria Deportiva en la Ciudad, que incluye a esta zona catalogada como "U Barrios Nuevos”.
En cuanto al barrio Esperanza, el polígono delimitado por la calle sin nombre (altura Av. Lacarra al 2730), calle interna de la rotonda del Parque Indoamericano, prolongación de la calle sin nombre oficial (altura Av. Lacarra al 2270) y la propia Av. Lacarra, se transfiere (según el proyecto) al dominio privado del Fideicomiso de Corporación Buenos Aires Sur S.E. “con el fin de urbanizar y regularizar”. Según lo censado, viven en esa barriada unas 500 personas en situación precaria. Se aprobó con 41 votos afirmativos del oficialismo y aliados, 5 negativos de los bloques de izquierda y la abstención de UC y BP.
Auditoría general
El Cuerpo Parlamentario designó como presidenta de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires a partir del 10 de diciembre de 2019 a Mariana Inés Gagliardi y como Auditores Generales a Juan José Calandri, Mariela Giselle Coletta, Pablo Clusellas, María Raquel Herrero, Daniel Agustín Presti y Lisandro Mariano Teszkiewicz.
El artículo 138 de la Ley N° 70 establece que los/as Auditores/as Generales son designados por la Legislatura, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros a propuesta de los representantes de los partidos políticos o alianzas parlamentarias, respetando su proporcionalidad.
En tanto el artículo 139 estipula que para ser Auditor/a General se debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 70 de la Constitución de la Ciudad, tener título universitario y contar con probada experiencia en temas jurídicos, económicos, contables, financieros o de gestión, vinculados al sector público.
Mediante el Decreto N° 029-PSP-2019 y 030-PSP-2019 la Vicepresidencia Primera convocó a los presidentes de Bloques para que envíen los Curriculum de personas que sean propuestas como candidatos. Luego se dispuso la apertura del Registro de Impugnaciones que funcionó en la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana de la Legislatura, durante los días 12, 13, 14, 15 y 19 de noviembre de 2019.
Sin que hubieran impugnaciones, el pasado martes 3 de diciembre se realizó la Audiencia Publica convocada mediante Resolución N° 11-JEAOC-2019 para considerar la idoneidad de los 18 candidatos propuestos. En esa ocasión los nominados expusieron brevemente su historial personal y profesional.
En la fundamentación del proyecto de resolución elevado al Pleno se afirmó que "estamos ante un procedimiento para la designación de Auditores y Auditoras Generales de la Ciudad, procedimiento que es regulado por la Constitución de la Ciudad, las Leyes N° 70, 6 y 331, y las Resoluciones que dicte la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control, como órgano de implementación, como así también, los dictámenes que emita y las decisiones que adopte esta Junta conjuntamente con la Comisión de Asuntos Constitucionales".
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