El Senado debatirá desde las 16hs el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo y el programa de los mil días. Ambas iniciativas ya cuentan con media sanción y podrían convertirse en ley. En ese contexto, cabe recordar las causas penales iniciadas en el país por abortos espontáneos o clandestinos.
En 22 provincias y 12 jurisdicciones judiciales de Argentina, entre 2012 y 2020, hubo 825 causas iniciadas por aborto y 37 posibles eventos obstétricos. El dato surge del informe “La criminalización por aborto y otros eventos obstétricos en la Argentina”, realizado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro Universitario San Martín (CUSAM), y estuvo a cargo de María Lina Carrera, Natalia Saralegui Ferrante y Gloria Orrego-Hoyos.
La información se recabó a través de pedidos de acceso a la información pública a Ministerios Públicos y Cortes provinciales sobre los procesos judiciales iniciados por la figura penal de aborto, de homicidio, homicidio agravado por el vínculo y abandono de persona en los casos en que la víctima fuese une recién nacida y la imputada fuese la madre.
El relevamiento abarca dos tipos de situaciones muy distintas: en primer lugar, se relevaron los procesos penales iniciados contra mujeres por abortos propios, es decir, interrupciones voluntarias de sus embarazos. En segundo lugar, se relevaron procesos penales en los cuales la muerte de “un/a recién nacido/a” en los momentos inmediatamente posteriores al parto -prematuro, espontáneo, a término- es atribuida a una conducta pasiva o activa de la mujer gestante/parturienta.
En 2012, el fallo F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia aclaró el alcance de las causales de no punibilidad del artículo 86 del Código Penal de la Nación que establece el acceso a los abortos legales como parte del derecho a la salud.
A partir de este año el informe empieza el relevamiento del período 2012-2020 con los datos obtenidos sobre 12 jurisdicciones, en el cual identificaron 825 causas de criminalización de abortos y 37 casos de criminalización de otros eventos obstétricos, distribuidos en 22 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Estos números corresponden a los datos de Santa Fe, Río Negro, Chaco, Chubut, Córdoba, Neuquén, Formosa, Catamarca, Corrientes, Tucumán, Mendoza y la Justicia Nacional que tiene a cargo estas causas en el territorio de la CABA. En tanto, el resto de las provincias entregó informes pero sobre diferentes períodos, por ejemplo Córdoba entre 2012-2019 y Río Negro entre 2017-2020.
“Nuestro interés fue relevar la cantidad de procesos judiciales en los que la imputada fuera la persona que abortó o que sufrió el evento obstétrico”, expresa el documento.
Provincia por Provincia
Hay cuatros provincias con menos de 10 investigaciones por aborto cada una (Catamarca, Chaco, Formosa y Río Negro), 5 provincias que informaron entre 10 y 50 investigaciones por aborto (Chubut, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Santa Fe), la provincia de Corrientes con 65 investigaciones, la jurisdicción de la Justicia Nacional-Federal con 187 investigaciones y el caso extremo de la provincia de Tucumán con 402 investigaciones.
Tucumán es la provincia que más causas de criminalización de mujeres tiene en el período analizado por el informe. Entre los años 2003-2012, había 282 causas radicadas en la justicia penal tucumana. Y de 2012 a 2020 la cifra se elevó a 402 causas penales.
La provincia de Buenos Aires no entregó respuesta oficial hasta el cierre del informe, que cita el documento “La persecución penal del aborto en la provincia de Buenos Aires. Análisis de la información oficial” . Allí se evidencia un aumento de la criminalización en esa jurisdicción en los momentos de mayor reclamo por la legalización del aborto.
La investigación de la Universidad Nacional de La Plata muestra que entre 2009 y 2018 se iniciaron 880 causas por aborto divididas por la siguiente tipificación jurídica: 633 causas por el artículo 85 del Código Penal, 26 por el artículo 86, 42 por el artículo 87 y 92 por el artículo 88 como muestra este link de Economía Feminita.
Mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre según el informe, entre 2006 y 2012 se realizaron 445 denuncias por aborto y 14 de ellas llegaron a juicio y en dos se produjeron condenas. Entre 2011 y 2016, se formaron al menos 167 causas contra mujeres por el delito de aborto, de las cuales se informaron dos condenas y una suspensión de juicio a prueba.
Calificativos inventados por la Justicia patriarcal
Los libros “Jaque a la reina” y “Dicen que tuve un bebé” develaron que muchas carátulas de expedientes judiciales de los procesos penales a mujeres por abortar contenían palabras y calificaciones que ni aparecen en el Código Penal, analiza el informe.
Los expedientes criminalizaron a las mujeres con términos alejados de la normativa como “aborto seguido de homicidio agravado por el vínculo”, “homicidio agravado cometido contra bebé varón”, “aborto espontáneo” o “lesiones calificadas por aborto sin consentimiento”.
“Estas calificaciones carecen de correspondencia con tipos penales previstos en el Código Penal, es decir, constituyen invenciones de los operadores judiciales o policiales en franca violación al principio de legalidad, ya que acusan por supuestos delitos que no existen. Estas acusaciones por fuera de la ley vulneran la posibilidad de una defensa razonable, con las reglas procesales previstas. Pero, además, como lo que aparece cuestionado en el fuero penal es un desvío del patrón social de la “buena madre”, estas carátulas fuerzan las figuras penales hasta el paroxismo. Si no es delito, que lo parezca”, sostiene el informe.
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