Las justicias provinciales, a fuerza de profesionalización de sus equipos y beneficiadas por la precarización periodística, influyen en la agenda mediática, logran altos índices de publicación y los porcentajes de negatividad son inusualmente bajos. Pero este éxito coincide con el momento de mayor deslegitimación de los medios de comunicación. Remamos hasta el Titanic.
En 14 medios digitales de Río Negro se publicaron un poco más de 7000 noticias judiciales el año pasado. El índice de negatividad fue del 3,5 por ciento. En palabras de Kevin Lehmann, “el Poder Judicial no tiene un problema de comunicación con el periodismo”. Sin embargo, alcanzada esta meta, la imagen no mejora.
Si las audiencias migraron de los medios a las redes ¿la comunicación judicial tiene que correr a Facebook, Twitter , Instagram, Youtube y “hasta Tik Tok no paro”? Sí, porque ahí está su público. Pero de nada sirve si lo hace con su lenguaje escrito, racional y argumentativo en un ámbito donde reina lo emocional y lo audiovisual.
La idea iluminista considera que a los fallos les falta “traducción” al lenguaje llano. Si se entienden, se van a aceptar. Pero la comunicación política está repleta de ejemplos de decisiones perfectamente explicadas y mayoritariamente rechazadas.
En este punto radica el agotamiento del paradigma actual, basado en la transmisión de datos y en la indiferenciación entre opinión pública y medio. Si hay algo que debemos aprender de otros campos de la comunicación, es que lo que transmiten las instituciones no son noticias, sino valores.
Hoy, los poderes judiciales están imposibilitados de transmitir valores que sean socialmente compartidos. No porque sus operadores no los tengan. Por el contrario, la inmensa mayoría de valores individuales de los y las operadores del servicio no puede trasladarse a la percepción general de la institución.
Una hipótesis inicial, que necesita desarrollo teórico, es que esa imposibilidad de transmitir valores radica en que, en términos comunicacionales, el Poder Judicial es una de las instituciones menos jerárquicas. En efecto, lo que la ciudadanía percibe de “la Justicia” (¡cuanto daño ha hecho esta denominación!) se encarna en decisiones individuales y autónomas.
La independencia de cada juez, base del sistema republicano, es una herida mortal para la comunicación institucional tal como la concebimos. A diferencia de una gestión de gobierno, de una empresa o una ONG, lo que transmitimos no son los valores del Poder Judicial, sino decisiones y valores individuales de centenares de jueces y juezas.
Otro punto exclusivo es la negación del beneficio de inventario. A diferencia de la comunicación política, la comunicación judicial no tiene la chance de hacer borrón y cuenta nueva. Los problemas que enfrentan los poderes Ejecutivo y Legislativo se personalizan, pero la asignación de responsabilidad tiene fecha de vencimiento, que coincide con el mandato. Los conflictos mediatizados del Poder Judicial -como los casos impunes-, en cambio, recaen sobre el sistema en su conjunto y no se dispersan con las renovaciones de nombres en la magistratura.
Junto a esos desafíos, la creación de un campo propio para la comunicación judicial debe resolver otra característica intrínseca del Poder Judicial: como su funcionamiento incorpora la revisión de las decisiones como un elemento central, la comunicación debe ser capaz de argumentar y convencer a la sociedad sobre lo adecuado de una resolución. Un tiempo después, tal vez deba persuadir sobre lo apropiado de una sentencia diametralmente opuesta. Todo indica que no alcanza con explicar cómo funciona la doble instancia para ser creíbles.
Para atravesar sus límites, no basta con herramientas prestadas. La comunicación judicial necesita reivindicar un campo de estudio original, generar contenidos teóricos y prácticos autónomos que den cuenta de su especificidad.
El autor es Director de Comunicación Judicial del Poder Judicial de Río Negro. Profesor en la carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Río Negro. Investigador del Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno de la UNRN.
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