Pasaron siete años del incendio de Iron Mountain, en el barrio de Barracas, que costó la vida de ocho bomberos y dos agentes de defensa civil. La causa, no se basa en un simple hecho accidental, por el contrario, actualmente se encuentra cargada de interrogantes sobre las responsabilidades, la intencionalidad del incendio, qué papel ocupa el Gobierno de la ciudad y cuándo los familiares de las víctimas tendrán justicia.
Los últimos avances de la causa ocurrieron en diciembre, cuando la Cámara del Crimen porteña declaró la nulidad de los procesamientos que había dictado el juez de instrucción, Ormaechea , sobre 17 imputados; algunos funcionarios, directivos de la empresa y el vigilador. Este último, quien estuvo imputado por haber cancelado la alerta temprana 27 veces.
En este sentido, el secretario de Articulación del Ministerio de Seguridad de la Nación, Gabriel Fuks, pidió que Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, quienes eran jefe de Gobierno y Jefe de Gabinete de la Ciudad, respectivamente, cuando se registró el incendio del depósito de Iron Mountain, donde murieron diez personas, sean citados por la Justicia.
“En estos momentos hay un cambio de paradigma, hay cierto avance en la investigación por las responsabilidades administrativas, y tendrían que ser citados a declarar Macri y Rodríguez Larreta, además de (Juan José) Gómez Centurión, quien era titular de la agencia de control de la Ciudad”, dijo Fuks al hablar con El Destape Radio.
En el plano judicial, la Cámara de Instrucción entendió que el juez de procesamiento no desarrolló el reproche que le hacía a cada uno. Cabe aclarar, que no se volvió a foja cero, sino que se dictó la nulidad de este punto y se ordenó volver a rehacer ese fallo, pero esta vez describiendo las circunstancias de modo, tiempo y lugar que no había sino tan puntuales.
El abogado querellante, Javier Moral, expresó en diálogo con Tiempo Judicial que “ahora se espera que quede firme la resolución y que nadie apele, y se entiende que si ya se habían procesado a 17 personas con muchos fundamentos, se volverá a reeditar e imputar a los mismos e incluso a otros”.
“Habíamos apelado porque habían salido sobreseídos y ellos también tienen que ser elevados a juicio oral y público, entendemos que la cadena de responsabilidades no termina ahí, porque los convocados a indagatoria son funcionarios de tercera línea”, consideró el letrado de la querella.
En esa sintonía, el abogado querellante explicó que el titular de la agencia gubernamental de control, que en ese momento era Gómez Centurión, tiene “una responsabilidad y tiene explicar, por ejemplo, porque el expediente de habilitación desapareció luego del siniestro”.
Al respecto, señaló: “Hubo casi un año en tratar de entender como el expediente de habilitación del Gobierno de la Ciudad había desaparecido, y en segundo lugar, nos echaron de la querella. Es decir, manifestaron que no podíamos ser querellantes y tuvimos que ir al máximo tribunal penal que revocó esa resolución y nos volvió a dar carácter de querellantes y ahí se lograron los procesamientos que ahora fueron anulados por la Cámara del Crimen”.
Moral señaló que es necesario para que la causa avance “ampliar la cadena de responsabilidades y subir administrativamente hacia arriba”, en alusión al titular de la Agencia de Control y las máximas autoridades del Gobierno de la Ciudad. “La idea es que se vaya a juicio oral y público y que se pueda entender la responsabilidad de cada uno”, concluyó el letrado.
“Iron Mountain no era una empresa cualquiera. Cuando se desarrolló el distrito tecnológico tenía exenciones impositivas y el día que se anuncia el distrito tecnológico en la zona es la primera empresa que lo aprovecha”, agregó Fucks.
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