El Ministerio de Seguridad de la Nación, que conduce Sabina Frederic, denunció a Pablo Nocetti, ex jefe de Gabinete de esa cartera durante la gestión de Patricia Bullrich, por presuntas irregularidades en el operativo en el que derivó en la muerte de Santiago Maldonado. Denuncia completa presentada en Comodoro Py.
En la presentación también se apunta contra dos jefes de Gendarmería de aquel momento: el ex Director Nacional Gerardo Otero y el Subdirector Nacional Ernesto Oscar Robino.
La denuncia quedó a cargo del juez federal Sebastián Casanello. Allí se apunta contra los mencionados ex funcionarios por presuntas "perturbaciones al ejercicio de la función pública, usurpación de autoridad, abuso de autoridad y violación de deberes".
La presentación, a la que accedió Tiempo Judicial, hace una descripción de los hechos sucedidos el 1 de agosto del año 2017 en la Ruta Nacional 40, Paraje Leleque, provincia de Chubut, que tuvieron como consecuencia la desaparición de Santiago Maldonado. El Juzgado Federal de 1º Instancia de Esquel había ordenado al Escuadrón 35 El Bolsón, el despeje de la carretera, que fue concluido cerca de las 3:30 de la madrugada del dia siguiente.
En esa orden el magistrado indicaba, concretamente, intimar a las personas que se encontrasen sobre la Ruta Nacional 40 a que cesen de impedir, obstruir u obstaculizar la circulación del tránsito vehicular en ambas direcciones, haciéndoles saber que, siempre y cuando no incurran en actos de violencia, podrían manifestarse fuera de la calzada bajo la supervisión a prudente distancia de las fuerzas de seguridad
Con respecto al comportamiento de Pablo Nocetti, sostiene que su accionar previo y durante la ejecución de los operativos acaecidos, “podría configurar una violación de los deberes de los funcionarios públicos, excediéndose en el cumplimiento de las funciones que le era propia, ejerciendo funciones que le corresponde a otro cargo”.
En ese mismo sentido, explica que tal exceso constituiría una indebida injerencia en el cumplimiento de una orden judicial, “en tanto su carácter de autoridad política administrativa le impide involucrarse y dar directivas a la Fuerza cuando ésta actúa como órgano auxiliar de la Justicia, estorbando y desvirtuando la orden del magistrado”.
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