Al día de hoy, el Patronato de Liberados (PDL) bonaerense asiste a un total de 40.243 personas que fueron condenadas por distintos tipos de delitos sean leves o graves. El organismo provincial es un auxiliar de la Justicia que presenta dificultades en su funcionamiento y tiene bajo presupuesto. Por eso hay un consenso político para reestructurarlo.
Su primer nombre fue Instituto de Investigación y Docencia Criminológica con un Decreto 23.958 del Poder Ejecutivo Provincial de 11 de octubre de 1949. En 1950, se sanciona el primer Código de Ejecución Penal de la Provincia de Buenos Aires, a través del cual se oficializó el Patronato de Liberados como entidad autárquica de derecho público, status que se mantiene hasta la fecha.
Mediante entrevistas, seguimiento y hasta con ayudas económicas este organismo “auxiliar de la justicia” tiene como objetivo fomentar la reinserción de los personas con conflictos con la ley.
Hoy, de las más de 40 mil personas que se intentan monitorear se dividen en dos clases. Una se denomina “Pospenitenciarias” son personas que ya estuvieron presas y el Poder Judicial determinó que terminen de cumplir la pena fuera de la cárcel: 2.201 por “Libertad Asistida” y 3.123 por “Libertad Condicional”, entre otros. Las “No Penitenciarias” son personas que nunca pasaron por la cárcel y fueron condenados en forma “condicional” (14.947 casos) y en un número similar, 13.813, la justicia dictó la “suspensión del juicio a Prueba”.
Según datos del propio organismo dirigido por el abogado Aníbal Hnatiuk, el 52% de los ciudadanos que son monitoreados por el PDL poseen entre 21 y 32 años. Hoy cuenta con un presupuesto (mismo que 2019) cercano a los 600 millones de pesos y 25% menos de personal. En 2016, el presupuesto fue de 250 millones y la mayoría son trabajadores sociales que coordinan la asistencia a las personas que salen de prisión o a quienes el juez obligó a asistir al patronato a cumplir una pena alternativa a la prisión.
Esta semana el ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, realizó una reunión virtual con los integrantes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia, y Seguridad y Asuntos Penitenciarios de la Cámara de Diputados y el Senado bonaerense.
En la reunión se acordó una mesa de trabajo de legisladores, ministerio, organizaciones de víctimas, colegios de abogados y asociaciones de magistrados para avanzar en un proyecto de reforma del Patronato con un rediseño de la estructura territorial de manera tal que genere más presencia del Estado en los lugares con mayor número de detenidos y liberados.
Fotos: crédito SPB. 
Fotos: crédito SPB. 
Religión, deportes, capacitaciones y oficios son alternativas dentro y fuera del penal.
Según las fuentes consultadas de los tres poderes del Estado bonaerense, los ejes de la reforma son “disminuir los índices de reincidencia”, “un cambio de paradigma del trabajo postpenitenciario” y la “readecuación del organismo generando áreas de inclusión social”.
En esta reunión vía zoom, Alak destacó que el Patronato de Liberados “es insuficiente, hay que rehacerlo, refundarlo. Vamos a pedir una nueva ley del Patronato para trabajar en reducir la reincidencia porque el organismo ya no puede dedicarse sólo a controlar”.
En el mismo sentido, en diálogo con este medio Hnatiuk aseguró que la idea de la reforma es “cortar la cadena de reincidencia a través de la inclusión. Es un fenómeno importante en nuestro país por eso tratamos desde el patronato de cortar los hilos de reincidencia a través de la inclusión a través de la formación laboral, la continuidad educativa así como buscamos incorporar a actividades culturales y deportivas para las personas privadas de su libertad que tienen que asistir al patronato y son en su mayoría jóvenes menores de 30 años”.
El legislador del FDT, Jorge D’onofrio, expresó que “se planteó la necesidad de dividir a los internos por municipio y no por departamento judicial así como comprometer a los municipios en el trabajo de control y en la ayuda para la reinserción a través de la capacitación y el trabajo, entre otras actividades”.
Por el lado de los magistrados, el juez de Necochea, Mario Juliano, expresó que “acompaña la iniciativa de Alak que busca promover la reforma del patronato que no mostró eficiencia en su labor hace muchos años y que no está dando respuesta a la cantidad de personas que egresan del servicio penitenciario”. “Es una verdadera necesidad que la personas tengan la posibilidad de reinsertarse a través de una política pública revisada y construida en mayor eficiencia y mejores ideas”, agregó.
Po último, el titular del PDL agregó que “las personas que salen en libertad con las condiciones que el juez impone en su mayoría son jóvenes en condiciones de pobreza, en situación de calle, o con problemas de adicciones”. Por estos motivos, entienden desde todos los sectores que la reforma debe ser “estructural” y hasta incluiría un cambio de nombre del organismo que se creó en la segunda presidencia de Juan Domingo Perón.
En 2017, el entonces secretario de Derechos Humanos, Santiago Cantón, había admitido que el patronato de liberados bonaerense era “un fracaso” ya que en él trabajaban 600 asistentes para controlar a 48.000 detenidos. La Ley 12.256 de Ejecución Penal bonaerense recomienda una cantidad de “un trabajador social cada 30 liberados”. Según los datos del organismo, hoy hay 40 mil liberados que deben ser monitoreados por lo cual se necesitarían 1300 trabajadores sociales, que no los hay. La reforma está en marcha.
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