Durante la Asamblea Legislativa, el presidente Alberto Fernández anunció una serie de modificaciones estructurales para el Poder Judicial: la creación de un nuevo fuero federal penal, cambios en el área de inteligencia, la puesta en marcha del sistema acusatorio, entre otras. La emergencia por el coronavirus postergó la presentación de su proyecto. Tras las pruebas de las sesiones virtuales en el Congreso, el mandatario anunció que lo enviará para su tratamiento.
Luego de las declaraciones de la jueza Ana María Figueroa, quien sostuvo que recibió presiones durante el Gobierno anterior, diputados y senadores del Frente de Todos presentaron una denuncia para que se investigue la presunta existencia de una “mesa judicial” que durante la gestión de Mauricio Macri presionaba a los jueces para direccionar las causas. En consecuencia, varios funcionarios remarcaron la necesidad de avanzar con el proyecto de reforma judicial.
“Nos proponemos impulsar un reordenamiento de la Justicia Federal que evite el cajoneo o la activación de expedientes en función de los tiempos políticos, que impida la construcción de falsas causas, que acabe con la arbitrariedad en materia de detenciones y que impida para siempre que la discrecionalidad judicial reemplace a las normas del derecho”, dijo el 1° de marzo el Presidente.
El anuncio causó diversas reacciones el ámbito jurídico y político. Sin embargo, hubo una conclusión común en los diferentes sectores: la reforma judicial propuesta se asemejaba mucho al espíritu de la impulsada en el 2004 por el entonces ministro de Justicia, Derechos Humanos y Seguridad, Gustavo Béliz, quien ahora se desempeña como Secretario de Asuntos Estratégicos.
Uno de los argumentos para la modificación diseñada durante la presidencia de Néstor Kirchner consistía en licuar el poder que concentraban los 12 juzgados federales de Comodoro Py. Estos son los integran la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional Federal y allí tramitan las causas más resonantes para el poder político, ya que debido al lugar donde están situados y su competencia, entienden en los delitos contra la Administración Pública en los que incurran los funcionarios nacionales.
La letra fina sobre cómo se realizará esa transformación aún no se hizo pública. Si bien este es uno de los puntos medulares del “reordenamiento”, como lo denominó el Presidente, la propuesta también abarca otros aspectos sensibles del ámbito judicial.
1) Creación de un nuevo Fuero Penal Federal
“Ordenar el sistema y terminar con esos espacios cerrados que le permitían a muy pocas personas manejar un poder enorme”, dijo Alberto Fernández al ser consultado sobre la reforma judicial en una entrevista en C5N.
Tras la presentación de su propuesta ante la Asamblea Legislativa, circularon distintas versiones sobre cómo se materializaría este punto. Una de ellas establecía una fusión entre la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional Federal y la Justicia Penal “ordinaria”, o de instrucción. Incluso, que también se incorporarían en este nuevo fuero a los juzgados con competencia en lo Penal Económico.
"El poder se disipa cuando muchos lo manejan”, agregó el mandatario. En ese sentido, otra de las posibilidades indicaba elevar el número de los 12 juzgados federales de Comodoro Py mediante la creación de nuevos juzgados dentro del fuero.
Con respecto a la creación de un nuevo Fuero Penal Federal, cabe tener presente que la Corte Suprema de Justicia dictó la Acordada 4/18, mediante la cual inhabilitó el funcionamiento del Tribunal Oral Federal N°9. Allí rechazó la transformación de jueces nacionales en federales. En sus argumentos, detalló que ese accionar va en contra del procedimiento previsto por la Constitución para la designación de magistrados y que viola la garantía del “juez natural”.
2) Unificación de la Justicia Contencioso Administrativa Federal con la Civil y Comercial Federal
“No todo es Comodoro Py”, dijo la ministra de Justicia Marcela Losardo en declaraciones a Radio con Vos luego de la asunción de Alberto Fernández. Asimismo, pidió tener “una mirada más macro” del sistema judicial.
El Fuero Contencioso Administrativo Federal tiene competencia para todos los asuntos donde el Estado es parte, o hay un interés estatal, y se cuestionan normas federales. Su importancia es estratégica y se lo señala como el “fuero de la gobernabilidad”, ya que sus pronunciamientos inciden sobre la implementación de las medidas de gobierno.
En cambio, el Civil y Comercial Federal interviene en aquellas cuestiones entre particulares, regidas por leyes federales, pero donde el Estado no es parte. Allí tramitan los conflictos entre privados.
Desde el ámbito judicial suele advertirse que está fusión implicará en la práctica un “choque de bibliotecas”.
3) Implementación del sistema acusatorio penal
“El sistema acusatorio importa porque el fiscal va a ser el que va a llevar el proceso”, destacó Losardo sobre otro de los ejes centrales en los que versa la reforma.
En este sistema la etapa de instrucción de las causas se concentra en los fiscales, quienes llevan adelante la investigación y formulan la acusación. En este modelo, se “descomprime” el poder del juez, quien tiene el rol de garantizar el debido proceso y juzgar.
Si bien este sistema ya está previsto en el Código Procesal Penal Federal, actualmente no rige en todo el país, sino solo en Salta y Jujuy. Cabe recordar que la Ley 27.150, que reglamentó su implementación, estableció que su entrada en vigencia para la Justicia Nacional sería el 1° de marzo de 2016, mientras que en el ámbito de la Justicia Federal sería “de conformidad con el cronograma de implementación progresiva que establezca la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación” formada a esos efectos.
Sin embargo, en el año 2015 Mauricio Macri dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia 257/2015 mediante el cual modificó lo previsto para su puesta en marcha en la Justicia Nacional y lo subordinó al cronograma que determine la Comisión.
Sobre este punto cabe subrayar que el Procurador General de la Nación, quien encabeza el Ministerio Público Fiscal, conduce a los fiscales que actúan en las causas de la Justicia Federal y Nacional. Eduardo Casal es quien se desempeña actualmente en el cargo de manera interina, luego de la renuncia de Alejandra Gils Carbó en el año 2017.
En marzo, Alberto Fernández envió al Senado el pliego de Daniel Rafecas para ser designado como Procurador. “Espero que la oposición acompañe, porque lo habían propuesto como juez de Casación”, subrayó.
4) Modificaciones en el Área de Inteligencia
“Tenemos la decisión irreversible de terminar para siempre con los sótanos de la democracia. Nunca Más a una justicia contaminada por servicios de inteligencia”, enfatizó el Presidente.
Días después dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia 214/2020 mediante el cual le impidió a los organismo de inteligencia que participen como auxiliares judiciales en las investigaciones criminales.
Si bien la ley N° 25.520 que regula el Sistema de Inteligencia de la Nación establecía que “ningún organismo de inteligencia podrá: Realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, cumplir, por sí, funciones policiales ni de investigación criminal...”, preveía la excepción de que puedan realizar esas funciones en caso de “requerimiento específico realizado por autoridad judicial competente”. De esa manera, se generó un vínculo técnico-operativo entre el Poder Judicial y los organismos de inteligencia.
Los cambios en este ámbito comenzaron a materializarse a partir de la designación de Cristina Caamaño como interventora de la Agencia Federal de Inteligencia. En una entrevista con Página 12, la fiscal sostuvo: “En la AFI logramos romper la promiscuidad con la Justicia”.
“Ya no existe que cada agente de inteligencia tenía un juez amigo y cada juez tenía un agente de inteligencia amigo. Tengo varias denuncias preparadas y estamos esperando que reabra la actividad judicial”, advirtió.
5) Creación de un Consejo para Afianzar la Administración de Justicia
“Estará integrado por las más prestigiosas personalidades del mundo académico y judicial, y será un cuerpo consultivo del Poder Ejecutivo para el impulso de otras transformaciones de fondo en nuestro Poder Judicial" , explicó el mandatario.
El objetivo es que el Consejo analice qué otras reformas son necesarias en el Poder Judicial. Entre algunos de los puntos que señaló Fernández se encuentran: optimizar el funcionamiento de la Corte Suprema, repensar el alcance del recurso extraordinario federal y revisar cómo trabaja el Consejo de la Magistratura.
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