Oscar Jorge García Rúa tenía coronavirus, estaba internado en el Sanatorio Otamendi y falleció luego de que le suministraran dióxido de cloro. El abogado de la familia, Martín Sarubbi, aseguró que iniciarán acciones legales contra la clínica. 

Su hijastro había solicitado judicialmente que le dieran esa sustancia por recomendación del médico del paciente, el neurocirujano Dante Converti, ajeno al personal del Otamendi. El juez federal Javier Pico Terreno hizo lugar a esa petición y le ordenó al sanatorio a que le brinde ese tratamiento. 

En diálogo con Tiempo Judicial, Sarubbi explicó que “en este momento se presentará una denuncia penal  y se pide que  se realice una autopsia a fin de determinar las causas de fallecimiento”.  

El objetivo es investigar qué impacto pudo haber tenido en la evolución o en el fallecimiento del paciente el tratamiento prescripto por el doctor Dante Converti.  Asimismo, agregó que también se ha tomado conocimiento de que “en un determinado momento de la internación las autoridades médicas del sanatorio decidieron extraer la sonda nasogástrica”.  

Por ese motivo, Sarubbi sostuvo que esto motivó un reclamo en sede civil y consideró que “las autoridades del sanatorio incurrieron en el delito de desobediencia en tanto que desoyeron manda judicial que les ordenaba realizar el tratamiento que había prescripto el doctor Converti”. 

Además, aseveró: “Cuando el doctor Pico Ferrero dicta la medida cautelar, el sanatorio se limita a apelar, y solicita que ese recurso sea con efecto suspensivo. El doctor Pico Ferrero concede el recurso, pero con efecto devolutivo y en todo momento ordenó que en tanto se sustanciara la causa de fondo procediera a realizar el tratamiento”.  

El letrado solicitó que se allane el sanatorio y se secuestre la historia clínica. 

“La familia está devastada, y ha habido por parte de algunos medios una reacción muy violenta respeto de la decisión humanitaria que habían tomado", concluyó Sarubbi.  

Cabe aclarar, que el tratamiento con Dióxido de Cloro, que fue popularizado en el último año y sus usuarios lo señalaron como una “posible cura” para el coronavirus, no está en el país autorizado para su uso médico por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). 

Asimismo, organizaciones y asociaciones de medicina presentaron una denuncia ante el Consejo de la Magistratura de la Nación contra el juez federal Javier Pico Terreno por mal desempeño de sus funciones.