La Coalición Cívica busca la remoción de Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, quienes intervienen como fiscales en la causa por presunto espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri, que tramita en Lomas de Zamora.
La presentación, a la que accedió Tiempo Judicial, se realizó ante la Procuración General de la Nación y lleva la firma de los diputados nacionales Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López, Paula Oliveto, Mariana Zuvic y Mariana Stilman. Allí reclaman que "se abra la respectiva instancia ante el Tribunal de Enjuiciamiento y oportunamente, se proceda a su remoción, por la comisión de las faltas graves en orden a lo dispuesto por los incisos d) y e) del art. 68; en aplicación de las sanciones estipuladas por los arts. 70 y 71 de la misma Ley Orgánica del Ministerio Público".
Estos dos incisos de la ley que regulan el funcionamiento y la actuación de los miembros del Ministerio Público Fiscal menciona las faltas graves entre las que se mencionan "actuar con grave negligencia en la atención de asuntos encomendados o en cumplimiento de las obligaciones asumidas" y "violar las reglas de confidencialidad respecto de los asuntos que así lo requieren y en los que actúa el Ministerio Público Fiscal de la Nación, o extraer, duplicar, exhibir o transmitir documentación que debía permanecer reservada poniendo en riesgo las funciones del Ministerio Público Fiscal de la Nación".
En el escrito sostuvieron que Incardona y Eyherabide incurrieron en abusos y excesos funcionales y que "habría pruebas suficientes para afirmar que el celular del secretario privado del ex Presidente Mauricio Macri, había sido manipulado luego de haber sido secuestrado por las autoridades"
"Según surge de la propia pericia, dos días después del allanamiento y el secuestro del celular de Nieto, alguien quiso "simular un intercambio de mensajes" entre él y Silvia Majdalani", agregaron.
La denuncia llega cuando en la causa de Lomas de Zamora ya se terminó una ronda de más de 20 indagatorias que tuvieron como protagonistas a los ex directores de la Agencia Federal de Inteligencia de la gestión anterior Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y también al secretario privado de Mauricio Macri, Darío Nieto.
También están imputados la ex encargada del área de Documentación de la Casa Rosada, Susana Martinengo y un grupo de espías. A todos se los acusa de haber conformado una asociación ilícita que habría llevado adelante distintas tareas de vigilancia y seguimiento ilegal contra referentes políticos -entre los cuales está Cristina Kirchner, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal-, gremiales -como Hugo y Pablo Moyano-, periodistas y jueces -como Martín Irurzun, titular de la Cámara Federal porteña-.
En la denuncia, los diputados de la CC cuestionaron que se hubiera cargado en el Lex 100, sistema al que tienen acceso las partes del caso, las actas con información de la gestión de Arribas y Majdalani en la AFI, medida que había sido solicitada por varias de las defensas.
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