Según contamos en esta nota de Tiempo Judicial, en los inicios del año 2021 hubo un femicidio cada 23 horas sólo en enero, donde hubo 33 muertes, y 24 intentos de homicidios de mujeres. Y el 36,4% de ellos fueron perpetrados en la vivienda de la víctima.
“Lo que no puede seguir pasando es que una vez que interviene el Estado no haya eficacia y sí haya revictimizaciones”, expresó Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM) a DiarioAR luego del femicidio de Úrsula Bahillo en la localidad de Rojas y quien fue asesinada por su ex pareja, el policía Matías Ezequiel Martínez.
La sinceridad de una integrante del Poder Judicial ante la falta de respuesta institucional es importante porque permite revelar que faltan políticas públicas integrales y un cambio cultural para que efectivamente se reduzcan las cifras de femicidios en nuestro país.
“Indudablemente. Esa falta de respuesta es violencia institucional. La violencia de género es un fenómeno social cuyas causales llevará mucho tiempo transformar, pero lo que no puede seguir pasando es que una vez que interviene el Estado no haya eficacia y sí haya revictimizaciones”, explicó Labozzetta.
En este sentido, la fiscala también hace autocrítica del accionar del Poder Judicial, y más precisamente en este caso policial donde hubo reiteradas denuncias de la víctima a su agresor y nunca la escucharon.
“Sea quien fuere el representante del Estado que intervenga, no importa si es un fiscal, un juez, un médico o un policía, tiene que articular un mecanismo eficaz. A veces se hace todo bien y los femicidios ocurren igual, pero no puede pasar que no se escuche a la víctima, que se minimice el riesgo, que falle la perspectiva de género en la dependencia del Estado, o que falten recursos en las oficinas especializadas. Son todas cosas que ya no pueden pasar”, destaca la fiscala quien concluye que “cuando ocurren estas cosas seguimos dando el mensaje de que la violencia de género está prácticamente autorizada”.
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