El acuerdo que realizó el gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional configura otro capítulo oscuro de la historia del endeudamiento externo de nuestro país que también deja su marca en los tribunales. Denuncias, amparos, dilaciones procesales y rechazos caracterizan a este episodio que parece repetido. Incluso va de la mano de un spoiler: otra vez el Poder Judicial en deuda con la deuda.
Antes de empezar, vale la pena tener presente este antecedente. Durante la última dictadura cívico militar, en el año 1982, el periodista Alejandro Olmos presentó una denuncia en la que argumentó que el plan económico desarrollado entre el período 1976/1981 se realizó para producir “un incalificable endeudamiento externo”, lo que derivó en la quiebras de empresas y afectó el crecimiento del país.
En el caso la sentencia llegó 18 años después. Sí, 18 años después. El 13 de julio del 2000 el entonces juez federal Jorge Ballesteros firmó el histórico “fallo Olmos” de más de cien páginas. Allí comprobó 477 delitos cometidos durante la toma de la deuda externa. Sin embargo, estaban todos prescriptos y sobreseyó a José Alfredo Martínez de Hoz entre otros ex funcionarios de alto rango.
Durante la gestión de Mauricio Macri el FMI otorgó el mayor préstamo desde su creación. Primero se acordó una suma de 50 mil millones de dólares y luego se amplió aproximadamente a 7 mil millones más.
Las irregularidades en el procedimiento administrativo y la ausencia de documentos fundamentales para que se formalice la toma de ese crédito son algunos de los aspectos medulares de este complejo entramado jurídico.
Es por eso que como consecuencia de ese acuerdo se iniciaron distintas acciones judiciales. Algunas impulsadas para conocer los detalles sobre sus condiciones, para evitar su ejecución e incluso para pedir su nulidad. También, se hicieron denuncias con el objetivo de determinar la responsabilidad penal de los funcionarios involucrados: el expresidente Mauricio Macri, el exministro de Hacienda Nicolás Dujovne y el expresidente del Banco Central Guido Sandleris.
Las causas en el “fuero de la gobernabilidad”
El escenario donde se presentaron varias acciones contra el acuerdo con el FMI es el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal. Sin embargo, la mayoría no tuvo éxito. En 2018 Claudio Lozano, actual director del Banco de la Nación Argentina, presentó un amparo para que se declare la nulidad del acuerdo firmado con el FMI, pero fue rechazado por el juez federal Pablo Cayssials a cargo del Juzgado N° 9. El mismo resultado tuvo la acción que intentaron Martín Doñate, Rodolfo Tailhade y Fernanda Vallejos.
Pero…¿qué dice el acuerdo?. En 2018 Eduardo Murúa, apoderado de la Cooperativa 22 de Mayo de Trabajo Limitada, referente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) y el Centro de Estudios Estratégicos para la Integración Financiera (CINFIN) iniciaron un camino destinado a conocer los detalles del préstamo.
Pese a los resultados adversos, los intentos en sede judicial continuaron. Es por eso que promovieron un un amparo contra el Poder Ejecutivo Nacional con el objetivo de obtener información detallada sobre las condiciones y los términos contractuales del empréstito contraído. Por ejemplo, para conocer las características financieras, los montos acordados, la modalidad y el plazo de desembolso de fondos. Ante la urgencia y el impacto institucional de la cuestión, acudieron directamente al Poder Judicial, sin requerir previamente la información en la sede administrativa.
Una vez más tuvo lugar el siguiente argumento: la vía procesal utilizada no era procedente. La jueza de primera instancia María Alejandra Biotti lo rechazó “in limine” y la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, con firma de Carlos Manuel Grecco y Sergio Gustavo Fernández, confirmó esa decisión.
Algunos detalles interesantes: en ese proceso el Ministerio de Hacienda respondió que la información que solicitaban estaba disponible en su sitio web. No obstante, allí solo figuraba la primera Carta de Intención, el Memorándum de Políticas Económicas y Financieras (MPEF) y el Memorándum de Entendimiento Técnico, pero faltaba el resto de la información requerida. Además, esos datos aparecieron luego de que se presentara el amparo.
Comenzó otra estrategia. En diciembre de 2018 Eduardo Codiani presentó un pedido de acceso a la información pública ante la sede administrativa con la finalidad de obtener datos, tanto en formato digital como en papel, sobre el crédito original y sobre el segundo crédito por la suma superior a 7 mil millones de dólares.
Entre los pedidos, se solicitó que se remitan los informes y dictámenes donde las reparticiones públicas con competencia en la materia que se hubiesen expedido con carácter previo a la toma de esos empréstitos, sobre “el impacto y distribución presupuestaria prevista para enfrentar las condiciones impuestas por los créditos en cuestión”. El Ministerio de Hacienda respondió que el Poder Ejecutivo “no requiere dictámenes previos” para contraer el crédito.
La respuesta fue incompleta. En consecuencia, y tal como lo prevé la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública, la consideraron insuficiente y presentaron un segundo amparo. A partir de allí empezó un cruce de idas y vueltas procesales. Otra vez entró en escena la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, esta vez para ordenarle al Ministerio de Hacienda que entregue la información requerida. Sin embargo, el organismo presentó un recurso extraordinario federal, que fue concedido parcialmente, donde argumentó que ya había cumplido con ese deber.
Por lo tanto, ahora la cuestión sobre el acceso a la información sobre el acuerdo con el FMI será tratada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Allí, el CINFIN pidió que se habilite la presentación de “amigos del tribunal” y se ordene la celebración de audiencias públicas para discutir el tema de cara a la sociedad. “La información pública que esta parte busca obtener en este proceso se vincula con el crédito más importante que el FMI ha entregado en su historia a un país desde que fue fundado en el año 1944, y por ende también del crédito más importante contraído por Argentina frente a dicho organismo internacional”, argumentaron.
Incluso, Amnistía Internacional Argentina hizo una presentación en la causa en apoyo a ese pedido. Si bien el expediente ingresó al máximo tribunal de Justicia en noviembre de 2019, aún no hay novedades.
Del trabajo realizado por el CINFIN y el MNER, de los pedidos de acceso a la información pública realizados y de los expedientes administrativos que les entregaron surge que el crédito se otorgó:
- Sin procedimiento administrativo ni expediente previo, en violación a la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo.
- Sin dictámenes jurídicos previos, completos y emitidos por el órgano competente para ello.
- Sin el dictamen previo del Banco Central de la República Argentina exigido por el artículo 61 de la Ley 24.156 de Administración Financiera.
- En base a memorandos que no se apoyan en informe, estudio o dictamen alguno que los sostenga.
- Sin decreto presidencial que autorizase la firma de las Cartas de Intención por parte de los funcionarios que suscribieron tales instrumentos.
Con toda esa información, el MNER inició una demanda con el objetivo de que se declare la nulidad del crédito contraído en el año 2018 con el FMI. Debido a que el organismo ya desembolsó la mayor parte del préstamo a la Argentina y es materialmente imposible volver al estado de situación previo, el MNER pidió que se declare la nulidad de todo lo actuado de cara al futuro para que ningún gobierno pueda tomar semejante deuda sin cumplir con los requisitos legales correspondientes. Sin embargo, la causa quedó en manos del juez federal Pablo Cayssials que rechazó la acción y ahora resta esperar qué decisión adoptará la Cámara Contencioso Administrativa.
Augusto Martinelli forma parte de la Coordinadora de Abogadxs de Interés Público (CAIP) y quienes la integran son los abogados de MNER en la mencionada causa. En diálogo con Tiempo Judicial sostuvo: “El objetivo es que si una sentencia declarase que el crédito estuvo mal formalizado y no cumplió con requisitos importantes lo que podríamos dejar en claro es que esto no se puede hacer de esta forma. Luego podríamos profundizar en la responsabilidad individual de los funcionarios que intervinieron”.
Asimismo, explicó que si bien entienden que no se puede volver atrás, la finalidad es alcanzar un fallo que marque un punto de quiebre en materia de endeudamiento externo.
Toda la documentación de la investigación realizada está disponible para la ciudadanía en este enlace. Incluso, el bloque de senadores del Frente de Todos envió una carta a la actual Directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en la que hacen referencia a los resultados de esa investigación que lleva más de dos años.
"Ante las nuevas negociaciones iniciadas por nuestro gobierno del presidente Alberto Fernández, solicitamos se abstengan de exigir o condicionar las políticas económicas de la Argentina para los próximos años", concluye la misiva.
Las denuncias en Comodoro Py
Por el acuerdo con el FMI también se cuestionó la responsabilidad penal de los funcionarios que intervinieron y desde distintos sectores presentaron denuncias en Comodoro Py.
Claudio Lozano junto a Jonatan Valdivieso, quien preside el Observatorio del Derecho a la Ciudad, hicieron dos denuncias, una por cada acuerdo. En diálogo con este medio Valdivieso explicó: “Cuando presentamos la primera veíamos que no había un eco de discusión sobre la legitimidad que tenía el Presidente para avanzar con ese acuerdo. Un tanto esperábamos que la Justicia Federal que suele dictaminar de acuerdo al oficialismo de turno decidiera rechazar la denuncia penal”.
En esa oportunidad el fiscal Jorge Di Lello pidió el inicio de la instrucción. No obstante, el juez federal Julián Ercolini lo rechazó y desestimó la denuncia. “Utilizó argumentos irrisorios que le daban vigencia a una ley que todavía no había sido aprobada. Un verdadero mamarracho jurídico”, enfatizó el denunciante. Si bien Di Lello apeló la decisión de Ercolini, este pedido no fue sostenido por el fiscal ante la Cámara Federal porteña, Germán Moldés.
La segunda denuncia penal recayó en el Juzgado Federal N°2 de Comodoro Py y la presentaron cuando asumió el gobierno de Alberto Fernández. Allí pidieron que se investigue a Mauricio Macri, Nicolás Dujovne, Guido Sandleris y “demás funcionarios que resulten responsables” por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, administración fraudulenta contra la Administración Pública.
“Cuestionamos la falta de autoridad de Macri, que no tenía autorización del Congreso para avanzar en ese endeudamiento histórico tanto para el FMI como para la Argentina, sino que también denunciamos la defraudación al Estado Nacional porque el dinero que ingresó fue destinado no para obras públicas ni para mejorar las condiciones macroeconómicas del país sino directamente para la fuga de capitales”, completó.
En ese mismo sentido, recalcó que en los expedientes administrativos del acuerdo ni siquiera figura un acto administrativo donde el expresidente le ordene a Dujovne y a Sandleris a firmar un acuerdo con el FMI. “Es irregular como se avanzó con esa deuda pública más allá de que el FMI violó su propio estatuto”, añadió.
Por último, Valdivieso concluyó: “Se dice que las deudas se pagan, pero las estafas no y esto ha sido una estafa a la población argentina”
El “Nunca más” del endeudamiento
En ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció que enviará al Senado un proyecto de ley para que todo programa de financiamiento o incremento de deuda externa tenga la autorización por ley del Congreso. “Más participación del Congreso es más participación de la sociedad en definir el futuro de todas y todos”, dijo en sus redes sociales.
En el mes de febrero de 2020, Adolfo Rodríguez Saá, senador por el Frente de Todos, presentó un proyecto orientado en el mismo sentido. Allí consideró que el Congreso debe declarar un contundente e indeclinable “nunca más” al endeudamiento: “Nunca más a un endeudamiento sin obras, sin progreso, sin independencia económica, sin soberanía política y sin justicia social”.
“El problema histórico del endeudamiento requiere también de una decisión histórica que ponga un freno serio y contundente a un mal que lamentablemente todos conocemos demasiado”, fundamenta la iniciativa.
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