La vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Elena Highton de Nolasco, participó del cierre de la capacitación dictada por el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (UNLIREC), donde señaló la necesidad de “desarmar a los violentos” e hizo un repaso de las acciones puntuales adoptadas en los últimos diez años por el máximo tribunal sobre violencia de género.
Durante el curso centrado en investigaciones de delitos con armas de fuego desde una perspectiva de género destinada a los poderes judiciales de todo el país, la ministra hizo hincapié en que, según el Registro Nacional de Femicidios publicado en junio pasado, “uno de cada cuatro femicidios fue cometido con armas de fuego” y que “al menos dieciséis de los sujetos activos tenían autorización legal para portarlas”. “Doce de ellas, como mínimo, eran armas reglamentarias de las fuerzas de seguridad", remarcó.
"La capacitación permanente en esta temática nos permitirá avanzar en la protección de los derechos humanos de las mujeres, pero aún hay mucho por trabajar, y el mensaje es muy claro: la violencia es inadmisible, no hay excusas para la violencia de género", afirmó la ministra, y remarcó que desde 2009 la Oficina de la Mujer viene trabajando con la capacitación como eje, tras diseñar el primer programa de capacitación para el Poder Judicial sobre perspectiva de género. "Nuestros talleres fueron reconocidos por las Naciones Unidas y los hemos compartido con los poderes judiciales y ejecutivos a nivel regional", señaló.
Highton destacó que de a poco fuimos “creando espacios” con el apoyo de todas las jurisdicciones del país para pensar los “estereotipos de género que limitan a las mujeres y generan graves desigualdades entre varones y mujeres”.
En esta línea, explicó que esta situación nos llevó a reflexionar sobre “nuestra labor judicial y la necesidad de ampliar la capacitación en diversos abordajes de género (género y legítima defensa; sentencias con perspectiva de género; desigualdades en el acceso a bienes y servicios desde una perspectiva de género; género y violencia; género y debida diligencia, entre otros)".
"El objetivo de la capacitación es mejorar el servicio que se ofrece al justiciable y brindar un inmediato acceso a justicia a las personas afectadas por hechos de violencia. Esta política se completó con la creación, en 2008, de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD).
Durante 2019, la OVD atendió a 16.450 personas afectadas por hechos de violencia. La mayoría de las denuncias fueron realizadas por mujeres", describió la ministra y recordó que la Corte hizo suyo el reclamo del movimiento social NiUnaMenos, creando el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, cuyas primeras conclusiones arrojaron que, en 2019, en promedio 22 mujeres cis y mujeres trans/travesti por mes en el país a causa de la violencia de género.
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