El camarista Mariano Llorens, de la sala 1 de la cámara federal porteña que entre las dos salas solo cuenta con 2 de 6 jueces efectivos, decidió revocar la decisión de primera instancia para discernir en que fuero federal tramitará la causa por presunto espionaje ilegal durante el macrismo se lleva adelante en el despacho de Juan Pablo Augé y tiene procesados a Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.
Tras el pedido de las defensas de todos los funcionarios del macrismo, el juez Mariano Llorens, integrante de la cámara federal porteña, decidió en soledad firmar una resolución inhibiendo al juzgado federal 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Augé, de seguir adelante con esta mega causa que investiga el espionaje a cientos de dirigentes políticos y periodistas a través de la AFI que encabezaba Gustavo Arribas y Silvia Majdalani en la gestión pasada.
Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Diego Santilli, querellantes en la causa 14.149/2020, así como el representante del Ministerio Público Fiscal habían solicitado a la cámara federal que “los hechos que los victimizaran, al igual que la mayoría de los allí investigados, se desarrollaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lugar en donde tenía sus oficinas la Agencia Federal de Investigación, circunstancia que indicaba que el fuero federal de esta ciudad era el competente para entender en ellos”.
Misma medida había solicitado el ex secretario privado de Macri, Darío Nieto, y hoy el juez Llorens avaló esta medida aunque no es definitiva ya que la Cámara Federal de Casación Penal tendrá la última palabra.
El fiscal José Luis Agüero Iturbe también sostuvo que “tras efectuar un detallado análisis de las distintas locaciones en donde se habrían llevado a cabo las tareas de espionaje cuestionadas, expresó que muchos de los hechos investigados ocurrieron exclusivamente o preponderantemente en esta ciudad y en nada se relacionaban con Lomas de Zamora, circunstancia que motivó su adhesión a los planteos indicados”.
Pero el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, entendía que no “se trataba de una causa compleja que abarcaba distintas jurisdicciones en las que se encontraban involucrados múltiples actores, víctimas e imputados, razón por la cual la competencia en razón del territorio resultaba difícil de discernir. Esta circunstancia motivaba la aplicación de otras pautas a las establecidas en el principio de territorialidad, como los de mejor administración de justicia y de economía procesal, que orientaron a la juez de grado a considerar que el trámite debía proseguir en Lomas de Zamora”.
En definitiva, el juez Llorense entendió que "para determinar la jurisdicción competente deberá recordarse que –tal como lo postularan los apelantes- las características propias del delito de asociación ilícita conllevan a dilucidar
el sitio en donde la presunta agrupación criminal tuvo asiento. Así, si en la base fáctica delineada por los representantes del Ministerio Público Fiscal en Lomas de Zamora se ha señalado la existencia de una organización que desde el Poder Ejecutivo Nacional y especialmente desde la agencias vinculadas directamente a éste, se habría dedicado a realizar tareas de inteligencia o espionaje ilegal, será competente el juez que tenga jurisdicción en el lugar en el que éstos se encontraren".
"De esta manera y en el mismo sentido que el indicado por el fiscal ante la instancia, ese lugar es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que aquí están emplazadas las sedes del Poder Ejecutivo Nacional y la Administración Federal de Inteligencia, entre otros organismos con asiento en esta Capital Federal", finalizó Llorens.
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