La Federación Latinoamericana de Magistrados exhortó a la Corte a reponer a los jueces en sus cargos

“En cumplimiento de sus fines específicos, la FLAM se permite exhortar a la Corte Suprema de la Nación argentina a que, con la premura del caso para evitar ulteriores perjuicios difícilmente reparables, reponga a los jueces en los cargos a los que habían sido legítimamente trasladados”, comienza el comunicado firmado por su titular Walter Barone con el titulado “Amenazas a la independencia judicial en Argentina”.

Ambas entidades, la Unión Internacional de Magistrados y la Federación Latinoamericana de Magistrados, observan como “regresivas” las medidas adoptadas por los “poderes políticos porque vulneran principios de estabilidad e inamovilidad” de la función judicial que entienden que debe ser “independiente”.

La Federación Latinoamericana de Magistrados, presidida por el juez Walter Barone y con sede en la ciudad de San Pablo (Brasil), emitió un comunicado apoyando a la Asociación de Magistrados que es miembro de la FLAM. En el mismo, critica la decisión política de revisar los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli que realizó este año el Senado porque “interpreta que las medidas regresivas adoptadas por los poderes políticos conculcan severamente los principios de estabilidad e inamovilidad” que constituyen las “garantías esenciales para el ejercicio de la función judicial independiente, consagrada por el art. 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

Por su parte, la Unión Internacional de Magistrados (IBA-UIM), presidida por los jueces firmantes Rafael de Menezes, juez de Recife (Brasil) como presidente, y el juez Francisco Silla, de Valencia (España) como vicepresidente se expresó en el comunicado al que accedió este medio en un tono similar al de la otra entidad en los conceptos críticos sobre la revisión de los traslados de tres jueces federales por el gobierno argentino porque consideran que “el traslado inconsulto de jueces/as constituye una clara violación a la independencia judicial”.

Y argumentaron que “así lo prevé el artículo 7.b.3 de la Declaración de Campeche de la FLAM para afianzar la independencia e imparcialidad, en la cual se puntualizan como garantías e incompatibilidades que los jueces son inamovibles no pudiendo ser trasladados o ascendidos (salvo que lo postulen voluntariamente) o removidos, suspendidos, licenciados, desposeídos, separados o de cualquier otra forma apartados del ejercicio de la función en el lugar asiento de su designación, salvo los casos taxativamente prescriptos en la ley, mediante proceso de enjuiciamiento de su conducta, en proceso contradictorio y con amplias garantías de defensa”.

Este organismo está integrado por las asociaciones de jueces de Latinoamérica, Portugal, y España y reitera su “compromiso de luchar, de modo permanente, por la consolidación de la independencia de los poderes judiciales y de los jueces, denunciando toda acción o decisión, interna o externa, que pueda condicionar política, económica, social o funcionalmente la independencia del poder judicial”.