Cuatro días antes del aniversario del último golpe de Estado, el Presidente Alberto Fernández decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio. Veintidós juicios por delitos de lesa humanidad que se estaban llevando a cabo quedaron prácticamente suspendidos, aunque con algunas excepciones. Desde entonces, los tribunales recibieron más de 170 pedidos de domiciliarias de los condenados o procesados por delitos de lesa humanidad, que en su mayoría fueron rechazados, y la Cámara de Casación Federal deberá discutir en los próximos días cómo seguir adelante con la agenda de los procesos por crímenes contra la humanidad.
Los tribunales concedieron al menos 35 domiciliarias desde mediados de marzo ante el riesgo del avance del COVID en las cárceles federales. Uno de los beneficiados fue, nada más y nada menos, que el partero de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), Carlos Octavio Capdevila. El 28 de abril último, el juez Daniel Obligado firmó la resolución para que Capdevila dejara la Unidad 31 de Ezeiza y se fuera a vivir con su hija en un PH en Córdoba capital. Tommy, como lo recuerdan los sobrevivientes, fue condenado en 2011 a 20 años de prisión en el segundo juicio por crímenes cometidos en el centro clandestino que funcionaba en el edificio de Avenida del Libertador.
En 2015, recibió diez años de pena en el juicio por la apropiación de Laura Ruiz Dameri – la hermana de crianza de Victoria Donda, también nacida en la ESMA y apropiada por un prefecto. En 2017, en el tercer juicio por la ESMA, recibió una nueva condena a quince años de prisión – que aún no fue revisada por la Cámara Federal de Casación.
La encargada de hacerlo es la Sala II, conformada por Carlos Mahiques, Guillermo Yacobucci y Alejandro Slokar, que, en las últimas semanas, recibió críticas de organismos de derechos humanos por resoluciones que favorecían la domiciliaria de condenados por delitos de lesa humanidad.
El 17 de abril, Yacobucci y Mahiques ordenaron la domiciliaria para Lucio Nast, un policía rosarino condenado a 22 años de prisión. Trece días después, entornaron la puerta para que se vaya a un country de Pilar Marcelo Cinto Corteaux, un oficial de inteligencia del Comando de Institutos Militares con sede en Campo de Mayo que está siendo juzgado por secuestros y homicidios de militantes montoneros que volvieron al país en el marco de la “Contraofensiva”.
Cinto Corteaux estuvo prófugo hasta 2017 y, cuando fue detenido, tenía una foto del abogado querellante Pablo Llonto. Ahora será el Tribunal Oral Federal (TOF) 4 de San Martín, que había rechazado la excarcelación de Cinto Corteaux, el que deba dictar una nueva sentencia en sintonía con lo dispuesto por la Sala II.
Hasta ahora, la gran mayoría de los tribunales se inclinaron por el rechazo de los pedidos de los represores de la última dictadura. Según estadísticas del Servicio Penitenciario Federal (SPF), al 19 de abril, había 131 presos por delitos de lesa humanidad. En su mayoría, están alojados en el anexo de adultos mayores de la Unidad 31 de Ezeiza o en la Unidad 34, que funciona dentro de Campo de Mayo.
La situación en las cárceles del SPF es delicada, como lo mostró la protesta violenta que sucedió en el penal de Devoto. Sin embargo, la situación de la Unidad 34 de Campo y de la U31 parece una isla. Rehabilitada como unidad penitenciaria a finales de 2016, la Unidad 34 está únicamente destinada a condenados y procesados por delitos de lesa humanidad.
Según la acordada 9/2020 de la Casación Federal, los tribunales deben meritar con extrema prudencia y con carácter sumamente restrictivo la concesión de estos beneficios para delitos graves. Esa recomendación del máximo tribunal penal del país está en sintonía con la resolución 1/2020 que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que pidió que no se favorezcan las solturas de condenados por delitos de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos en el marco de la pandemia.
Los juicios
Cuando se declaró el aislamiento social preventivo y obligatorio, había 22 juicios que estaban en marcha. Algunos, como el de Coordinación Federal, ya había concluido y faltaba que se dieran a conocer los fundamentos – que el Tribunal Oral Federal (TOF) 6 aún no informó a las partes.
En Mar del Plata, había quedado en suspenso un juicio con 40 imputados por 272 víctimas, el proceso más grande que se ha llevado a cabo en esa jurisdicción. Por decisión del tribunal, ese juicio concluyó el lunes 25 de abril – en plena cuarentena. Los jueces no querían postergar más el final porque, además, había renunciado un integrante del tribunal y el juicio peligraba si alguno de los otros se enfermaba. El proceso terminó con 35 condenados y cinco absueltos. De los 35 condenados, 24 nunca antes habían estado en el banquillo de los acusados, con lo que se suman a las 968 personas con condena por delitos de lesa humanidad, que tenía registrados la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad hasta el 16 de marzo.
Un día después de la sentencia en Mar del Plata, la titular de esa oficina, la fiscal Ángeles Ramos, le solicitó a la presidenta de la Cámara Federal de Casación, la jueza Ángela Ledesma, que se reanuden los juicios que estaban por concluir antes del decreto del 20 de marzo. Son cinco los procesos que se encuentran en la etapa final de los alegatos de la defensa y resta que se dicte sentencia.
Entre los juicios que están próximos a su final está el cuarto proceso por crímenes cometidos en la ESMA, en el que se juzga a diez imputados por 805 víctimas. Este juicio – a cargo del Tribunal Oral Federal (TOF) 5 – comenzó en 2018 y se retrasó su trámite porque uno de los abogados de los represores estuvo hospitalizado y sus defendidos se negaron a designar a otro defensor.
En La Plata, quedó en suspenso el juicio por crímenes en la Brigada de San Justo, en el que están sentados en el banquillo el excomisario Miguel Osvaldo Etchecolatz y el ex ministro de gobierno bonaerense Jaime Lamont Smart. En la jurisdicción de San Martín, estaba por concluir el juicio por el arsenal de Zárate y Campana. Uno de los acusados, el médico Omar Edgardo Nápoli, consiguió a principio de mes la prisión domiciliaria ante el riesgo del avance del COVID-19.
En Mar del Plata, estaba pronto a terminar un juicio corto por crímenes cometidos por la Concentración Nacional Universitaria (CNU) – que operó, según los fiscales, entre 1975 y semanas antes del golpe de Estado de 1976. Una fuente del TOF marplatense comentó que había intenciones de avanzar con algunas audiencias del otro juicio que está en trámite en la ciudad balnearia, el proceso por crímenes en el centro clandestino conocido como La Cueva. Lo mismo que en Chubut el juicio contra dos represores por la desaparición del docente Elvio Ángel Bel.
Al pedido de la fiscal Ramos, se sumaron Abuelas de Plaza de Mayo y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que realizaron presentaciones ante la Casación Federal, lo mismo que el abogado querellante Llonto.
Los que deben venir
Hay algunas jurisdicciones, como Rosario, que no esperaron la decisión de la Casación y avanzaron con audiencias virtuales, tanto en la causa “Feced” como en la causa “Saint Amant III”. Ramos y los querellantes le pidieron a Ledesma que se conformen grupos interdisciplinarios para decidir cómo continuar con los otros diez procesos que estaban ya con audiencias y quedaron paralizados. Es probable que en los próximos días los organismos de derechos humanos le soliciten al presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, que convoque a la comisión interpoderes – creada en 2008 y sin funcionamiento desde 2016 – para decidir cómo avanzar con la agenda de los juicios.
En tanto, también en la provincia de Santa fe, el 11 de marzo pasado, el juez federal Marcelo Bailaque procesó a dos ejecutivos de ACINDAR por delitos de lesa humanidad antes del golpe de Estado. El procesamiento por los secuestros y homicidios en Villa Constitución fue una de las grandes novedades de los últimos meses junto con los procesamientos por torturas a los conscriptos durante la Guerra de Malvinas.
El 5 de mayo, por ejemplo, debería comenzar el juicio por los Pozos de Banfield y Quilmes – que deberá juzgar, entre otros hechos, los secuestros de “La Noche de los Lápices”. La causa de “El Pozo de Banfield” está elevada a juicio desde 2012. En La Plata, se espera con mucha ansiedad la realización del juicio. El tribunal ya dio a entender que esa fecha deberá correrse. Para el 24 de junio, pasó la fecha de inicio del juicio por delitos cometidos en “1 y 60” de la capital bonaerense, a escasas tres cuadras del estadio de Estudiantes en 1 y 57.
En mayo, está previsto el inicio de un juicio sobre la represión a empresarios durante la última dictadura. Se trata de la causa por el secuestro de 28 ejecutivos que pertenecían al grupo Chavanne (Banco Hurlingham) e Industrias Siderúrgicas Grassi. Todos ellos fueron llevados y torturados en Campo de Mayo. Los acusados integraban el Batallón 601, Raúl Guglielminetti y Juan Etchebarne, extitular de la Comisión Nacional de Valores (CNV). La investigación de la causa estuvo en manos del juez federal Daniel Rafecas, que dictó los procesamientos en 2013. Es una causa que conocen muy bien el presidente y su ministra de Justicia, Marcela Losardo, porque actuaron como abogados querellantes.
La causa Chavanne-Grassi puede pensarse como una contracara de las causas por responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad, que los organismos de derechos humanos denuncian que no han avanzado en los últimos años. La única excepción es la causa Ford, que terminó en 2018 con dos representantes de la automotriz condenados.
Por último, sobre los juicios por delitos cometidos en el norte del país, la Corte Suprema no hizo pública su agenda para los próximos meses, que se presuponen especialmente difíciles por la pandemia y por las internas al interior del máximo tribunal. Los supremos tienen para revisar, entre otras causas de lesa, como la falta de mérito que en 2015 le dictó la Casación a Carlos Blaquier por los apagones de Ledesma en Jujuy y la absolución que dispuso el máximo tribunal penal a favor de Marcos Levín, el primer empresario condenado por un secuestro de un trabajador de La Veloz del Norte, de Salta.
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