En el marco del femicidio de la joven de 19 años en Rojas, Úrsula Bahillo, a manos de su ex pareja Matías Martínez, un policía que ya había sido denunciado en múltiples ocasiones por ella, dos legisladores impulsan proyectos de ley para que la Justicia tenga más herramientas para encarcelar a los agresores cuando desobedezcan las órdenes judiciales en este tipo de casos de violencia de género como las restricciones perimetrales o la exclusión del hogar.
Un proyecto de ley fue presentado ayer en Diputados para modificar el Código Penal para que se pueda detener a los agresores que incumplan las restricciones perimetrales que dispone el Poder Judicial. La iniciativa de la abogada y legisladora Carolina Gaillard incorpora y modifica artículos del Código Penal de la Nación relativos a la violencia de género y busca darle celeridad o evitar "dialaciones" de los jueces y juezas.
En la redacción del proyecto, la legisladora por Entre Ríos propone que cuando se produzca una desobediencia del agresor a una resolución judicial como por ejemplo, una medida de restricción perimetral y/o la exclusión del hogar en el marco de una denuncia por violencia, el juez podrá disponer su detención.
Un detalle interesante del proyecto es el trámite "urgente y en 24 horas" que se deberá notificar al juez penal interviniente de la "desobediencia" del agresor. Es decir, que debe ser rápida la respuesta de la Justicia en los casos de violencia de género, lo que no se evidencia en el femicidio de Úrsula en Rojas, por ejemplo.
En detalle, el proyecto expresa que ante un incumplimiento que configure “desobediencia u otro delito o represente un peligro para la salud o para la vida de la víctima de violencia o la de sus hijos/as, el juez deberá poner el hecho en conocimiento del/la juez/a con competencia en materia penal en forma urgente y dentro del plazo de veinticuatro (24) horas”.
Y también será detenido cuando el agresor “desobedezca” una resolución judicial que tuviera por objeto “salvaguardar la integridad física, psíquica o sexual de una persona”. Es decir, cuando el agresor ya fue denunciado previamente por violencia de género o familiar como fue el caso del femicidio de Úrsula Bahillo.
El mismo proyecto prevé penas para que funcionarios públicos como fiscales o jueces sean penalizados (art. 239 del Código Penal -Ley 11.179) con prisión de quince días a un año si no oyen o “prestan asistencia al requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal” en el ejercicio legítimo de sus funciones.
El proyecto que ya tuvo ingreso formal en la Cámara de Diputados este jueves, dispone además sanciones para el juez o la jueza que en las denuncias por hechos de violencia de género o de violencia familiar, “retardare maliciosamente la administración de la justicia después de haber sido requerido por las partes, y de vencidos los términos legales”.
El otro proyecto es más antiguo. El Senado de la Nación ya dio media sanción al proyecto de ley de Beatriz Mirkin quien reclamó vía Twitter que es "urgente" que la Cámara de Diputados trate un proyecto de su autoría sobre tobilleras electrónicas para los victimarios.
El mismo consiste en que se le pongan tobilleras electrónicas a los agresores a los que ya se les ha dictado una prohibición de acercamiento a las mujeres. “Las tobilleras permiten a la policía detectar si el agresor no cumple y se acerca”, explicó la senadora tucumana. Y agregó: “No podemos permitir que las mujeres sean las que están privadas de libertad de circular por miedo. El feminicidio es la forma extrema de la violencia contra las mujeres y las leyes deben cumplirse para protegerlas”.
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