Las jornadas con especialistas continuarán hasta que el Consejo Consultivo emita a fin de mes el dictamen sobre las reformas que habría que implementar en la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa para unir todos los cambios propuestos en los proyectos de consenso que concluirán a fin de año con la elección del juez Daniel Rafecas como flamante Procurador. El dilema es con que mayoría y con qué cambios en la ley.

En la jornada de hoy los especialistas coincidieron en un mandato de 5 años en contra de los cargos vitalicios, en la elección por los 2/3 de los votos del Senado y con la "independencia del procurador".

La comisión de Justicia y Asunto Penales del Senado de la Nación presidida por Oscar Parrilli ya realizó dos jornadas de intercambio de opiniones de especialistas en la cual ya expusieron Alberto Binder, Maximiliano Rusconi y el ministro de la Corte de Santa Fe, Daniel Erbetta en el marco de dos proyectos de ley de reforma de la ley orgánica del MPF de senadores de la oposición, Lucila Crexell y Martín Lousteau.

En el medio y dos veces por semana se están encontrando de forma virtual los 11 integrantes del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público que para la semana de 20 de noviembre tendría listo para entregarle al presidente Fernández las propuestas para este organismo descentralizado parte fundamental parte del Poder Judicial nacional y federal en el marco de la demorada implementación del sistema acusatorio.

El debate continuó hoy con la exposición vía remota de otra tanda de especialistas propuestos por Juntos por el Cambio como Marcela Basterra, ex titular del Consejo de la Magistratura porteña y magister en Derecho Constitucional y Derechos Humanos quien estimó “necesario reforzar los mecanismos de control porque son los que investigan los delitos del poder o corrupción del Estado y por eso es importante la independencia del procurador general que es independiente y con autarquía financiera”.

Basterra agregó que con respecto a la designación que "por más que la Constitución no obliga a su designación ni a la remoción con mayorías especiales lo que no implica que no sea inconstitucional que no se designe al nuevo procurador general con los 2/3 de los votos del Senado".

Por su parte, Néstor Sagués, doctor en derecho de las universidades de Madrid y Nacional del Litoral y profesor de las universidades de Buenos Aires y Católica Argentina explico que el MPF debe tener "autonomía como órgano extrapoder y dotarlo de profundas funciones de contralor por excelencia del Poder Ejecutivo, legislativo y judicial según los constituyentes de 1994”.

Sagués agregó sobre la elección del Procurador General de la Nación que tienen que ser realizado por los “2/3 de los votos del Senado con la estructura actual del MPF y no con otra mayoría especial”.

En tanto, José Heredia, expresidente del Superior Tribunal de Justicia de Chubut y exconvencional constituyente explicó que “no cree que la Constitución exija una mayoría especial para la elección del procurador sino el mayor consenso político posible” a la vez que avaló el mandato de 5 años del nuevo procurador general titular que reemplazaría al actual interino Eduardo Casal.  

“La remoción y la designación deben estar en línea del consenso político teniendo en cuenta las garantías constitucionales previstas en la Constitución Nacional”, finalizó el especialista.

También expusieron Mirta López, exjueza y vocal de la sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Ricardo Toranzos, fiscal federal de Delitos Complejos de Salta y vicepresidente de la Asociación de Fiscales y a Nadia Espina, vicepresidenta de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal.

Estas participaciones forman parte de la ronda de consultas iniciada por el oficialismo en el marco del debate abierto sobre la duración en el cargo del procurador general de la Nación en el Senado mientras el Consejo Consultivo compuesto por jueces de cortes provinciales, académicos y ex jueces y fiscales delinean el dictamen no vinculante de propuestas para sumar propuestas a esta ronda de consultas.