La Asociación de Profesores de Derecho Procesal Penal (AAPDPP), que nuclea a abogados y abogadas que ejercen en todo el país, emitió un comunicado basado en la “experiencia recogida por sus integrantes quienes en las diversas provincias han asesorado y colaborado en la implementación de la mayor parte de las reformas judiciales” de la Argentina.
En diálogo con Tiempo Judicial, su vicepresidenta, la jueza de Morón, Mariana Maldonado, explicó que puntos son los más conflictivos de la Reforma Judicial planteada, habló de la implementación del sistema acusatorio y la ampliación de juzgados, no de fiscalías luego del comunicado que emitió la entidad de profesores de todo el país de Derecho Procesal Penal.
¿De los 10 puntos que expresa la AAPDPP cuál es el más conflictivo?
El tema más conflictivo es que no hay un plan estratégico de nombramiento de jueces federales en una estructura judicial que sería basada en un sistema acusatorio que se basa en la oralidad y las audiencias. La estructura que pretende la Reforma Judicial no sería acorde al nuevo sistema acusatorio porque tiene que haber más fiscales, no jueces, así como tiene que haber “oficinas de gestión judicial” que se encargan de la parte burocrática de la organización de los juzgados para erradicar el expediente y llevar todo a un sistema oral.
¿Es necesaria una reforma judicial?
Soy categórica en decir que sí es necesaria una reforma en la justicia nacional y federal porque urge una reforma judicial profunda y necesaria. La actual es anacrónica y casi irrespetuosa de la Constitución porque siguen trabajando en la lógica del expediente lejano a los principios que emanan de la efectiva implementación de un sistema acusatorio, de oralidad y publicidad de los actos de gobierno del poder judicial.
¿El proyecto de ley no va en línea con la implementación del nuevo sistema acusatorio que rige el Código Procesal Penal Federal?
Para nada y me animo a decir que es todo lo contrario. Las reformas propuestas no se condicen con los requisitos que deberían cumplirse para la efectiva implementación de un sistema procesal en oralidad como es el que se pretende y que es el espíritu del Código Procesal Federal que ya es ley y que ya se implementa en el norte del país, en Jujuy y Salta.
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