El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó una acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia y solicitó que se declare la inconstitucionalidad y del decreto 735 del Poder Ejecutivo Nacional que modificó el esquema de copartipación. Asimismo, pidió que medida cautelar la inmediata suspensión de sus efectos.

En ese mismo sentido, solicitó: "Se recomponga la integralidad de los fondos del Tesoro Local que deben ingresar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme el porcentaje de coparticipación del 3,50% y se ordene la restitución de los fondos ilegítimamente retraídos por aplicación del decreto cuestionado, con más los intereses legales devengados hasta su efectiva percepción por parte de la Ciudad".

El escrito argumenta que la Ciudad se encuentra frente a un concreto y real impedimento para financiar necesidades públicas de significación social.

Los fondos que cautelarmente se requieren proteger se necesitan en la actualidad porque hoy están las urgencias en cumplir con las prestaciones básicas que la Ciudad de Buenos Aires debe cubrir, y especialmente, las correspondientes a la educación, la seguridad, la justicia y particularmente el sector de la salud que actualmente requiere de gastos extraordinarios y directamente relacionados con la situación de emergencia que atravesamos”, sostiene.