Se inició el proceso penal con 18 acusados de crímenes de lesa humanidad en perjuicio de más de 400 víctimas del terrorismo de Estado en las sedes de las brigadas de Investigaciones de la Policía bonaerense de Banfield, Quilmes y Lanús en la última dictadura.

Los principales acusados son el ex director de Investigaciones de la Policía bonaerense, Miguel Etchecolatz, y exjefe policial Ramón Camps, entre otros represores que orquestaron la represión ilegal en gran parte del conurbano bonaerense en esta mega causa que amalgama las ciudad de Avellaneda, Lanús, Banfield y Quilmes.

Tras la unificación de tres causas grandes y luego de 1 año de demora por parte de la justicia federal, ayer comenzó el juicio oral vía remota a 18 acusados por delitos de lesa humanidad en los centros clandestinos “pozos” de Banfield y Quilmes, y en “El Infierno” de Lanús.

El proceso que inició ayer en los tribunales federales de La Plata fue con la lectura de los cinco requerimientos de elevación a juicio y continuará el martes con las declaraciones indagatoria de los acusados por el circuito y la operatoria de la represión ilegal en el sur del conurbano bonaerense durante la última dictadura militar.

La Unidad Fiscal de Lesa Humanidad explicó a este medio que de los 442 casos que se abordarán en el juicio, 36 víctimas pasaron por Banfield y Quilmes; 15 por “El Infierno” y Banfield; 3 entre “El Infierno” y Quilmes; y 6 víctimas pasaron por los tres centros clandestinos de detención.

Banfield

En la causa del “Pozo de Banfield”, tal como se denominó a la brigada de esa ciudad, se investigan los crímenes contra 253 víctimas. Este ex centro clandestino de detención funcionó en los setenta en la esquina de Siciliano y Vernet y fue sede de diferentes organismos de la Policía provincial: la Brigada de Investigaciones, y las divisiones del área metropolitana de las direcciones de Investigaciones, Seguridad e Inteligencia. La investigación la ubica como “ un centro de enlace policial en el conurban con calabozos y oficinas que fueron escenario de torturas, asesinatos y partos clandestinos”.

El “Pozo de Banfield” cobró notoriedad porque allí fueron vistos por última vez los estudiantes secundarios secuestrados en los episodios conocidos como La Noche de los Lápices.

Quilmes

En la causa del “Pozo de Quilmes” se investigan crímenes de lesa humanidad contra 181 personas. Estaba ubicado en la esquina de Alison Bell y Garibaldi y fue uno de los centros clandestinos sobre los que más se indagó en los juicios realizados en los ochenta a las juntas militares y al equipo represivo encabezado por el exjefe policial Ramón Camps

El funcionamiento de este centro clandestino funcionó hasta entrada la democracia y fue parte de una interna entre policías y militares. Así fue el caso del paso de 9 prisioneros entre enero y marzo de 1979 que provenían de los otros centros porteños El Atlético, El Banco y El Olimpo (ABO),y que en el marco de una interna militar desatada en el Cuerpo I del Ejército, una facción le "ocultó" los desaparecidos a otra, explicaron desde la fiscalía especializada que interviene en juicios por crímenes de lesa humanidad: los fiscales generales Hernán Schapiro y Gonzalo Miranda; y Juan Martín Nogueira y Ana Oberlin, auxiliares fiscales.

Lanús

En la causa “El Infierno”, sede de la Brigrada de Lanús, se investigan delitos cometidos a 62 víctimas de la represión ilegal y desapariciones durante la última dictadura. La sede policial tenía su sede en la calle 12 de octubre N°234 de Avellaneda, donde hoy funciona el Espacio Municipal de la Memoria y controlaba los centros clandestinos de detención que funcionaron en la subcomisaría de Don Bosco (“Puesto Vasco”) y el “Pozo de Quilmes”. Entre los casos que se investigan de personas desaparecidas está el de Luis Adolfo Jaramillo, cuyo cuerpo fue identificado en 1990 en una tumba NN del cementerio de Avellaneda.

El Pozo de Banfield.

Acusados

Los acusados que llegaron a esta instancia son el ex director de Investigaciones de la Policía bonaerense, Miguel Osvaldo Etchecolatz; el ex ministro de Gobierno, Jaime Smart; el ex director de Investigaciones Zona Metropolitana, Juan Miguel Wolk; el segundo jefe de la División Delitos contra la Propiedad de la Dirección de Investigaciones, Enrique Augusto Barre; el entonces médico de la Dirección de Investigaciones, Jorge Antonio Bergés; el ex cabo de la Brigada de Investigaciones de Lanús, Miguel Ángel Ferreyro; el ex jefe del Batallón de Depósitos de Arsenales 601, Eduardo Samuel De Lío; y el ex jefe del Regimiento de Infantería Mecanizado N°3 de La Tablada, Federico Minicucci.

También son juzgados los ex integrantes del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército en La Plata, que era la unidad de inteligencia que articulaba con las subzonas militares con sede en La Plata y en La Tablada, jurisdicciones castrenses de las cuales dependían los centros clandestinos: el jefe de Sección de Operaciones Especiales, Jorge Héctor Di Pasquale; el jefe de la Sección Reunión Interior, Carlos María Romero Pavón; el jefe de la Central de Reunión, Roberto Armando Balmaceda; los jefes del Grupo de Actividades Especiales en diferentes momentos, Emilio Alberto Herrero Anzorena y Ricardo Armando Fernández; el jefe de la Sección Comando y Servicio, Alberto Julio Candioti; el jefe de Actividades Psicológicas, Guillermo Alberto Domínguez Matheu; los entonces capitanes Carlos Gustavo Fontana y Carlos del Señor Hidalgo Garzón; y el segundo jefe del Destacamento, Antonio Herminio Simón.