La Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) presentó una "Guía para el Monitoreo de Espacios de Detención", en donde se volcó el trabajo de campo realizado por el equipo en todos los penales del país y sirve para que cualquier organismo o institución pueda utilizarla en el momento del control del estado de la población carcelaria.
El titular de la PROCUVIN, Héctor Andrés Heim, aseguró en diálogo con Tiempo Judicial que esto representa “la continuidad de un trabajo que se realiza desde la creación del organismo, y dentro de las metas de la creación de la Procuraduría está el monitoreo de los espacios de detención, hay una continuidad de trabajo y se acrecentó”.
“Desde PROCUVIN se recorrieron todos los establecimientos carcelarios, entonces hay un entendimiento bastante acabado sobre la realidad carcelaria de cada lugar, no es lo mismo Ezeiza, Marcos Paz o Salta, y cada cárcel tiene su problemática y diferencias en el tipo de población, por eso se realizó un mapeo de todos los establecimientos carcelarios”, explicó el titular.
En tanto, especificó que la guía tiene formularios armados en base al trabajo que se realizó en las unidades carcelarias, por eso en el momento de llenarlos “simplifica mucho el trabajo de lo que uno va a buscar, el cómo anotarlo y cómo registrarlo”.
“La idea es reflejar todo el trabajo de años de la Procuraduría y que sirva como insumo y como herramienta de trabajo para otros fiscales desde la experiencia”, manifestó Heim. Asimismo, destacó que desde la Procuraduría se tiene como política de trabajo “la transparencia y la apertura, y se busca honrar los compromisos internacionales sobre las condiciones de detención”.
También, explicó que el documento se realizó por dos razones. La primera es “velar sobre las condiciones de detención, qué más allá que la potestad rige primero sobre los jueces porque son los únicos habilitados para privar de libertad a una persona, el Ministerio Público Fiscal como órgano acusador no puede desentenderse de esa realidad”.
La segunda es porque se deben atender “los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino” y destacó que entre ellos es “prevenir y erradicar tormentos, malos tratos, apremios ilegales, y una forma de visibilizar ese tipo de prácticas es yendo a los lugares, porque estos tipos de delitos se cometen en la clandestinidad”.
Por último, concluyó: “Es una herramienta para la Justicia y para la población carcelaria, si hay una práctica ilegal eso ocurre en la clandestinidad y sólo controlada por el servicio penitenciario. Es para establecer una línea de monitoreo para detectar situaciones que también tengan que ver con condiciones de alojamiento, condiciones de detención y abarcar todo el universo de derechos de una persona presa”.
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