Fue en el marco de un debate por los 30 años de la Ley de Estupefacientes - Ley 23.737 que se dio de forma virtual en la una reunión de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado.
En su exposición el fiscal Diego Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), recordó que en 2009 la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad del inciso 2 del artículo 14 de la ley. “Sin embargo, a más de 10 años del fallo Arriola de la Corte Suprema, el 40% de las investigaciones de las causas iniciadas en el fuero federal se vinculan con ese tipo penal”, argumentó.
El fiscal federal resaltó que “el 40% de los recursos de la justicia federal siguen orientados a la judicialización de conductas menores como puede ser la tenencia con fines de consumo” que en la jerga se conoce como “atrapar perejiles”. Este problema de larga data, según Iglesias, podría resolverse si “estos recursos fueran destinados a lo que es el abordaje de las drogas desde el sistema de la salud y educación; es decir, reasignarse esos recursos a la prevención y al abordaje de investigaciones sobre el crimen organizado”.
Iglesias expresó que se necesita “profundizar el trabajo de colaboración y cooperación entre los ministerios públicos provinciales y federales”, y ahondó que la coordinación entre “los dos niveles de investigación” ayudan a “mejorar la persecución penal”, continuó en declaraciones reproducidas por el medio especializado Parlamentario.com.
En tanto, Eduardo Villalba, fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, remarcó que las provincias de Salta y Jujuy “son distintas a todo el resto del país” por tener frontera con Bolivia por lo cual “se necesita focalizar esfuerzos” en esta región. “Es la puerta de entrada de la droga, fundamentalmente de la cocaína”, agregó el fiscal salteño.
Villalba destacó que “a partir de 2015 a la fecha tenemos verdaderos narcotraficantes que están privados de su libertad, incluido un exjuez federal que era parte del problema”.
En un tono crítico a la ley de drogas, Villalba advirtió que la ley tiene “mínimos muy altos” y es errónea al sancionar con “la misma escala penal” a “alguien que emprende un transporte sofisticado para ingresar droga en avión” y “una persona que ingiere 25 capsulas con cocaína”. “Esto provoca cárceles abarrotadas de mulas”, señaló y apuntó que se trata en muchos casos de “personas extremadamente vulnerables” que actúan por desesperación.
Además, observó que la norma establece que “la importación de hoja de coca está prohibida, pero a su vez toda hoja de coca viene de Bolivia”. “Ahí hay una esquizofrenia legislativa”, opinó y consideró que “se debería regular en el Código Aduanero”, explicó Villalba.
En tanto, también expuso Hugo Greca, juez federal de primera instancia de General Roca, quien se mostró a favor de avanzar con la derogación del artículo 14 de la ley -referido a la tenencia para consumo personal-; y evaluó que habría que incorporar el verbo típico “comprar droga con fines de comercio”, porque “cuando una persona comete este tipo de delitos no está queriendo afectar la salud pública, sino que se quiere enriquecer ilícitamente”.
Y resaltó la necesidad de “generar decomisos anticipados, donde los bienes (incautados) sean entregados al uso de las policías o de la salubridad pública”.
Finalmente, Mario Juliano, director ejecutivo de la Asociación de Pensamiento Penal y juez de Necochea, detalló que según un reciente informe del Ministerio de Seguridad “en los últimos años, el 88% de las causas abiertas por infracción a la ley de drogas ha sido por tenencia para consumo personal y por tenencia simple o neutra”.
En la misma línea sobre despenalizar el consumo personal de drogas, Juliano dijo que APP realizó un estudio sobre “el costo que representa la sustanciación de estas causas hasta que normalmente llegan al archivo” arribó a la conclusión de que “el Estado argentino y las provincias invierten de sus escasos recursos entre 10 y 15 mil pesos para tener abiertas o sustanciar” este tipo de causas. “Adhiero decididamente a la propuesta de que el Estado argentino debe despenalizar la tenencia para consumo personal”, cerró.
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