La irrupción de la comunicación digital interactiva modificó por completo las condiciones de circulación de la información pública, no solo en Argentina sino en todo el mundo. Aunque no puede hablarse de la muerte de la radiodifusión (en el ecosistema de medios conviven especies de distintos períodos), resulta innegable que la comunicación digital y las redes sociales tienen cada vez mayor incidencia en la discusión de los asuntos públicos. Algunos tweets que tienen más impacto que las tapas de los diarios en soporte papel.
Por supuesto, la difusión de acontecimientos judiciales (ya sean sentencias, resoluciones, debates o audiencias) no escapa a las transformaciones que están produciéndose en el escenario mediático. Hace diez años los debates académicos e institucionales giraban en torno a la televisación de los juicios penales, a la participación de magistrados en programas periodísticos o a la publicación de sentencias en sitios web de acceso libre.
Aunque alguna de estas cuestiones todavía no han sido resueltas definitivamente, en la actualidad, otras discusiones han emergido en el horizonte: la conveniencia de transmitir por streaming los juicios de interés público, la posibilidad de abrir redes sociales institucionales de los poderes judiciales para contactarse directamente con los usuarios del servicio, el impacto de los contenidos publicados por jueces y funcionarios judiciales en sus redes sociales personales.
De esta forma, la gestión de prensa y la comunicación interna se han convertido simplemente en dimensiones específicas de la comunicación judicial. Este espacio disciplinar actualmente incluye muchas otras funciones e involucra diferentes competencias tales como el diseño gráfico, el desarrollo de sitios web, la generación de productos audiovisuales, la producción de campañas de comunicación pública en redes.
En definitiva, hoy asistimos a una transformación en el destinatario del discurso jurídico. La comunicación judicial tradicional siempre se concentró en su función “endoprocesal” (dicho en palabras de Michele Taruffo). Las sentencias y demás resoluciones se escriben para que sean comprendidas por los abogados de las partes, por los tribunales inferiores y superiores, por los juristas que elaboran la doctrina. Pero pocas veces se tiene en cuenta a los justiciables, que, en definitiva, tendrán que soportar las consecuencias de las decisiones jurisdiccionales; o a los ciudadanos, que tienen derecho a conocer los fundamentos de las sentencias de interés públicos o gravedad institucional; o a los periodistas, que cumplen el rol de intermediarios entre las instituciones y la sociedad.
Pensar en los destinatarios sin formación jurídica implica desarrollar estrategias discursivas concretas para facilitar los procesos de interpretación de la información judicial; asumir las condiciones de interpretación de los diferentes colectivos sociales; y aceptar que en el espacio público la voz de la magistratura compite con las voces de muchos otros actores sociales.
La comunicación judicial en tiempos de hipermediación (para usar un concepto de Carlos Scolari) tiene que modificar sus formatos, adaptar su lenguaje a las competencias discursivas de la sociedad y diversificar sus soportes significantes, si quiere cumplir eficazmente con su función y, en definitiva, fortalecer la legitimidad social de la administración de justicia.
En este sentido, hay muchos proyectos en marcha, tanto en Argentina como en Iberoamérica, que vale la pena seguir atentamente. Por ejemplo, la promoción del lenguaje jurídico claro, la incorporación de comunicaciones de lectura fácil en las resoluciones referidas a personas vulnerables, la generación de contenidos jurídicos para redes sociales institucionales, el desarrollo de canales digitales propios de la administración de justician o la producción de materiales audiovisuales, la experimentación con podcats.
El horizonte, verdaderamente, es ilimitado (y, a la vez, apasionante). Sólo hace falta imaginación, mucha tenacidad y voluntad política de las autoridades judiciales.
Por Leonardo Altamirano - Doctor en Semiótica. Licenciado en Comunicación Social. Jefe de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba.
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