En el juicio que se desarrolla desde septiembre en la provincia de Córdoba por delitos de lesa humanidad en el centro clandestino de detención conocido como “La Perla” se juzgan delitos que tuvieron por víctimas a militantes políticos, sindicales, adolescentes y hasta un bebé de cinco meses.
Los acusados formaban parte del Destacamento de Inteligencia 141 del Ejército y el Departamento de Informaciones Policiales (D2) provincial a quienes el fiscal Maximiliano Hairabedián pidió nueve perpetuas y otras penas de hasta 18 años por delitos como homicidios, privaciones ilegítimas de la libertad y tormentos.
Las penas más altas, de prisión perpetua, fueron requeridas para los exmilitares Luis Gustavo Diedrichs, Jorge Exequiel Acosta, Ernesto Barreiro, Carlos Alberto Díaz, José Herrera, Héctor Pedro Vergéz y el personal civil de Inteligencia Ricardo Alberto Lardone, Arnoldo José López y Emilio Morard. En tanto, se solicitó la absolución de Emiliano Grandinetti y Carlos Horacio Meira y condenas de entre cuatro y 18 años de prisión para siete policías provinciales.
Las dos causas que llegaron al juicio comenzado en septiembre son las conocidas como “Diedrichs” y “Herrera”, y según fuentes judiciales tienen en común que abarcan el paso de las víctimas por el centro clandestino de detención “La Perla”, operado por el Destacamento de Inteligencia 141 “General Iribarren” y el Departamento de Informaciones Policiales (D2) de la Policía de la Provincia de Córdoba, que tuvo un rol central en la persecución política desplegada en esta región del país.
En “Diedrichs” se juzgaron tres hechos: el secuestro y muerte de Claudio Román, de 16 años y militante de la UES; el secuestro y la desaparición de Miguel Ángel Arias, de 19 años; y el secuestro en su domicilio de Juan Carlos Soulier Guillén y su pareja Ana María Díaz Ríos, ambos estudiantes universitarios y militantes de las Fuerzas Argentinas de Liberación (FAL).
La investigación judicial detalló que ocurrió el 22 de agosto de 1976 con su hijo de cinco meses. Al día siguiente fueron secuestrados el padre de Juan Carlos, Luis, y su hermano Luis Roberto. Juan Carlos, Ana María y Luis Roberto permanecen desaparecidos, luego de ser trasladados al D2, donde se realizaban los interrogatorios bajo torturas, luego ingresados en La Perla y asesinados.
Según explicó el MPF, el juicio incluye el secuestro de un bebé que fue mantenido en condiciones adversas, sin atención, descuidado y en un abandono que le produjo un estado de shock. En este sentido, el niño fue restituido a la familia el 16 agosto de 1976 a su abuela y su tía “llagado, orinado, morado e hinchado. No lloraba ni comía”.
Una familiar narró en el juicio que cuando lo entregaron le avisaron que llevaban “un paquete”, con una carta donde la madre del pequeño pedía que lo cuiden “porque se iba de viaje”. La testigo había presenciado, días antes del secuestro de su hermano y cuñada y con 15 años de edad, un “allanamiento” donde fue golpeada.
La fiscalía identificó en estos hechos a los policías provinciales del D2 Calixto Luis Flores, Miguel Ángel Gómez, Yamil Jabour, Alberto Luis Lucero, Juan Eduardo Molina, Fernando Martín Rocha y Carlos Alfredo Yanicelli. Para cada uno de ellos se pidieron penas de 18 años de prisión como coautores de privaciones ilegítimas de la libertad e imposición de tormentos agravados, a excepción de Rocha, para quien se solicitaron cuatro años de prisión.
En 2016, en esta megacausa también hubo 38 condenas, 28 de las cuales fueron a prisión perpetua, y cinco absoluciones concluyó el pasado 25 de agosto en Córdoba en uno de los juicios más grandes de la historia judicial argentina.
¿Por qué? Porque abordó las responsabilidades en los crímenes perpetrados contra 711 víctimas por ex militares, policías y civiles de inteligencia en delitos del terrorismo de Estado antes y después del golpe del 24 de marzo de 1976, con epicentro en los centros clandestinos de detención "La Perla" y "Campo La Ribera".
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