La ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Marcela Losardo, y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, anunciaron que el Poder Ejecutivo no participará de la Comisión Interpoderes que analiza el avance de las causas de lesa humanidad que fuera convocada por la Corte Suprema.
"La repentina convocatoria a una nueva reunión por parte de la presidencia de la Corte (ejercida por Rosenkrantz), tras varios meses de insistencia de los organismos de derechos humanos, que son los verdaderos faros en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, no deja de resultar oportunista", sostuvieron en una carta dirigida al presidente del máximo tribunal de Justicia, Carlos Rosenkrantz.
El escrito presentado también explica que la Comisión Interpoderes, que se creó por la Acordada de la Corte Suprema N° 42/08, era el ámbito en el que los tres poderes del Estado debían coordinar, de manera periódica, las acciones para llevar adelante el proceso de juzgamiento de los responsables de los delitos cometidos durante el Terrorismo de Estado.
En ese mismo sentido, los funcionarios explicaron que desde que se reunió por primera vez en julio de 2010, y mientras mantuvo reuniones periódicas —al menos hasta 2013—, “la Secretaría de Derechos Humanos, el Programa Verdad y Justicia y el Ministerio de Justicia colaboraron activamente para articular las medidas que estuvieran a disposición del Poder Ejecutivo que permitieran agilizar la marcha de estos juicios”.
Sin embargo, consideraron que a partir de la última reunión realizada, el 23 de septiembre de 2016, el desempeño de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en esta materia ha sido de enorme retroceso. En este contexto, señalaron que la repentina convocatoria a una nueva reunión por parte de la Presidencia de la Corte, tras varios meses de insistencia de los organismos de derechos humanos "no deja de resultar oportunista”, enfatizaron.
Además, advirtieron que “es indiscutible que las causas que se sustancian para juzgar los crímenes de lesa humanidad atraviesan un período de notorio estancamiento” y que “muchas de ellas pendientes de un fallo de la Corte Suprema hace varios años”. En consecuencia, señalaron que esto implica la consolidación de la “impunidad biológica”, debido a que “los responsables de estos aberrantes delitos mueren sin condena; y las víctimas y familiares también fallecen sin alcanzar la justicia que el Estado les debe garantizar como forma de reparación”.
Por otra parte, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela De Carlotto, informó que desde la organización tampoco participarán de la Comisión Interpoderes.
“No vamos a participar de la comisión Interpoderes de Rosenkrantz porque llega tarde. La reunión la pedimos en marzo y recién llega ahora que la Corte está tan cuestionada. Decidimos rechazar cordialmente la invitación", explicó en diálogo con el programa Crónica Anunciada por Futurock.
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