El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) solicitó ser querellante ante el Juzgado Federal N°1 de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Villena, donde tramita la causa por presunto espionaje ilegal a políticos y funcionarios durante la gestión anterior en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
En el escrito se recuerda que en junio de 2019, un matriculado de esa entidad, Alejandro Rúa, se presentó denunciando “la existencia (y posterior difusión) de escuchas telefónicas a las conversaciones realizadas entre abogados y sus clientes detenidos en el Complejo Penitenciario de Ezeiza, lo que constituía un avasallamiento al secreto profesional; así como de las conversaciones entre los detenidos y sus familiares y amigos en un claro avasallamiento de derechos personalísimos a la intimidad”.
Cabe recordar que el mismo letrado denunció esta situación ante el Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García Sayán.
La entidad que nuclea a los abogados manifestó que ante los hechos narrados, solictaron ante la Corte Suprema de Justicia que se arbitren medidas para “poner fin de forma definitiva a tal irregularidad, violatoria de derechos constitucionales y convencionales”. En consecuencia, el máximo tribunal dictó la Acordada 17/2019 mediante la cual expresó su preocupación por los hechos.
“El interés del Colegio Público que represento, se encuentra circunscripto a las condiciones y circunstancias que afectaron la Sala de Profesionales ubicadas en el Complejo citado, y, del mismo modo, a las salas en las que se realizaban las reuniones o conferencias entre el abogado y su cliente, encontrándose, así, afectado de modo directo e inaceptable, la confidencialidad que debe ser inviolable en esa relación”, fundamenta el escrito judicial presentado por el presidente de la mencionada colegiación, Eduardo Awad.
Por último, agrega: “La inviolabilidad del secreto profesional es, amén de una obligación indeclinable, un derecho, y que revelar el contenido de una conversación entre un justiciable y su defensa, pone en serio peligro, la confiabilidad del sistema de justicia, la seguridad de los justiciables y la integridad de los profesionales involucrados”.
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