El grito colectivo que transformó y cuestionó tantas dimensiones de la vida social en Argentina también tuvo, en su primer manifiesto, demandas concretas hacia el Poder Judicial. A cinco años de aquel primer 3 de junio, hablamos con referentes feministas del ámbito de la justicia para pensar las distintas caras del impacto de aquellas demandas, así como también las deudas que al día de hoy no se resuelven.
El “vivas nos queremos” tiene detrás un deseo que es materializado con reformas estructurales en nuestra vida social: desde la deconstrucción de las lógicas en lo íntimo hasta la concreción de políticas públicas a nivel nacional, el freno de la violencia de género sólo se logra con el reconocimiento y acción sobre aquellas características que reproducen su existencia dentro de instituciones, normas y prácticas tan imbricadas como eficientes. El Poder Judicial no está exento: en aquel primer documento que se leyó en una plaza urgente, furiosa y conmovida durante el primer Ni Una Menos el 3 de junio de 2015 las voces desde el escenario rugieron:
El Poder Judicial desempeña un papel en general ineficiente a la hora de dar respuesta a las víctimas. En muchas jurisdicciones, son ellas las que tienen que denunciar y luego ratificar la denuncia que hicieron en comisarías. (...) Con la impunidad para el agresor, el Poder Judicial agrega otro tipo de violencia para la denunciante: la violencia institucional. Muchas de las víctimas de femicidios habían denunciado antes y en reiteradas ocasiones al asesino. A tantas otras mujeres no quisieron tomarles las denuncias. Esta inercia no puede continuar.
Desde aquel 2015 los debates sobre el rol de la justicia, los procesos, el punitivismo y las estrategias de acceso a reparaciones fueron centrales para los activismos dentro y fuera del ámbito judicial. Desde Tiempo Judicial consultamos a abogadas y trabajadoras del poder judicial con perspectiva de géneros para pensar colectivamente el presente de estos debates dentro de la justicia, lo que se logró hasta ahora y qué pasos quedan para el futuro.
Ileana Arduino - INECIP
No hay en el ámbito judicial gran velocidad en las transformaciones si pensamos en la profundidad de las violencias. Pero hay avances en términos de visibilización, ciertas luchas han recobrado sentido.
La obtención de una sentencia hito como la del caso Sacayán hubiera sido impensable sin el movimiento trans-travesti y luego el acompañamiento institucionalizado, pero no debemos perder de vista la articulación de los recursos técnicos con el activismo que es lo que, según les protagonistes, hizo la diferencia. Luego, el avance en el reconocimiento de violencias en casos antes impensados, como los que han tenido que ver con el juzgamiento de violencias sexuales que le vienen dando batalla a concepciones conservadoras y androcéntricas en torno a la idea del consentimiento. Del otro lado, fallos descarados que emparentan al Poder Judicial con la profundización de la impunidad antes que con su erradicación. Pero aún así, se ha construido un campo de disputa incluso al interior de los discursos y espacios jurídicos. No es poco.
El reconocimiento de la importancia de esta agenda a través de la creación de instancias especializadas en los ministerios públicos y en las defensas es un punto de partida. No deberíamos confundir asignación especial de competencia con competencias y solvencia específica para trabajar estos casos en el caso de las persecuciones penales.
Resta también considerar la demora en el desarrollo de respuestas más complejas que rompan el par que iguala justicia con condenas penales. La demagogia punitiva que ha implicado sostener en fallos como Góngora que hacer justicia es prohibir respuestas alternativas a la cárcel, más orientadas a la reparación que a penas que nunca llegan porque más del 80% de los casos que ingresan se archivan. Hay que romper la idea cómplice de que justicia es promesa de cárcel para avanzar hacia mayores exigencias que hagan de la reparación y la responsabilización ante los hechos concretos una posibilidad.
Ese movimiento institucional de más reparación y menos castigo es un movimiento hacia la eficacia, nunca ensayado y siempre demorado, con la promesa de castigos que no llegan nunca y cuando llegan replican violencias que responden a la misma matriz que las feministas decimos repudiar.
Indiana Guereño - Abogada y docente
La consiga "no estamos todas, faltan las presas" resume la necesidad urgente de hablar con y por ellas. A cinco años de Ni Una Menos, es necesario visibilizar el padecimiento de las mujeres madres privadas de su libertad atrapadas en un sistema netamente patriarcal como el penal.
Son mujeres jóvenes, madres de familias monoparentales de más de tres hijes promedio, que no tuvieron en su trayectoria de vida trabajo formal ni terminaron sus estudios y fueron víctimas de violencia de género. La mayoría se encuentra en prisión preventiva acusadas por delitos denominados de supervivencia: venta de estupefacientes en el último eslabón de la cadena y hurtos.
Las mujeres en prisión viven un "plus de sufrimiento". En virtud de los roles estereotipados imperantes en nuestra sociedad, el peso de lo que padecen les hijes a partir de su encarcelamiento les pesa mucho porque son su único referente. Cuando una mujer madre ingresa a prisión niños, niñas y adolescentes deben mudarse con otras personas o a instituciones estatales. Cuando tienen menos de cuatro años pueden, incluso, vivir en la cárcel junto a ellas. También hay que visibilizar qué ocurre en las prisiones domiciliarias en relación con las necesidades básicas del grupo familiar.
Agustina Galindez - Prosecretaria Administrativa de la Cámara de Casación Penal - Integrante del colectivo Desarmando
En el Poder Judicial ya contábamos con herramientas legales para derribar la desigualdad de géneros, pero el movimiento de mujeres logró consolidar el tema en la agenda judicial. El Ni Una Menos visibilizó el nivel de violencia al que estamos expuestas mujeres y disidencias por el hecho de serlo. Se lograron así fallos emblemáticos, como la condena por el travesticidio de Diana Sacayán, y las que se dictaron en los casos de Cristian Aldana y de Lucas Carrasco, entre otros, por delitos contra la integridad sexual.
Antes de 2015 la “justicia” venía trabajando con el falso SAP (síndrome de alienación parental) y profundizaba los estereotipos de género, de modo que los cambios impulsados a partir del Ni una menos y el movimiento feminista en general son en realidad grandes avances en un sistema tan conservador y anacrónico.
Además, se avanzó en la formación de lxs operadorxs judiciales, tarea que por supuesto no está completa, pero implicó por lo menos un progreso hacia adentro. La Ley Micaela, que obliga a todos los poderes del Estado a capacitarse en temáticas de género, es un caso concreto de la evolución en este sentido pese a los problemas que presentó su implementación como formación obligatoria.
Las resistencias aún son visibles, como sucedió en el caso de Luz Aimée Díaz con los jueces Rizzi y Anzoátegui que se negaban a reconocer su identidad de género autopercibida en desconocimiento de la Ley 26.743. Por esa razón creemos que es importante para las mujeres y disidencias que trabajamos en el sistema judicial, seguir disputando los espacios, y hacer eco de las demandas que se escucharon con fuerza a partir del 2015, y que tuvieron un considerable impacto en la práctica judicial.
Melisa García - Presidenta de Abofem Argentina
El Poder Judicial está haciendo agua con lo que respecta a la violencia de género, la denuncia previa y su tratamiento en el proceso. Hay un principio rector como el de que “el interés es la medida de la acción”, que apunta a quien esté interesadx en iniciar una causa -o quien pueda, según sus privilegios de acceso-, tendrá que accionar y movilizar ese expediente para que tenga movimiento, porque se supone que es la persona que va a agilizar las pruebas y aportar lo necesario.
La justicia termina en muchos casos favoreciendo a las personas violentas, que al tener mayor facilidad de acceso tiene mayores resultados. La violencia queda muy solapada. Hay muchos expedientes de denuncias de violencias recíprocas que prosperan más para el denunciado. No podemos dejar de lado la ratificación de las denuncias, el rol de las comisarías de las mujeres, sobre todo en la provincia y en los municipios donde aún está muy estereotipado el lugar de la mujer que denuncia.
El sistema es muy revictimizante, en la ratificación de los dichos la falta de datos se debe a la violencia ejercida que viven esas mujeres. El sistema violenta y lamentamos situaciones como las que salen en los medios de femicidios. Realmente el femicidio es algo totalmente evitable. Si bien se visibiliza mucho más la violencia y hay más canales ahora, los de denuncia no están todavía agilizados. Falta mucha formación. Considero que este cambio tiene que darse, hay que plantear la perspectiva de género en la práctica. Es algo que podemos erradicar entre todos, desde cada rol. La Justicia tiene que estar a la altura.
Mirta López González - Ex Jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de CABA
Este es un país federal, con muchas realidades diferentes en los poderes judiciales de la Argentina: el poder judicial no es homogéneo. Mi experiencia es en la justicia nacional. A partir de Ni una menos se instaló dentro de los tribunales otra mentalidad, de alguna manera compartida por las mujeres que formaban parte del poder judicial. Como jueza de la camara penal advertí varias modificaciones: se trató a partir de las denuncias en la OVD (que ya existía, porque fue creada en 2008) que esa denuncia fuera la primera y única, sin revicitimizar pidiendo ratificación. Antes, si no se ratificaba se archivaba.
De distintas formas se empezó a tomar a la voz de la mujer denunciante y se empezó a ponderar sus dichos. El Poder Judicial está integrado en los lugares de mayor jerarquía por varones, es muy conservador y si bien hubo cambios esto no está exento de que en algunos de los argumentos de las resoluciones y sentencias se filtren resabios patriarcales. Por otro lado tenemos sentencias como la de Sacayán, donde por primera vez se logró una condena que se calificó como travesticidio. Los prejuicios son advertidos, yo como jueza y la única mujer en mi cámara advertía en lo cotidiano prejuicios en el análisis de los hechos. No obstante, creo que el empuje del NUM y los feminismos está produciendo dentro del Poder Judicial una modificación que se va a ir viendo a partir de los años.
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