La provincia de Buenos Aires atraviesa un escenario de diversas complejidades, que se agudizan aún más ante el aislamiento. En ese contexto, en el mes de mayo el Poder Legislativo sancionó la ley de emergencia por violencia de género. Estela Díaz, quien conduce el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, dialogó con Tiempo Judicial sobre las medidas que se están adoptando desde esa cartera en el marco de la pandemia y cuáles son las políticas públicas pensadas a futuro.
Desde el ministerio que conduce se convocó a una Mesa Permanente de Articulación de políticas de Género y Diversidad Sexual entre los tres poderes del Gobierno de la Provincia. ¿Cuáles son los principales ejes de trabajo?
Hicimos la segunda reunión, habíamos hecho una constitutiva y después hemos mantenido trabajos en equipo, especialmente con el Poder Judicial, por temáticas comunes que todo el tiempo nos atraviesan en torno a las intervenciones de violencia de género, pero no en lo único. También, por la situación de mujeres y poblaciones travesti trans privadas de su libertad.
Fue un encuentro muy bueno donde estuvieron las máximas autoridades de todos los organismos, diputados, la vicegobernadora Verónica Magario, en representación de la Suprema Corte el ministro Sergio Torres, el Procurador General Julio Conte Grand. Cada poder informó cómo viene trabajando. También, hay un programa de avance en la implementación y certificación de la Ley Micaela.
Estoy muy satisfecha por esta mesa de trabajo y creo que vamos a avanzar de manera significativa en estos temas y en muchos otros que seguramente se irán incorporando.
¿En qué otras cuestiones están trabajando en conjunto con el Poder Judicial provincial?
Estamos trabajando en una aplicación para mejorar el acceso a las denuncias y a las medidas de protección. Va a ser un paso muy importante, es en conjunto con la Suprema Corte, la Procuración y el Ministerio de Seguridad. También, en torno a algunas preocupaciones puntuales que había en el tema de las pericias forenses en el contexto de pandemia, debido a que se presentan dificultades y eso es clave para las causas penales. Además, se formuló la cuestión de los procesos judiciales por alimentos.
¿Aumentó la cantidad de denuncias de violencia de género en la pandemia?
Tenemos la línea 144, a la que le agregamos WhatsApp, y aumentó cerca de un 40% las consultas por violencia de género. Además, muchos municipios y áreas de género locales han incrementado significativamente las consultas y también han colocado líneas de WhatsApp que ha resultado un dispositivo útil en este contexto. Han bajado las denuncias presenciales por razones obvias. Además, a veces hay obstáculos en las policías para la toma de denuncias. El propio Ministerio de Seguridad colocó afiches en las comisarías planteando que allí tienen derecho las mujeres que se les tome la denuncia.
En ese sentido, ¿qué evaluación hacen desde el Ministerio sobre cómo se tramitan los procesos judiciales en materia de género en la Provincia?
En principio comenzamos a trabajar con las cuestiones más urgentes que surgen en este contexto de Covid. Ante el aislamiento, muchos juzgados están trabajando y recibiendo demandas por violencia de género. El camino de este debate tiene que ver con el avance en la formación de perspectiva de género en la Administración de Justicia. La continuidad del diálogo de esta Mesa Interpoderes nos va a permitir ir construyendo un diagnóstico más a largo plazo.
¿Qué tipo de medidas se impulsan desde el Ministerio para abordar la situación de los varones que ejercen violencia?
Tenemos una Dirección de la Promoción de Masculinidades para la Igualdad en la que estamos trabajando en dos sentidos. Uno tiene que ver con las tobilleras, que son dispositivos duales que se determinan a partir de medidas judiciales pero que para implementarlo participan las áreas de Género locales, Seguridad y nuestro organismo. Allí fuimos redefiniendo los mecanismos y protocolos. Nuestro ministerio hace los entrenamientos a los municipios para la implementación y además hemos favorecido que muchos accedan. Hasta diciembre eran sólo 20 municipios y muchos de ellos incluso tenían dispositivos que hasta con órdenes judiciales no se colocaban, así que diría que hemos colocado casi el doble que en toda la gestión anterior. Estamos trabajando de manera muy activa para mejorar las características y su alcance.
También, trabajamos con el Colegio de Psicólogos y la Facultad de Psicología y en diálogo con los equipos que atienden masculinidades porque estamos pensando incluso en una línea telefónica que aborde la cuestión.
Por otro lado, está todo el tema de la promoción de masculinidades para la igualdad, de revisión de los patrones culturales patriarcales. Ahí hay un trabajo de cambio cultural que son líneas en las que hemos hecho campaña de comunicación y que vamos a seguir trabajando mucho.
¿Qué diagnóstico hacen de la situación de las mujeres privadas de libertad junto a sus hijos menores de cuatro años?
Nuestra legislación vigente y los tratados y convenciones de Derechos Humanos que nuestro país ha adoptado establecen que las mujeres privadas de su libertad con sus hijos menores de edad tienen que tener condiciones distintas de detención. Esto se trabajó desde que llegamos al Ministerio. La Subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad Sexual es la que se ocupa de esta temática y hay una mesa de trabajo con el Poder Judicial y organizaciones que abordan la cuestión.
Nos encontramos con un Servicio Penitenciario estallado y sobrecargado de manera exponencial durante los últimos años, así que especialmente se ha trabajado la situación de las mujeres. También, en conjunto con el Patronato de Liberados, nos hemos encontrado con situaciones de extrema pobreza, donde las mujeres no tienen a dónde a ir en caso de una prisión domiciliaria. Hay un abordaje que está tratando de mirar el conjunto de esa problemática.
Con respecto a la población travesti trans privada de su libertad, ¿qué medidas se han adoptado?
Se han hecho apoyos especiales en todo lo que tiene que ver con situación sanitaria, para la continuidad de los tratamientos de hormonización, y para las problemáticas de salud que requieren medicación y asistencia. En algunos casos se han otorgado prisiones domiciliarias en este contexto de pandemia entendiendo que es una población de riesgo en su mayoría. La Directora Provincial de Políticas de Diversidad Sexual, Daniela Castro, y la Subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad Sexual, Lucía Portos, han estado trabajando con el penal de Batán y el de Varela, atendiendo distintas situaciones puntuales además de en la problemática en general.
En diciembre se reglamentó la Ley de Cupo Laboral, ¿en qué estado se encuentra su implementación?
Se está trabajando en un programa integral para el cumplimiento del cupo laboral trans. Hay que generar las condiciones de esa inclusión en la Administración Pública. Estamos con el registro prácticamente listo para presentarlo los próximos días junto con el Ministerio de Trabajo, porque es la cartera responsable de ese registro.
¿Qué otras medidas legislativas evalúan promover desde el Ministerio?
Nos parece que sería muy importante una Ley Integral de Violencia de Género para la Provincia de Buenos Aires. Tenemos la Ley 26.485 que es la Nacional que tiene alcance para todo el país y tenemos la 12.569 que en su procedimiento judicial fue adecuada al procedimiento que establece la ley nacional integral, pero esa es una ley de violencia familiar. Nos parece interesante que se avance en una ley integral en la provincia. También creemos que hay otras normativas necesarias en torno al parto humanizado. Estuve reunida con legisladoras provinciales, como Florencia Saintout que preside la Comisión de las Mujeres, trabajando con estos temas y pensando en legislaciones en torno a población travesti trans.
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