Cada uno conectado de forma on line desde su domicilio junto a los senadores que integran las comisiones en las cuales se debate el proyecto de Reforma Judicial en el Senado nacional, esta jornada tuvo la exposición de la defensora general de la Nación, Stella Maris Martinez, del abogado Alejandro Fargosi, el fiscal Carlos Rívolo, la directora ejecutiva del CELS Paula Litvachky, las fiscales Gabriela Baigún y Mónica Cuñarro, el ex titular del Colegio Público de Abogados de la Ciudad Jorge Rizzo, Alejandro Gil Domínguez, y el referente de la Federación Argentina del Colegio de Abogados (FACA), Fernando Díaz Cantón.
La ronda de exposiciones en el plenario virtual de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales del Senado la abrió la histórica defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, quien resaltó que “es necesaria una reforma de la justicia federal pero que el proyecto presenta serios problemas de implementación del nuevo sistema acusatorio”.
“Entiendo que la aplicación pura y dura del sistema acusatorio hubiera implicado disolver juzgados federales, disolver cámaras y crear colegios de jueces, y por un problema de oportunidad no puede hacerse”, indicó, aunque consideró que podrían haberse tomado “modelos muy virtuosos” como los de Chubut, Neuquén, Entre Ríos o Río Negro, provincias donde ya se aplica el sistema acusatorio.
“Me parece que habría que adecuar los números. Por ejemplo, en Chubut hay un 53% de fiscales, un 31% de defensores y solo un 16% de jueces; toda vez que los jueces son jueces de garantías, no de instrucción, y por ende tienen menos trabajo”, explicó.
El titular de la Asociación de Fiscales, Carlos Rívolo, criticó la reforma judicial porque “pone en riesgo la verdadera reforma que impulsamos los fiscales ya que se impulsa una superpoblación de jueces”. En tanto, puso ejemplos en la justicia porteña, de salta y de la provincia de Buenos Aires donde hay más fiscales que juzgados. Por ejemplo: en Morón hay tres juzgados y dos fiscalías. Y no se proponen fiscalías y si dos juzgados más. “Creemos que tiene que haber menos jueces y más fiscales así como que las especialidades es algo reclamado en la universidad por eso el conflicto uniendo el fuero penal económico y el criminal federal”, agregó el fiscal federal.
La fiscal ante tribunales orales federales en Comodoro Py, Gabriela Baigún, expresó que “estoy de acuerdo con la reforma de la justicia federal porque es un poder judicial que tiene mas poder que todos los poderes políticos que hace años quieren licuar su poder. Es un poder judicial que se maneja con oscurantismo y para eso tenemos el sistema legislados que es la ley que rige el sistema acusatorio, y las de ministerio público”.
En tanto, la funcionaria nacional, Elizabeth Gómez Alcorta, hizo hincapié en la perspectiva de género en el poder judicial en el marco de los proyectos de ley que se debaten en el Senado con datos. La ministra informó que “en los juzgados federales de todo el país, incluyendo los de la Ciudad de Buenos Aires, los titulares son en un 79% varones, y solo un 21% son mujeres”.
Y, según parlamentario, Gómez Alcorta precisó que hay “cifras similares en los tribunales orales federales y en las defensorías, mientras que en las cámaras federales la brecha es “un poco menor” y en “las fiscalías es mayor, con un 79,8% de hombres y un 20,2% de mujeres”. Y puso como ejemplo extremo la Cámara Federal de La Plata, donde “hay 20 jueces varones y ni una sola jueza mujer”, y agregó que en Salta “hay 11 fiscales varones y ni una sola mujer”.
El ex titular del Colegio Público de Abogados de la Ciudad, Jorge Rizzo, precisó que las reformas “seria e integral” que tienen que apuntar al “abogado de la valija”. “La reforma tiene que tender a la recuperación de la confianza de la ciudadanía en el poder judicial mejorando los procedimientos y que los procesos sean breves y lograr su abaratamiento para el beneficio de la gente”. En tanto, agregó que el “traspaso no mejorará la situación de los justiciables sino clientelismo de los jueces que actúan en esa competencia” ya que es “muy conocida la manera particular en que llegan a sus cargos los magistrados en la justicia porteña que se manejan de una forma uy similar a la mesa judicial que dirigía idénticas situaciones en el fuero federal entre 2015 y 2019”.
El abogado y ex candidato a presidente del CPACF, Alejandro Fargosi, explicó que “de un total de 988 cargos de jueces, hay vacantes en 291 -casi la tercera parte-, de los cuales 153 tienen ternas en manos del Poder Ejecutivo desde hace siete meses, que podrían perfectamente ser enviadas al Senado para obtener acuerdo y cubrir esas vacantes”.
“El problema no es la cantidad de jueces; el problema es la calidad de los jueces”, algo que “se puede solucionar a través del funcionamiento pleno del Consejo de la Magistratura en lo que hace a sacar del sistema a los jueces que no merecen serlo”, agregó Fargosi.
En tanto, el abogado constitucionalista Alejandro Domínguez, explicó que “el aspecto positivo es la unificación de los fueros criminal y económico porque es una demanda de la sociedad y una deuda de la democracia”. En tanto, dijo que el “aspecto negativo es la creación de nuevos tribunales y juzgados porque las subrogancias deben ser excepcionales”.
La directora ejecutiva del CELS Paula Litvachky, hizo énfasis en que la reforma tiene que apuntar al “fortalecimiento del Ministerio Público Fiscal y el nuevo código de procedimientos” y es un “problema importante la creación de más juzgados y más secretarias porque seguimos atados al viejo régimen inquisitivo mixto que la hoguera no es una metáfora y mostró expedientes que no se conocen y prisiones preventivas”. “Hay que romper este cerco y lógica de la justicia federal junto a la reforma de la agencia de inteligencia”, agregó.
El titular del Instituto de Estudios Legislativos de la Federación Argentina del Colegio de Abogados (FACA), Fernando Díaz Cantón, resaltó que hay que sumarle al proyecto la “creación de la oficina judicial que se encarga de los trámites administrativos”. El abogado destacó que "el propósito de este proyecto va en contra de lo que se quiere sancionar". "Estamos llenando la justicia de no jueces porque los jueces que están nombrando son jueces investigadores. Tampoco los quiero llamar inquisidores, pero un juez investigador no es un juez. Un verdadero juez es el juez de garantías", explicó.
La fiscal Mónica Cuñarro cerró la ronda de exposiciones destacando que "la propuesta es imprescindible porque es el único poder que no ha sido reformado y creo que esto debe acercar a las distintas fuerzas políticas en una tarea que hace a la democracia". Señaló que "para reformar la Justicia en el campo penal hay que robustecer el Ministerio Público Fiscal y no al juez. Hay que dotarlo de las capacidades investigativas para esa criminalidad".
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