Duerme en los escritorios de la Corte Suprema de Justicia y del fuero en lo Contencioso Administrativo Federal. En un principio fue presentada directamente en el Máximo Tribunal del país aunque después pasó al fuero Contencioso que en 2014 aceptó la causa como "acción de clase".
La Corte tiene desde hace tres años paralizada la resolución de una medida cautelar pedida por las familias que fueron víctimas de las fumigaciones con agroquímicos. Una decisión favorable influiría en la pretendida utilización del trigo transgénico HB, aprobado recientemente aprobado por el Ministerio de Agricultura nacional.
Julieta Sandoval falleció cuando sólo tenía 7 meses en Santiago del Estero. Las malformaciones producto de los agroquímicos a las que había sido expuesta en su pueblo “Bandera” donde vivía fueron la razón de su muerte. Juan Estanislao Milesi fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda luego de ser bañado con agroquímico por una avioneta que fumigaba un campo de soja en la ciudad bonaerense de Mercedes cuando tenía 2 años. Selena Lemos es otra niña que a los seis meses de su nacimiento recibió diagnóstico presuntivo de epilepsia, anemia hipocrónica y pelvis renal derecha bífida según la historia clínica del Hospital Garrahan. Estos son algunos de los casos que figuran en el expediente y que tienen relación directa con la fumigación con el agroquímico más utilizado en nuestro país, el glifosato.
Alicia Fany Giménez (madre de Julieta); Viviana Gauna (madre de Selena); José Milesi y Silvina Picchioni (padres de Juan); Roberto Oscar Lescano, Julia Villarreal y el fallecido Fabián Tomasi, quien fuera “aplicador de agrotóxicos” y por ello sufrió múltiples secuelas en su físico y su salud son quienes demandaron al Estado Nacional y a varias empresas multinacionales, como Bayer/Monsanto, Syngenta Agro, Pioneer Argentina y otras, por contaminar el ambiente y los ecosistemas.
En su demanda, pidieron que se suspenda "la aplicación de los agrotóxicos utilizados" y que las empresas recompongan el suelo y la biodiversidad del ambiente dañado.
En 2016, después de que la Corte Suprema no aceptó tratar la causa como competencia originaria y la pasara al fuero Contencioso Administrativo Federal, la jueza Claudia Rodríguez Vidal aceptó la "acción de clase", donde "la clase” está integrada por todos los argentinos, pero rechazó la medida cautelar que pretendía “frenar el uso de agroquímicos hasta que se resolviera el juicio”.
Allí la causa se separó en dos, el expediente principal se encuentra en el juzgado Contencioso Administrativo N° 3 hoy en manos del juez Santiago Carrillo y la apelación de la medida cautelar en manos de la Corte.
El laberinto de la Corte Suprema "verde"
"Pasa lo mismo que en la causa Mendoza, del Riachuelo, hay una inusitada demora en la Corte para tratar determinados temas", dice a este medio Daniel Sallaberry, uno de los abogados demandantes y recuerda lo importante de una resolución ya que en la Argentina hay una zona de siembre de unas 30 millones de hectáreas y ni siquiera hay una ley de etiquetado de los productos transgénicos. "Desde el punto de vista técnico y jurídico es aplicar lo que dicen las leyes, desde ese punto de vista la causa debería estar resuelta hace años", recuerda el abogado y resalta que hay cosas que "se escapa al mundo jurídico" y que "son intereses de corporaciones económicas".
"La Corte se autoproclama una Corte verde, ¿será capaz de resolver estos temas, tendrá el valor?", se pregunta Sallaberry. La causa pasó por todas las vocalías del cuarto piso del Palacio de Tribunales. Está desde mayo del año pasado en los escritorios del juez Carlos Rosenkrantz. Cada juez, y jueza, saben que peritos de la propia Corte habían dictaminado en favor de la suspensión de las fumigaciones en el caso de la ciudad de Pergamino y también en situaciones similares en distintos juzgados de Santa Fe y Entre Ríos.
En estos años hubo condenas en Estados Unidos de distintas Cortes de distintos Estados que condenaron a Monsanto y a Bayer al pago de miles de millones de dólares a afectados por los agrotóxicos. La justicia norteamericana los responsabilizó porque el producto “Roundup (Glifosato)” es dañino para la salud (linfoma no hodgkin) dado su carácter probablemente carcinógeno tal como lo declarara la Organización Mundial de la Salud. (OMS).
"Téngase presente para su oportunidad"
La causa principal también lleva años de ostracismo. El último movimiento notorio en la causa es de este año en pandemia y que es consecuencia del accionar de una de las corporaciones demandadas. Bayer A.G. (propietaria de Monsanto) declaró en su propio sitio web en junio de este año sobre las conciliaciones acordadas y por acordar en las demandas planteadas contra su empresa por las consecuencias en la salud y el medio ambiente por la aplicación del glifosato “Roundup”, que fue producido originalmente por la empresa Monsanto.
"La decisión de resolver los litigios sobre Roundup es la acción correcta en el momento adecuado para que Bayer ponga fin a un largo período de incertidumbre", dice la empresa en el comunicado.
Esta "asunción de responsabilidad" por parte de la corporación en territorio estadounidense hizo que en la causa argentina las familias pidieran a la Corte Suprema que llamara a una audiencia de conciliación a Bayer y a las otras corporaciones demandadas para intentar llegar a un acuerdo por los daños perjuicios ocasionados al ambiente y a la salud de los demandantes. Sin embargo, la Corte le pasó la pelota al juzgado que contestó que lo tendrá presente "para su oportunidad".
Del glifosato al trigo transgénico
"Las familias siguen estando y sobreviviendo. Hoy en día estamos padeciendo lo mismo. La situación no ha variado", dice Sallaberry y advierte sobre la reciente aprobación del trigo transgénico: "Te lo presentan como el gran avance, como la resistencia a la sequía y no dicen nada de los químicos que necesita. Esto extiende la frontera agropecuaria, a las tierras le aplicas químicos y terminas por destrozarlas", agrega en diálogo con Tiempo Judicial.
No es casual la mención de Sallaberry. Es que el 9 de octubre pasado el ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina aprobó el uso de la tecnología HB4 para el cultivo de trigo transgénico con tolerancia a la sequía mediante la Resolución 41/2020 en el Boletín Oficial. La solicitud fue hecha por el Instituto de Agrobiotecnología de Rosario (Indear S.A.). Indear pertenece a Bioceres, empresa que tiene como accionistas más conocidos a Gustavo Grobocopatel y Hugo Sigman.
En una carta abierta más de 1000 científicos del Conicet y de 30 universidad públicas nacionales se expresaron en rechazo a la autorización dada porque “remite a un modelo de agronegocio que se ha demostrado nocivo en términos ambientales y sociales, causante principal de las pérdidas de biodiversidad, que no resuelve los problemas de la alimentación y que amenaza además la salud de nuestro pueblo”, dicen los científicos.
Una sentencia a favor de las familias en la causa que está en manos del Máximo Tribunal de Justicia del país, y que también cuenta con un dictamen favorable a la medida cautelar de la Defensoría Pública General -que propone distancias mínimas de fumigaciones de 3000 a 5000 metros de centros poblado-, incidiría directamente en el caso del "nuevo" trigo porque se pide expresamente la suspensión provisional de las aprobaciones de eventos transgénicos (hoy el Trigo Transgénico HB4) y de las fumigaciones.
Jugar en el charco y morir
A sus 4 años, Nicolás Arévalo jugaba en abril de 2011 con su prima Celeste Estévez cerca de su casa ubicada en el paraje Puerto Viejo de Lavalle, Corrientes, a escasos metros de una plantación de tomate. El niño comenzó a sentirse mal. Los vómitos no paraban y su madre lo llevo al hospital más cercano. Dos días después el niño murió en un hospital de Corrientes capital. Su prima tuvo los mismos síntomas pero su mamá al ver como se había complicado el caso de Nicolás llegó antes al hospital de Corrientes, donde le practicaron una “limpieza de la sangre” y lo trasladaron al Hospital Garrahan en Buenos Aires donde le salvaron la vida después de tres meses de internación.
La autopsia comprobó que la causa de la muerte de Nicolás fue la intoxicación con un agrotóxico, el herbicida endosulfán. Por primera vez en Argentina se pudo probar de modo directo que la causa de una muerte fueron las fumigaciones. Meses después se prohibió la utilización de ese herbicida, pero la muerte de Nicolás no pudo evitarse. A esta pérdida, y las secuelas que sufrió Celeste, se sumó la muerte de “Kily” Rivero en 2012, también a causa de los efectos de las fumigaciones. La lista es mucho más extensa en todo el país.
Sin embargo, Nicolás volvió a morir en diciembre de 2016, cuando el principal acusado, el productor agropecuario Ricardo Nicolás Prieto, fue absuelto. Dos años después, y como consecuencia de la lucha de su familia, el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes hizo lugar al recurso presentado por la querella y la fiscalía y ordenó un nuevo fallo. Este año se cumplieron 9 años de la muerte de Nicolás. La familia aún espera por Justicia. Este es uno más de los ejemplos de cómo el descontrol, el monocultivo, los intereses corporativos y económicos, dejan de lado el ambiente sano. Y el Poder Judicial, por omisión o retraso, resultaría "cómplice".
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