El organismo que selecciona a los futuros jueces y juezas tomó cartas en el asunto en el plenario extraordinario citado para este día especial en el marco del Día Internacional de las Mujeres y el aumento de las cifras de los femicidios y la nula e ineficiente respuesta del Poder Judicial. También se aprobó un protocolo de carga de las denuncias.
En este sentido se avanzó en tres iniciativas contra la Justicia patriarcal: la realización de un “Registro Público de Denuncias” presentadas contra magistrados y magistradas por situaciones vinculadas a violencia de género, y el otorgamiento de licencia médica por nacimiento y cuidados para personas gestantes y no gestantes en el Consejo. Y la iniciativa para realizar una auditoría en el Poder Judicial sobre las causas relacionadas con cuestiones de género.
En el registro se incluirán los nombres de las y los magistrados denunciados por vulneración y/o afectación de derechos por actos discriminatorios, por inobservancia manifiesta de la normativa nacional e internacional en materia de género en el dictado de actos procesales y por la obstaculización mediante retardo o impedimento en el acceso a la justicia.
Las medidas fueron aprobadas con dictamen unánime de las comisiones de Reglamento, que encabeza la diputada del Frente de Todos Vanesa Siley, y de Disciplina y Acusación, presidida por el juez Ricardo Recondo. Y el plenario extraordinario del Consejo que se reunió vía remota en un día de lucha y paro para las mujeres.
La creación del Registro responde a uno de los compromisos asumidos por el Estado argentino en 2019 en un acuerdo de solución amistosa firmado con una sobreviviente de un intento de femicidio, Olga del Rosario Díaz. Fue en el marco de una denuncia presentada por la Defensoría General de la Nación ante el Comité que monitorea la aplicación de la Convención Internacional para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por su sigla en inglés).
En este acuerdo, el Estado argentino reconoció su "responsabilidad internacional por el deficiente tratamiento judicial que le dio y que significó una vulneración de tratados internacionales que fijan el deber de los funcionarios de actuar diligentemente para prevenir la violencia de género".
En este sentido, la consejera Vanesa Siley explicó que "hay muchas Olga Díaz, ella es un emblema porque sobrevivió a un intento de femicidio cuando fue apuñalada con su marido. y sufrió violencia desde el 2002. Denunció a Palavecino violencia contra ella y sus hijas en el juzgado criminal y correccional 29 y reservado hasta 2017 donde sobreseen al agresor". "Hubo inacción judicial y negligencia absoluta luego de 15 años de violencia y un intento de femicidio", aseguró Siley sobre el caso de Olga Díaz que llevó a la aprobación de esta iniciativa en el Poder Judicial.
En tanto, también se aprobó que el cuerpo de auditores del organismos realice una investigación y una auditoría del trámite de las causas sobre violencia de género en el ámbito de la justicia federal y nacional. ¿Qué se relevará? ¿Qué se les preguntará?. Estado del trámite procesal, información a la víctima, cuál ha sido la institución de origen de las actuaciones -ejemplo: OVD, Comisaría, Juzgado de turno, y si se realiza una certificación de la existencia de causas penales que involucren al mismo imputado o a la misma víctima.
La propuesta de Diego Molea se basa en muchas preguntas que la Justicia deberá responder en las causas analizadas ¿Se ha solicitado la historia clínica de la víctima? ¿El registro de llamadas al 911, al 107 (SAME) o al 144? ¿El registro de incidencias de las fuerzas de seguridad de la jurisdicción? ¿Se requieren los informes del Programa “Las Víctimas contra las Violencias” (línea 137) o informes a la línea 144? r) En caso de que la víctima contara con un botón anti pánico asignado al momento de sufrir una agresión ¿Se requiere a la agencia que lo hubiera proveído un reporte de la actividad registrada, fecha y hora de la activación, lugar de la activación, registro de sonido ambiente y datos del personal policial que haya respondido a la alerta? s) En caso de que la causa penal fuera elevada a juicio ¿Se adoptan medidas preventivas para preservar a la víctima? ¿En cuántos se ha utilizado el método telemático para llevarlas a cabo?
Asimismo, y en lo relativo al funcionamiento de los Juzgados y/o Tribunales, resulta necesario ahondar en las siguientes cuestiones: a) Los magistrados, funcionarios y empleados que se desempeñan en cada una de las unidades analizadas en el presente relevamiento ¿Han realizado la capacitación prevista en la Ley Micaela? ¿Han realizado cursos relativos a la incorporación de la perspectiva de género en sus labores? ¿Cuentan con la información necesaria relativa a los distintos organismos que brindan recursos institucionales existentes para atender la situación de la víctima en sus distintas dimensiones? ¿Se busca el accionar coordinado con esos órganos? b) ¿Cuál es la proporción de mujeres trabajando en esas unidades laborales? .
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