Ante la toma de un predio en Guernica, el Juzgado de Garantías N°8 de Cañuelas, a cargo del juez Martín Rizzo, convocó a los organismos y representantes de Derechos Humanos y a las personas interesadas, a una audiencia virtual para el próximo lunes 21 de septiembre a las 12hs. Sin embargo, la fecha prevista para el desalojo sigue vigente y será el 23, 24 y 25 del mismo mes.
El magistrado habilitó que se ejecute un plan de contingencia propuesto por el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque. Se trata de acciones interdisciplinarias destinadas a identificar soluciones particulares para cada caso.
En diálogo con Tiempo Judicial, María del Rosario Fernández, abogada de la Asociación Gremial de Abogadas y Abogados y defensora de algunos imputados en la toma, aseguró que, si bien existe la posibilidad de encontrar una respuesta al problema en la audiencia de la próxima semana, el juez de la causa aún sostiene que “el desalojo sigue firme”.
Asimismo, consideró, que el Gobierno de la provincia “no quiere que haya un desalojo, porque va a haber heridos y detenidos”, pero sostuvo que “la Justicia actúa duramente, si se tiene en cuenta que no se vieron títulos que acrediten efectivamente la posesión y la titularidad de las tierras”.
También, apuntó a que existe un gran interés por parte de la intendencia de Presidente Perón de seguir con la construcción de countries, y sostuvo que “ahí supuestamente se iban construir countries, canchas de rugby, que es lo que le interesa al municipio”.
En cuanto a las propuestas para mediar el conflicto, Fernández explicó que primero se debería hacer un censo real para saber el número de personas que hay y subrayó: “Se podrían haber entregado parte de esos terrenos y reubicar a otros en otras tierras fiscales que hay en Guernica, es una de las mejores posibilidades”.
“Si los sacan de acá, mañana van a la plaza porque no tienen dónde ir, todo el tema de la pandemia ha dejado a muchos sin trabajo. Obviamente si tienen un peso prefieren darle de comer a sus hijos y no pagar un alquiler”, sostuvo.
Por último, concluyó: “El común de la gente dice que trabajó para su casa, y aquí nadie quiere que se le regale nada, pero hay que darle una posibilidad. Son entre dos mil quinientas y tres mil familias, entre ellas más de 600 chicos. Nadie va por gusto a pasar todo lo que atraviesan”.
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